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CATALUÑA

La Audiencia Nacional se hace cargo de las diligencias contra el alcalde de La Jonquera

El Juzgado de Instrucción número 8 de la Audiencia Provincial de Barcelona remitió ayer al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en Madrid, las diligencias previas 247/82, instruidas contra el alcalde de La Jonquera, Josep María Mezquida, y otros por un presunto delito de evasión de capitales.

El mismo juzgado envió un telegrama al Ayuntamiento de La Jonquera, notificándole oficialmente la situación jurídica de su alcalde, y la orden de prisión decretada contra él.Esta información fue facilitada ayer por el magistrado juez Manuel Sáez de Parga, en el transcurso de una entrevista mantenida con este periódico. Manuel Sáez de Parga, titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, ha explicado que las primeras diligencias relacionadas con el tema se iniciaron el 15 de noviembre, cuando la Brigada de Información Fiscal de la Guardia Civil se dirigió al juzgado de guardia pidiendo permiso para intervenir los teléfonos de dos domicilios de Barcelona.

Cinco días más tarde la Guardia Civil regresó al Juzgado de Guardia con las cintas en las que se habían grabado las conversaciones telefónicas. Con esta documentación la Guardia Civil reclamó del juez que iniciara urgentemente sus actuaciones.

Abiertas dos cajas de seguridad

"La primera decisión fue la de extender un permiso ordenando la apertura de dos cajas de seguridad, las números 34 y 35, de un importante banco de Barcelona. Horas más tarde de que fuera extendida esta orden, la Guardia Civil me trajo al juzgado de guardia el atestado y una serie de piezas de convicción, que avalaban la comisión de un presunto delito". ha informado Manuel Sáez de Parga.Aquel mismo día, sábado 20 de noviembre, la Brigada de Información Fiscal de la Guardia Civil, con una orden de detención en la mano, irrumpió en el despacho de un abogado barcelonés, donde se practicaron las seis primeras detenciones relacionadas con el tema. En la misma reunión se encontraba un funcionario de la Generalitat, Lorenzo Martí Álvarez Lluell, que fue dejado en libertad.

El magistrado juez Manuel Sáez de Parga asegura que con el envío de la causa 247/82 a Madrid, acaba su intervención en el tema.

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Sin embargo, el juez explica que existe la posibilidad de que esta misma causa pueda serle devuelta si no se encuentra el dinero que se pretendía, evadir o si se consigue demostrar que los implicados no tenían intención de sacar el dinero fuera del país.

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