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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Los obstáculos del cambio

Una vez más, y al igual que sucediera durante el pasado año con la conmemoración del cincuentenario de la II República española, se ha insistido en las diferencias abismales que separan a la sociedad española de entonces y de ahora, lo cual es evidente, pero se ha relegado a un lugar muy secundario la similitud genérica de algunos de los obstáculos que se oponían y se oponen a la consolidación de la democracia en España.El olvido no deja de ser sorprendente. Tal vez pueda ser explicado por el temor que suscita el sangriento fracaso con que culminó la primera experiencia democrática intentada durante este siglo en nuestro país. O por el firme deseo de que no pueda repetirse. Pero, por encima de las diferencias en los acontecimientos concretos, en última instancia, el objetivo, entonces y ahora, es similar, si no igual: modernizar la sociedad española desde la moderación, acometiendo con firmeza la resolución de los problemas y las desigualdades más flagrantes, pero sin controlar, más que de forma muy parcial, el poder. Y ante objetivos similares no parece arriesgado esperar resistencias parecidas, aun cuando la forma concreta que adopten pueda ser diferente.

Dos ejemplos, entre los muchos que podrían citarse y sobre los que deberá actuar el Gobierno socialista para llevar a cabo su programa, permiten concretar estos obstáculos. No es necesario ser experto en economía para ser consciente de que la desigualdad de la distribución de la renta disponible es en España muy superior a la de los demás países desarrollados. Según las estimaciones más fiables, la décima parte de las familias están obteniendo el 40% de la renta generada por el conjunto de la sociedad. Y parece evidente también que siguen existiendo sectores igualmente minoritarios, pero no menos poderosos, que tienen una concepción patrimonial del Estado.

Ni unos ni otros van -ni quieren ni pueden- a aceptar pasivamente una reforma democrática. Y esta afirmación no trata de valorar intenciones a priori, sino constatar que la historia no ofrece ni un solo ejemplo de que los privilegios hayan sido, no ya abolidos, sino ni siquiera limitados, voluntariamente o sin resistencia de los privilegiados.

El componente ético en la actuación política que aporta Felipe González -y con él cabe suponer que el conjunto de su partido- supone una transformación notable sobre la situación preexistente. Pero este componente también lo tuvo la actividad de Manuel Azaña, y ello no evitó que fuera derrotado en las elecciones de 1933. Precisamente en una contienda electoral que llevó al gobierno a Alejandro Lerroux y a su partido, que podían presumir de algunas cosas, pero no de ética política.

¿Posible proceso de radicalización?

El proyecto de modernizar la sociedad española, intentado por los sectores sociales que apoyaron a la coalición vencedora el 12 de abril de 1931, fracasó en buena parte por la ausencia de una conciencia clara -entre sus dirigentes y entre sus electores- de la gravedad de los problemas a los que se enfrentaban y de las dificultades que existían para resolverlos a corto plazo.

A la falta de acierto de unos ministros con escasa o nula experiencia en la gestión del poder ejecutivo, que estaban convencidos de que la falta de eficacia podía suplirse con trabajo y honestidad, se sumaron las exageradas expectativas de una gran parte de los ciudadanos, que, quizá porque así se había dejado que lo pensaran, creyeron que con la llegada de sus representantes al Gobierno podían solucionarse todos los problemas, y hacerlo además en un breve período de tiempo.

La incapacidad de los dirigentes para transmitir al conjunto del país cuáles eran sus objetivos concretos y cuáles los obstáculos al cambio que encontraban, resultado tanto de su incomprensión de los problemas fundamentales como de su convencimiento de que permanecerían en el Gobierno hasta que hubieran podido poner en práctica sus proyectos, determinaría su paso a la oposición parlamentaria menos de tres años después de su llegada al poder y la profundización de la radicalización social de resultados bien conocidos.

Descartada hoy, al menos en principio, la posibilidad de que la ineficacia y la incomprensión de los problemas vaya a ser la característica de los Gobiernos resultantes del intento de modernizar España que inaugura el 28 de octubre, cabe esperar también que el partido del futuro Gobierno acierte a explicar a su heterogéneo electorado, y por extensión al conjunto de los ciudadanos, cuáles son los obstáculos y las resistencias que boicotean en cada momento su proyecto de cambio.

De otra forma, puede aparecer, dentro de pocos años, como único responsable de unos fracasos que pueden ser, en realidad, éxitos de un poder menos nítido, pero no menos eficaz" que el del Gobierno de la nación. Y contribuir con ello a abrir un proceso de radicalización de consecuencias difíciles de evaluar.

Jordi Palafox es profesor de Historia Económica en la Universidad de Valencia.

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