España carece de una verdadera organización nacional de inteligencia

La vulnerabilidad del Estado español tiene una de sus señas de identidad más angustiosas en la carencia de una verdadera organización nacional de inteligencia capaz de asegurar la información precisa y clave para situar a sus dirigentes en condiciones de tomar las decisiones sobre bases reales. La trama de los servicios de información subsiste en un marasmo conceptual y funcional rayano en el caos, desenfocado de sus objetivos naturales, en la indefinición de cualquier orden de prioridades y consumiendo la mayor parte de sus energías en una red de interferencias múltiples.

Desde el magma han ido configurándose unos servicios aureolados de cierto prestigio por su participación en el descubrimiento de la intentona más reciente, la del 27 de octubre último. Se trata del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), al que dio partida de nacimiento el real decreto 2723/1977 de 2 de noviembre. Anteriormente, la instrucción y la vista de la causa por el golpe del 23 de febrero de 1981 estuvieron selladas por constantes referencias al CESID, dos de cuyos hombres -el comandante José Luis Cortina y el capitán Vicente Gómez Iglesias- jugaron un papel sobre el que aún discuten apasionadamente los observadores. La imagen del águila que no deja rastro en su vuelo, empleada enigmáticamente por el comandante Cortina en la sala donde tuvo lugar la audiencia pública ante el Consejo Supremo de Justicia Militar en pleno, enlazaba con aquella otra recogida en testimonios acusadores, obsesionados en atribuir al inasible jefe del CESID la frase sobre la naturaleza del mando bicéfalo correspondiente a los generales Milans y Armada en el golpe del 23-F, con la añadida precisión final garantizadora de que "la cabeza de águila de Armada era mayor".Demora y precipitación

El golpe de Estado el 23 de febrero indujo a tomar dos decisiones en el área de los servicios de inteligencia y, más específicamente, del CESID. La primera fue el nombramiento, en mayo de 1981, del nuevo director, cargo vacante durante casi un año desde agosto de 1980, en la persona del coronel de Estado Mayor Emilio Alonso Manglano. Para ello fue necesario modificar el decreto que exigía al designado el rango de oficial general. La segunda, significó la ampliación del ámbito operativo del Centro al seno de las Fuerzas Armadas, antes reservado en exclusiva a los servicios de información de los respectivos cuarteles generales del Ejército, la Armada y el Aire.

La buena imagen ganada con el descubrimiento anticipado de la última intentona parece potenciada mediante un acuerdo previo con los inminentes inquilinos socialistas del poder. Ambos factores han proporcionado la sorpresa de una orden ministerial, aparecida en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa el 27 de octubre, por la que se regulan la estructura y relaciones que ha de mantener el CESID, cuya definición estaba pendiente desde su creación hace cinco años. Se ha dejado pasar un lustro en blanco para precipitarse, en vísperas de las elecciones, en plena jornada de reflexión, con una orden ministerial necesitada de algunas consideraciones analíticas.

La nueva estructura de que se dota al CESID mantiene, e incluso agrava, las cotas de confusión en que se hallaban instalados los servicios de inteligencia españoles. Algunas conversaciones con altos dirigentes socialistas permiten pensar que la redacción de la orden ministerial les ha sido consultada en algún grado. Desde estos supuestos, hay que deducir la falta de reflexión autónoma de los responsables del PSOE sobre cuestiones como éstas, de envergadura tan trascendental. Para hacer digerible la píldora, la orden citada busca un hilo conductor que enlace al CESID con las necesidades de información del presidente de ejecutivo "para el ejercicio de las funciones de dirigir y coordinar la acción del Gobierno en materia de defensa".

En seguida, el artículo 2 establece que el CESID depende orgánicamente del ministro de Defensa y desde ahí se enumeran las competencias atribuidas, entre las que figuran muchas claramente situadas fuera de su ámbito natural y que en buena lógica habrían de ser encomendadas a una verdadera organización nacional de inteligencia, radicada en la Presidencia del Gobierno, sobre la que habremos de volver más adelante. Una pretensión maximalista arrancada del artículo 8 de la Constitución, a tenor del cual "las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", se utiliza en la orden ministerial para apoderarse de esa misión con un criterio de exclusividad, como si esa misión no incumbiera también a la totalidad de los ciudadanos y no resultase de la participación permanente de todos los órganos del Estado.

Este enfoque monopolista lleva a encomendar al CESID, entre otras, la siguiente misión: "Obtener, evaluar y difundir la información necesaria para prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión exterior contra la independencia o integridad territorial de España y para asegurar sus intereses nacionales". Tal información, precisa la orden ministerial, abarcará los campos político, económico, tecnológico y militar. Sin esfuerzo alguno puede advertirse que se trata de una misión muy por encima de las asignadas al Ministerio de Defensa y más bien propia de unos servicios específicos, como los de la Presidencia del Gobierno.

Parches y paliativos

Otro tanto puede decirse sobre la segunda y la cu.arta misiones que figuran bajo la siguiente redacción: "Oponerse al espionaje y a las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros que atenten contra la seguridad o los intereses nacionales, mediante su prevención, detección y neutralización dentro y fuera del territorio nacional"; y "obtener, evaluar y difundir la información relativa a los procesos internos que, mediante procedimientos anticonstitucionales, atenten contra la unidad de la patria y la estabilidad de sus instituciones fundamentales".

La disposición analizada afirma también que el CESID "colaborará y actuará coordinadamente con los servicios del Ministerio del Interior en lo relativo a la defensa del orden constitucional y seguridad interior; con el Ministerio de Asuntos Exteriores, respecto a la información exterior y con el resto de los departamentos ministeriales, en cuanto a la contríbución que éstos han de aportar a la política de defensa". La disposición deja en el aire la forma que revestirá esa colaboración y nada precisa sobre la acción coordinada que propugna. La más elemental experiencia administrativa permite predecir, señalaba un jefe de estado mayor, que esos objetivos quedarán incumplidos.

Es imposible la coordinación desde la igualdad de planos, para su efectividad la jerarquía es básica y la endeblez de una mera orden ministerial confirma el presagio. Además, se atribuye al director del CESID la facultad de, "mantener el coniacto con otros servicios o centros de información de países extranjeros" y la de "mantener contacto y colaboración recíproca con organismos públicos o privados, entidades y personas que sean útiles a los fines de lograr la información necesaria a los intereses nacionales".

Todo lo anterior diseña al CESID como la columna vertebral de los servicios de inteligencia, en una traducción anacrónica del papel social que ha querido ser atribuido al Ejército como columna vertebral de la nación, precisamente ahora que empieza a quedar clara su redefinición funcional de brazo armado del Estado y último recurso para el ejercicio de la soberanía nacional.

Si de la estructura, misiones y competencias del CESID pasamos al área del personal, la orden ministerial, en su artículo 13, determina que su situación administrativa "será la de actividad en sus cuerpos de procedencia y el tiempo de los servicios prestados en el mismo será computado, a todos los efectos, para su promoción o ascenso". También aclara que "a los fines de clasificación y ascenso de personal procedente de las Fuerzas Armadas, el CESID tendrá el carácter de organismo operativo o equivalente". Se trata de un parche que busca paliar las discontinuidades originadas en esta clase de servicios, a consecuencia de las obligaciones que la carrera militar impone respecto de períodos mínimos de mando necesarios para reunir las condiciones de ascenso.

Pero estas facilidades, que, sin duda, desvirtúan lo prescrito para los ascensos, no abordan la naturaleza profunda de las incompatibilidades abiertas entre los servicios de inteligencia y la permanencia en la carrera militar, impulsora de una disonancia perceptible en quienes viven esa situación. Entre otras cosas, porque los militares profesionales llegan imbuídos de una ética muy determinada que se compagina muy mal con las actividades y funciones de los servicios de inteligencia.

En su espléndido análisis sobre la incompetencia militar británica Norman F.Dixon describe que "esa fatal preferencia por la ignorancia honorable, en lugar de optar por adquirir los conocimientos necesarios fue una actitud mental que caló hasta los más altos niveles del espionaje militar". "La historia de los diversos departamentos de espionaje y contraespionaje es", en su opinión, "una historia de organizaciones con insuficiente personal mal equipado, cenicientas del ejército que trataban de desempeñar su misión frente al desprecio, los celos y el resentimiento de los jefes de los estados mayores. La mala opinión que la sociedad y, sobre todo, el ejército han tenido de los servicios de espionaje crearon un círculo vicioso de reclutamientos de tercera categoría que producía un flojo cumplimiento de las misiones, que a su vez no hacía sino aumentar la antipatía general contra este servicio".

Napoleón advirtió certeramente que "en la guerra, como en la política, el momento que se pierde por una ausencia de información no se recobra jamás". Y en palabras de Gracián, recordadas por un jefe de Estado Mayor, "hombre sin información, mundo a oscuras". Los precedentes de los servicios de inteligencia pueden rastrearse hasta la prehistoria, pero su configuración contemporánea cobró una aceleración definitiva al calor de las dos últimas guerras mundiales, como otras muchas actividades en campos muy diversos, desde la física nuclear hasta la aviación o la química orgánica. Su desarrollo primero se hizo dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas; pero, cuando finalizó el conflicto en 1945, tan trascendentales instrumentos de poder fueron progresivamente separados del control militar en las potencias democráticas y encuadrados bajo la dependencia inmediata del poder político a su más alto nivel. Todo ello sin perjuicio de que a su servicio quedaran incorporados muchos hombres procedentes de los ejércitos, que optaron por abandonar la carrera de las armas para continuar en esa misión.

En opinión de un relevante miembro de Estado Mayor, "sólo un sistema de inteligencia civil, mandado y servido por hombres específica y definitivamente dedicados a esa tarea, podrá neutralizar, en toda la amplitud de su trama, las veleidades golpistas, cuando las hubiere, y atender debidamente, más allá del ámbito de la defensa, otras áreas de información absolutamente abandonadas en nuestras actividades de inteligencia". La racionalización de las actividades de inteligencia pasa por la existencia de una jefatura única para todo el sistema, radicada en la Presidencia del Gobierno, y la formación y adiestramiento de unos profesionales adecuadamente seleccionados, en el entendido de que los provenientes de las Fuerzas Armadas tendrán que avenirse a renunciar a la carrera de las armas.

Todos los países democráticos cuentan con fortísimas organizaciones de inteligencia para facilitar la gestión y la defensa del Estado en los campos más importantes. España ha sido tradicionalmente una "potencia débil" en materia de inteligencia, porque no ha llegado a estructurarse un Estado fuerte. Aquí se ha mostrado plenamente compatible el mantenimiento de una dictadura personal centrada en la obsesión de perpetuar el poder personal del general Franco con la más irrisoria debilidad de los servicios de inteligencia en todo aquello que no fuera la prevención de las actividades de la oposición democrática, considerada como la quintaesencia de la subversión. La retrocesión de Ifni, el proceso de independencia de Guinea, la frustrada autodeterminación y el abandono del Sahara, con "marcha verde" incluida, son algunas de las pruebas de la superioridad de un país tercermundista como Marruecos en materia de inteligencia.

El dictador mantuvo un abierto recelo a los servicios de inteligencia que sobrepasaran el juego de la difamación y el combate a sus opositores democráticos. Su preocupación fundamental fue la de asegurar la dispersión e ineficacia de los servicios en los que siempre entrevió una potencial amenaza. En definitiva, la misma táctica que practicó respecto a las propias Fuerzas Armadas, mantenidas sistemáticamente en la penuria e inoperatividad. De todas formas el servicio de inteligencia del cuartel general de Burgos, dirigido por el coronel Ungría, cuyas esperadas memorias se encuentran inopinadamente en poder de Manuel Fraga, sirvió de lanzadera a tres de sus ayudantes que alcanzaron larga prosperidad posterior: José Meliá, José Banús y Eugenio Peydró, el inolvidable promotor de Sofico.

Un conocido experto español en la materia señalaba recientemente cómo en Estados Unidos la Oficina de Servicios Estratégicos de la guerra dio paso al nacimiento de la CIA; los antiguos servicios militares de inteligencia alemanes pasaron a ser los actuales BND y BFV; el legendario Intelligence Service británico se concretó en los civiles MI-5 y MI-6 dei nuestros días; el famoso Deuxiente Bureau francés, cuya denominación reflejaba precisamente el hecho de que la inteligencia militar hubiera estado tradicionalmente ligada a las segundas secciones de sus estados mayores, se convirtió en el actual SDECE civil y, por último, el Servicio de Inteligencia de la Defensa italiano (SID), una y otra vez mezclado en intentonas golpistas, pasó a depender, una vez pasado a la órbita civil, de la presidencia del Consejo de Miriistros.

En resumen, según hacía observar el aludido experto, en otros países democráticos el proceso dio nacimiento a los servicios de inteligencia del Estado, mientras que las Fuerzas Arinadas limitaron su actividad en este campo a las misiones propias y específicas. En España se ha procedido ahora de manera inversa, extendiendo las competencias del CESID, organismo del Ministerio de Defensa, a la totalidad del Estado. Un alto oficial indicaba a EL PAIS la inconveniencia de unas medidas que entregan a los detentadores de la fuerza todas la.s competencias de la información, Paradójicamente, el almirante Luis Carrero Blanco tuvo al servicio de sus sectarismos y obsesiones las ideas muchísimo más claras.

El Servicio Central de Documentación (SECED) se estableció bajo su mando en el propio Ministerio de la Presidencia del Gobierno. La organización estaba servida por militares profesionales, como correspondía a su concepción de que sólo ellos eran plenamente de fiar. Los dirigentes, al frente de los ciaales fue situado el ahora condena,do coronel José Ignacio San Martín, fueron cuidadosamente seleccionados y tuvieron una dedicación absoluta a la imposible tarea de asegurar el movimiento continuo. En definitiva, prestaron servicios de primer orden a su inspiridor. El antiguo S ECED -la parte visible del iceberg- era mucho más completo que el CESID: atendía a la inteligencia y conti-ainteligencia reservada y clandestina a través de la Organización Contrasubversiva Nacional (OC'N), con tres áreas fundamentales. -los estudiantes, los curas y los obreros-, donde desempeñó, por ejemplo, un papel decisivo el entonces teniente coronel Armando Marchante.

Todo lo anterior deja en claro que aún contiilúa pendiente la tarea de abordar la estructuración de una verdadera Comunidad Nacional de Inteligencia que coordine la información de todos los departamentos y desarrolle un verdadero Plan de Información Nacional, asignando a los distintos servicios los diferentes objetivos del mismo y estableciendo los órganos adecuaidos de coordinación y control. La,arden ministerial referente al CESID aquí analizada, deja esta laguina sin cubrir y, por su propio rango administrativo, es incapaz de asegurar los mínimos de coordinación que se propone conseguir.