Acciones legales de los trabajadores para suspender la subasta de la Prensa del Estado

La interposición de todo tipo de acciones legales, incluidas las de carácter penal, ha sido anunciada por los trabajadores de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) con el fin de paralizar la inminente subasta de dichos medios, decidida en plena campaña electoral por el Gobierno actualmente en funciones.

Con una decisión que cogió por sorpresa a la opinión pública y a los propios trabajadores de los MCSE, el consejo de dirección de este organismo autónomo puso en marcha el pasado día 19 de octubre el proceso que deberá concluir los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre con la subasta de 21 de los 27 periódicos actualmente integrantes de la prensa del Estado. En medios oficiales se justificó este decisión en el hecho de que ya habían concluido los informes preceptivos legales, muy especialmente la valoración de dichos periódicos por el Ministerio de Hacienda, y que, por tanto, no había razón alguna para aplazar el cumplimiento de la ley de supresión de los MCSE, promulgada el 13 de abril de 1982.Esta ley, a la que se opusieron los socialistas tanto en el Congreso como en el Senado, se haya actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional por 53 senadores del PSOE, que estiman que es inconstitucional porque infringe varios artículos de la Constitución y, en todo caso, una ley de esta naturaleza debería tener carácter orgánico, ya que afecta a derechos fundamentales garantizados en el texto constitucional.

La primera vía legal utilizada por los trabajadores de los MCSE para impedir la ejecución de dicha ley ha sido el propio recurso de inconstitucionalidad adhiriéndose los miembros del comité intercentros en cuanto coadyuvantes al recurso interpuesto por los senadores socialistas. Este recurso ya ha sido admitido a trámite, y se espera una pronta resolución del mismo por parte del Tribunal Constitucional.

Posible querella

Pero las vías legales que pueden tener efectos inmediatos de suspensión del acto administrativo por el que se acordó -las subastas de los próximos días 30 del actual y 1 de diciembre próximos son los recursos de reposición, previos al contencioso-administrativo ante los tribunales, ya interpuestos por los trabajadores; las numerosas reclamaciones de salario en especie (beneficios y parte del patrimonio) que están llegando estos días a las magistraturas de Trabajo de toda España, y la solicitud de conflicto colectivo por falta de aplicación de los acuerdos del ANE( Acuerdo Nacional sobre el Empleo) y por reclamación de patrimonio.Como argumento fundamental de estas diversas acciones legales, aunque no único, los trabajadores de los MCSE aducen el artículo 65 de la Ley de Patrimonio del Estado, según el cual "no podrá promoverse la venta de los bienes que se hallaren en litigio; si se suscitase después de iniciado el procedimiento de enajenación, éste quedará provisionalmente suspendido". Según mantienen los trabajadores de los MCSE, una parte de estos medios les corresponden en propiedad, ya que los convenios de 1963 y 1965 establecieron la participación empresarial de los trabajadores en sus aspectos jurídicos y patrimoniales.

Tanto en la vía de lo contencioso-administrativo como en la laboral los trabajadores de los MCSE solicitan de los órganos jurisdiccionales competentes la inmediata suspensión de la subasta, mientras se resuelve el litigio sobre la propiedad de los bienes, ya que la venta de bienes que pertenecen a los trabajadores puede ser constitutivo de delito social e incluso, de estafa, lo que podría conducir a la interposición de una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Junto a estas vías legales, los trabajadores de los MCSE tambien han planteado la recusación de varios miembros de las mesas de las subastas, por estimar que tienen interés personal en el asunto, tienen, enemistad manifiesta hacia los representantes legales de los trabajadores y, sobre todo, tienen relación de servicio con personas naturales o jurídicas interesadas directamente en la subasta, a las que están adscritos, como son el Ministerio de Cultura y el propio organismo autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado.