Japón impugna la moratoria en la caza de ballenas

Dos miembros de la organización ecologista Greenpeace se encadenaron ayer a la puerta principal de la Embajada japonesa en La Haya, para expresar su protesta por la decisión del Gobierno japonés de impugnar la moratoria internacional en la caza de ballenas. Los ecologistas, que bloquearon con su acción la entrada a la embajada, solicitaron una entrevista con el embajador japonés en los Países Bajos, petición a la que éste ha accedido a cambio de que los manifestantes dejen libre la entrada de su delegación diplomática.

El Gobierno japonés impugnó la pasada semana ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI) el acuerdo de establecer una moratoria mundial en la caza de ballenas, adoptado el pasado mes de julio por esta organización intergubernamental.Los japoneses han alegado la importancia económica que para ellos tiene la actividad ballenera, así como la vieja tradición de más de ocho siglos que tiene en Japón la caza de ballenas. La moratoria dejaría sin trabajo a unos 1.300 japoneses, cuya actividad apenas representa un 0,4% del total del sector pesquero en Japón.

La moratoria, votada por una mayoría de dos tercios de los países miembros de la CBI, entre ellos España, deberá entrar en vigor a partir de 1986. Los japoneses votaron en contra de esta decisión junto con la Unión Soviética, Brasil, Noruega, Islandia, Perú y Corea del Sur.

Los estatutos de la CBI prevén que cualquiera de sus países miembros puedan impugnar una votación aprobada por el pleno de la organización en un plazo máximo de tres meses desde el momento en que ésta se produce. Hasta ahora tan solo dos países, la Unión Soviética y España, han hecho uso de esta posibilidad de impugnación en toda la historia de la CBI.

Aunque los estatutos amparen este derecho, la impugnación es una práctica que rechazan la mayoría de los 38 países miembros de la CBI y algunos países, como los Estados Unidos, tienen severas leyes de represalias económicas y comerciales para los que no se sometan a los acuerdos adoptados.

Las sanciones previstas por los norteamericanos incluyen hasta la posibilidad de retirar las licencias de pesca en aguas territoriales estadounidenses.

Esta amenaza fue la que obligó en su día a la Administración española a someterse a las decisiones de la Comisión Ballenera Internacional y finalmente a sumarse al grupo de países partidarios de finalizar con la caza de los cetáceos.