El ingreso en la CEE divide al empresariado canario, sin ofrecer esperanzas de solución al problema del desempleo

Las próximas elecciones legislativas son contempladas desde Canarias con reservas y expectativas de solución para los problemas. Las islas tienen la sensación de que marchan en el vagón de cola del país y no han logrado en las dos legislaturas democráticas superar las desventajas de su posición periférica. Casi al final del último período de sesiones del Parlamento fue aprobado el Estatuto de Autonomía, que abre nuevas esperanzas para los canarios. Entretanto, el ingreso en la CEE divide al empresariado sin que suponga una esperanza de solucíon a la crisis económica cuya máxima expresión es el alto índice de paro.Todos los políticos, empresarios y sectores sociales coinciden en que la situación que atraviesan las islas no es como para echar las campanas al vuelo. La palabra crisis es reiteradamente utilizada. El último dato, la solicitud de expediente de crisis de una compañía multinacional tabaquera establecida en Gran Canaria y La Palma, la Gulf and Western, que pone en peligro de paro a más de quinientos trabajadores, ha avivado el grave momento de este sector industrial en las islas y es un buen ejemplo de la tambaleante economía canaria.

Unos 100.000 canarios están desempleados, según los sindicatos, cuando la población insular es tan sólo de 1.400.000 habitantes. El índice está por encima de la mayoría de las regiones del país. Las cifras oficiales son más optimistas y hablan de urios 70.000 desocupados, pero lo cierto es que en Canarias el elevado índice demográfico, y por consiguiente la gran incidencia de la población juvenil, convierte el problema de la falta de trabajo en una enfermedad, la enfermedad del parado que, para colmo de males, tiene una mayor incidencia por culpa de la mismaÍnsularidad. Por otra parte el isleño ya no quiere ernigrar a América, como ha venido haciendo desde el siglo XVI hasta comienzos de éste.

El reto de la CEE

"En Canarias cuando se ha querido resolver el problema del tabaco se ha cogido el rábano por las hojas. En lugar de criticar al monopolio Tabacalera S. A. y que darnos tan sólo en lamentarnos de un mal pliego de condiciones que contingenta al tabaco isleño, deberíamos abogar por una política global para el archipiélago en el sector, que lo ponga en condiciones de entrar en la CEE", señala Oswaldo Brito, asesor sindical de la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Derivados (ATTD), mayoritaria en el sector.

Y es que la CEE es toda una incógnita que divide al empresariado canario. Unos ven en la integración la muerte del régimen económico fiscal (REF), que representa un derecho histórico, y por tanto se oponen rotundamente o exigen como condición la continuidad de aquel. Otros, en cambio, ven necesariala entrada en la CEE y no ocultan su opinión de que el REF ya no es válido para estos tiempos tal y como está diseñado, por lo que solicitan una puerta especial de entrada a la comunidad. El debate entre comerciantes e industriales no ha terminado y, como dice Juan Jesús García Sanjuán, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife (Copete): "Este es uno de nuestros retos".

En definitiva, lo que Canarias se juega es un cambio de modelo económico. La mayor parte de los economistas canarios aceptan que el actual esá agotado. Y ya han comenzado a sonar voces desde la Junta de Canarias, el organismo preautonómico, partidarias de una zona libre bancaria para el archipiélago. "Esto de soñar con que Canarias un día sea un paraíso fiscal me parece como un nuevo intento de la burguesía local de buscar una varita mágica para resolver los problemas, de igual forma que antes la cochinilla, el plátano, el tomate o el turismo fueron presentados como la panacea", señala el economista Antonio González Vieitez, que ve en esta propuesta recién planteada un paso más para la especulación sin resultados productivos. Se echa en falta, eso sí, una más decidida voluntad inversora de la Administración pública a través de los Presupuestos Generales del Estado Después del famoso plan Suárez de 1978, que sumó por primera vez 20.000 millones de pesetas, las cifras han sido menos importantes.

Dos leyes, la de agua y la de pesca, han sido en los últimos años una cuestión pendiente. La ley de agua, buscada por muchos, es es perada como la solución a la especulación y al agotamiento de este recurso, que en Las Palmas ha llegado a provocar situaciones límites. Un proyecto de planificación hidráulica pasado recientemente a la discusión de los distintos sectores por parte de la Administración ha sido fuertemente contestado por los propietarios de las galerías de aguas, que lo han calificado como socializante, en contra de quienes consideran que viene a racionalizar las explotaciones acuíferas. Otro cantar es la ley de pesca, -aprobada hace varios años como compensación por la firma del primer convenio de pesca con Marruecos, relativo al banco canario-sahariano que ha sido incapaz de dotar al archipiélago de una flota pesquera propia. La Federación Canaria de Cofradías de Pescadores emitió recientemente un largo comunicado denunciando esta situación.

Pero no todos son problemas económicos. Si bien es cierto, según un informe de Sofemasa sobre la situación social de las islas, que un 54% de los canarios son partidarios de que el archipiélago sea una comunidad autónoma, el Estatuto, no fue recibido con gran entusiasmo en las islas. Y la culpa la tuvo el viejo pleito insular que divide a las dos provincias actuales desde 1927, por obra de Primo e Rivera. El reparto de sedes autonómicas resucitó la lucha interprovincial. Ahora la unidad regional sólo podrá ser reconstruida por el Gobierno autónomo y el Parlamento canario, que serán elegidos después de la consulta del próximo día 28.

Los cabildos ponen reparos a la autonomía

José Miguel Galván Bello y Fer nando Jiménez, ambos de UCD y presidentes de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las dos islas mayores, no han compartido la idea plasmada en el texto autonómico aprobado, de que dichas cor poraciones con cinco siglos de an tigüedad sean dirigidas por el futu ro Gobierno autónomo. El traspaso de su facultad recaudatoria de los arbitrios insulares a la Junta de Canarias provocó una polvareda. Hoy los cabildistas llegan a enfren tarse incluso a la autonomía, y dicen: "Si ya teníamos cabildos para qué queremos Estatuto". Los partidos tienen ahora la responsabilidad de llenar de credibilidad la autonomía a los ojos de los poderes económicos.

La división provincial llegó este año a la universidad. El rector del primer centro docente en Canarias con sede en La Laguna (Tenerife), Gumersindo Trujillo, declara a propósito de la apertura del nuevo curso académico que éste tendrá un carácter especial tras las convulsiones desatadas en los últimos meses, y propone la creación de un patronato para evitar la fragmentación provincial de la Universidad canaria", ante las pretensiones de sectores académicos de Las Palmas de que sea creada otra universidad humanística en su provincia. Doscientas mil personas llegaron a salir a la calle en Las Palmas para apoyar esta petición que el Ministerio de Educación y Ciencia ha tratado de neutralizar con un reciente paquete de medidas. La Universidad canaria registra una preocupante escasez de medios económicos y humanos.

Para el sindicato de trabajadores de la enseñanza de Canarias, un solo dato es suficiente para dar idea del caos de la enseñanza en Canarias: la cifra de maestros y profesores de instituto y formación profesional sin trabajo, unos 14.000 en total. Un viejo problema, el traslado de profesores de la península a las islas, ha sido motivo de protestas y, en días pasados, de movilizaciones por parte de este colectivo. "La privatización de la enseñanza en las islas es muy importante y, de otro lado, la educación preescolar está desasistida en la escuela pública, en tanto que en la de adultos las aulas se masifican cada vez más", afirma un portavoz de este sindicato.

El mismo mal afecta a la sanidad pública. Los centros clínicos ajenos a la Seguridad Social perciben mensualmente un promedio de cuatrocientos millones de pesetas de aquélla por servicios concertados. Si a un director social del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) le costó en Tenerife el cese en su cargo la denuncia, entre otras cosas, de esta situación, y en Las Palmas ceses y dimisiones se confunden, la privatización de la medicina en las islas parece irreversible.

La sociedad canaria asiste a un problema generacional preocupante. Los índices de delincuencia juvenil y de adicción a la droga están a la cabeza nacional. En Tenerife, un centro para la rehabilitación de toxicómanos, considerado una experiencia nueva en el país, lucha contra esta enfermedad que en las islas actúa de fórma acentuada entre la juventud. "El porro no es el problema. Yo acabaría de manera radical con esa auténtica mafia del intermediario que utiliza a los jóvenes sin escrúpulos", apunta Luis Mardones, de UCD, ex subsecretario de Consumo.

La democracia ha estimulado en Canarias la creación intelectual, pero, como indica el crítico y escritor Domingo Pérez Minik, "ésta ha sido un arma de doble filo, ya que vivimos uno de los momentos de mayor emigración cultural en las islas. El creador se siente oprimido aquí e intenta buscar horizontes más amplios".