Obras Públicas y Urbanismo

EL MINISTERIO de Obras Públicas y Urbanismo se presenta ante la opinión, al concluir la legislatura, con un escaso bagaje de logros. La resistencia de la crisis a los tratamientos tradicionales de corte keynesiano ha creado considerables recelos respecto a la receta de cebar la bomba de la actividad económica mediante grandes inversiones en obras públicas. De otra parte, la fuerte tendencia al alza de los gastos corrientes de la Administración pública, destinados a satisfacer nuevas demandas sociales y a dar cobertura a los desempleados, el desbordado crecimiento del déficit, la política de subvenciones y transferencias a sectores en crisis y la deficiente gestión de muchas empresas estatales en números rojos ha restringido los fondos disponibles para grandes trabajos de infraestructura.El MOPU tiene a su cargo las obras públicas (carreteras, puertos, regadíos), la política de la vivienda y el urbanismo. Las transferencias a las comunidades autónomas de competencias y recursos antes asignados a este departamento han reducido su capacidad de maniobra, mientras que la atención prestada por los ayuntamientos democráticos a sus propios problemas de urbanismo han puesto de relieve los estragos del urbanismo estatal durante la etapa desarrollista. Aunque en 1982 la inversión canalizada por el MOPU ha aumentado en casi un 30%, como consecuencia fundamentalmente del relanzamiento de las obras hidráulicas, el Plan Trienal de Inversión, que hubiera debido anunciarse el pasado mes de junio, no ha sido todavía publicado. La comisión mixta en la que las empresas constructoras y la Administración coordinaban sus proyectos se ha paralizado. Pero el encarecimiento de la energía derivada del petróleo ha favorecido la construcción de nuevos embalses, favorecida por la extensión de la superficie dedicada al regadío.

La caótica administración de los puertos, en los que proliferan negativos fenómenos corporativistas, cercanos incluso a la ilegalidad, perjudica la competitividad de sus instalaciones en el mercado internacional y deterioran la eficacia de su funcionamiento. La elevación de los costes financieros y los errores en las anteriores previsiones de tráfico rodado han convertido en inservible la fórmula de las concesiones privadas para la construcción de autopistas. Algo habrá que inventar, sin embargo, para desarrollar en los próximos años el raquítico embrión de nuestras comunicaciones. Incluso los proyectos que serían rentables -como las autopistas de Madrid a Toledo o a Guadalajara y de Alicante a Murcia- tropiezan con los obstáculos derivados de la lentitud de los procedimientos administrativos de expropiación. En cualquier caso es inexcusable que un país con nuestro nivel de desarrollo tenga quye reconocer que la capital del Estado se encuentra aislada de la periferia en lo que a autopistas se refiere. La red de carreteras está muy desigualmente mantenida, con tramos aceptables en algunos trayectos y peligrosos caminos de carro que usurpan el nombre de carreteras nacionales en otras zonas del país.

La política de la vivienda exigiría, asímismo, fórmulas imaginativas que hicieran frente a las profundas modificaciones del mercado inmobiliario, afectado por la circunstancia de que los costes de la construcción han crecido casi el doble que las rentas familiares. La ampliación de la oferta de suelo edificable, revisando la rígida distinción entre suelo urbano y suelo rústico, sobre todo en zonas de páramo como las que rodean Madrid, reduciría, sin duda, los altos precios de las viviendas. En nuestras ciudades hay muchos inmuebles terminados que no encuentran comprador, pero, en cambio, escasean las ofertas de pisos en alquiler a precios razonables. El urbanismo, por lo demás, tiene que pagar las consecuencias de las malformaciones asociadas al crecimiento dislocado de la etapa desarrollista, que deterioró el medio ambiente y deshumanizó nuestras ciudades, y se encuentra atrapado por una maraña de planes en rivalidad con las competencias municipales.

Tan necesarias modificaciones, sin embargo, eran ya sentidas al empezar la legislatura y no han pasado prácticamente de ese nivel de sentimiento. Siendo el ministerio mejor dotado de recursos para hacer frente a los graves problemas del paro y la vivienda, el MOPU ha demostrado que los problemas económicos no sólo proceden de la insuficiencia de recursos, sino de su mala administración. Prueba de ello es que en los últimos años se ha quedado lejos de agotar el presupuesto que le asignó el Parlamento, cuando podía haber contribuido, mientras paliaba el problema de vivienda que sufren cientos de miles de españoles, a que el desempleo dejara de engrosarse fundamentalmente con trabajadores procedentes de la construcción.

El Plan Trienal de Viviendas, uno de los logros del Ministerio, que desde 1979 tuvo tres gestores (Joaquín Garrigues, Jesús Sancho Rof y Luis Ortiz), ha llegado tarde para intentar cubrir el gran bache existente entre el precio de las viviendas y la capacidad de compra de quienes las necesitan. El balance, nada satisfactorio, de este departamento parece haber justificado en la compleja mentalidad administrativa la desaparición del sustantivo vivienda en un ministerio que dedica a ello cada año más de 100.000 millones de pesetas, cerca de la mitad de su presupuesto.