Purga de generales argentinos que participaron en la campaña de las Malvinas

El comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Jorge Anaya, que se retirará el próximo 1 de octubre, ha puesto en cuarentena a diecisiete vicealmirantes y contralmirantes directa o indirectamente implicados en la guerra de las Malvinas. Por su parte, el general Nicolaides, jefe del Ejército de Tierra, ha intentado limitar los daños en el arma bajo su jurisdicción.

Las principales víctimas de las decisiones tomadas el martes por Nicolaides son los cuatro generales de brigada que mandaban la guarnición del archipiélago. Se trata de Mario Menéndez, gobernador militar de las islas durante dos meses y medio, y de sus compañeros Daher, Jofre y Parada.Estos últimos habían pedido el pase a la reserva, descontentos por haber sido marginados de la promoción de coroneles. El número dos del Ejército de Tierra es ahora el general Calvi, encargado precisamente de investigar el comportamiento de los oficiales durante la guerra contra Gran Bretaña.

Entre los generales de división que abandonan el servicio activo figura también Alfredo Saint-Jean, ex ministro del Interior de Galtieri y jefe actualmente del IV Cuerpo de Ejército.

Si Nicolaides ha decidido apartar del servicio a los militares responsables de las operaciones en las Malvinas, en revancha ha colocado en puestos clave a una promoción de hombres conocidos por su dureza durante la lucha contra la subversión. Así, el general Sasiain, jefe de la policía federal cuando ésta dependía del Ejército de Tierra, recobra sus funciones. El coronel Minucucci, acusado de haber dirigido un campo de concentración, ha sido ascendido a general de brigada.

Los generales sancionados no han apreciado la decisión tomada por su superior. En una carta dirigida a Nicolaides, el general Daher afirma que el Ejército de Tierra está "al borde de la anarquía y la subversión, a causa de que no hay confianza en sus generales".

De hecho, lo que no aceptan los cuatro generales destituidos es haber sido sancionados por quienes, en, última instancia, fueron responsables de la dirección de las operaciones militares.

Las acusaciones de los generales, sin embargo, no deberían amenazar de inmediato la unidad del Ejército de Tierra. Los militares argentinos saben que, en última instancia, su unidad garantiza su impunidad.

Frente a las acusaciones cada vez más precisas formuladas por los medios de información a propósito de los desaparecidos, la Junta ha denunciado "una campaña destinada a cuestionar la actuación de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad".

Su comunicado añadía que "todas las operaciones contra los terroristas han sido ejecutadas en función de planes aprobados y supervisados por los responsables de las fuerzas armadas". Los militares argentinos admiten así el carácter centralizado y planificado de todas las acciones antiterroristas, aunque durante mucho tiempo atribuyeron los excesos de la represión a grupos incontrolados.

Personalidades políticas y dirigentes de organizaciones religiosas y de los derechos del hombre han criticado frontalmente las declaraciones hechas el lunes por el ministro del Interior, general Llamil Reston, quien afirmó que no había prisiones clandestinas en Argentina.