La situación financiera de la Caja Rural de Santander es gravísima, según el Gobierno regional de Cantabria

La inexistencia de garantías suficientes, determinada por la "política de amiguismo" desarrollada por la dirección de la Caja Rural de Santander, y que ha tenido su continuidad, tras el cese por el Banco de España de aquélla, en los nuevos directivos avalados por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales, ha llevado a esta entidad de crédito agrario a una "gravísima situación", según los datos facilitados por el Gobierno Regional de Cantabria. La situación se caracterizaría por la existencia de deudas y fallidos por importe de 1.345 millones de pesetas, lo que representa el 40% de los recursos ajenos de la entidad. En la lista de esos deudores figura en primer lugar el grupo del diputado de UCD por Cantabria, Justo de las Cuevas, que aparece en la relación facilitada ahora con seiscientos millones.

El volumen de deudores, de los que tan sólo una pequeña parte fue desvelada por la investigación del Banco de España que dio paso al cese del presidente, del director general y de todos los consejeros de la citada caja rural, el pasado día 11 de marzo, ha sumido a la Caja Rural de Santander en una situación que, en opinión de los técnicos consultados, hace predecir "un inevitable caos financiero", calificando la situación "no como preocupante, sino insalvable". Sin embargo, esta "situación límite" está siendo utilizada por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que preside Domingo Solís Ruiz, para impedir que el Banco de España intervenga directamente y ponga definitivamente al descubierto unos hechos que amenazan seriamente la supervivencia de la entidad.

Política de continuismo

Según un portavoz del Gobierno Regional de Cantabria, el gobernador del Banco de España, José Ramón Alvarez Rendueles, se refirió recientemente a la imposibilidad de intervenir directamente en la Caja Rural de Santander, ante la amenaza del Consorcio Nacional de Cajas Rurales de abandonar la entidad cántabra a su suerte, que no sería otra, según los expertos, que la quiebra, dado que el Banco de España no estaría dispuesto a correr con el costo de su reflotación.El portavoz del Ejecutivo regional, aun aceptando la tesis del Banco de España, mostraba su extrañeza, sin embargo, por la "evidente falta de voluntad" del consorcio para afrontar directamente el problema. "Lo vienen demostrando", dijo, "con su política de continuismo en la dirección, en la que ocupan los cargos de responsabilidad hombres del equipo del director cesado". El representante de la Diputación regional se hacía eco de la sorpresa que para ellos supone, también, Ia incompetencia y la apatía" demostradas en los cinco meses transcurridos desde la intervención del consorcio, ya que "el tiempo juega en contra de los intereses de quienes queremos recuperar para los ganaderos una entidad de crédito fuerte, saneada y competitiva".

La lista de morosos

El elevado número de incobrables, de los que existe ya constancia exhaustiva, es el resultado de una política de concesión de créditos sin exigir los avales precisos. Así, en la lista de morosos que maneja el propio consorcio, a cuyos datos generales ha tenido acceso EL PAIS, figura, en primer lugar, el grupo de Justo de las Cuevas, integrado por sus familiares y socios en diversos negocios -entre ellos el también parlamentario de UCD Roberto Sáez-, con seiscientos millones de pesetas.Le siguen en importancia el constructor y hostelero José López García, ex dirigente de la CEOE; dos cooperativas que han sido dadas como inexistentes por el Registro Nacional de Cooperativas y que tienen créditos por valor de doscientos millones de pesetas, y la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco), ésta, con 250 millones de pesetas, de los que 105 millones corresponden al traspaso realizado por la caja rural de su cuenta de inmobiliario, hecho denunciado en el informe elaborado por el Banco de España, con la precisión de que el director de la caja rural, Tomás Mier, era a su vez, en el momento de la operación, gerente de Uteco, puesto que sigue desempeñando.

Otros descubiertos importantes los protagonizan Pescados del Cantábrico, SA (Pescansa), con 160 millones de pesetas; Juan Ramón López Liaño, propietario de la empresa no agraria Cauchos Maries, SA, que adeuda 85 millones de pesetas; los cuarenta millones adeudados por Antonio Gutiérrez Herrerías y los veinte de Fermín Gómez Seña, ambos ligados estrechamente a Justo de las Cuevas a través del sindicato ganadero AIGAS, controlado por éste, a los que se unen cerca de cien millones más de ex consejeros y altos directivos de la caja, que completan la cifra de 1.345 millones de incobrables, sobre la base de unos recursos ajenos de 3.800 millones y un capital social de 230 millones de pesetas, según datos del 12 de junio de 1982.

Poder para el jefe de riesgos

Ante esta situación, el Consorcio Nacional de Cajas Rurales otorgó poder para gestionar la caja rural a cuatro altos directivos: Antonio Gonzalo Isabel, Tomas Buergo Hidalgo, José Manuel Fernández Núñez y Jesúe Blázquez Ortega, quienes posteriormente decidieron delegar sus funciones en Ignacio Arce del Peral, hombre de confianza del ex director de la entidad al menos durante los últimos trece años, habiendo desempeñado el cargo de jefe de riesgos y subdirector hasta la llegada del consorcio.La actitud continuista de éste, que mantiene periódicos contactos con el cesado director general, del que fuentes de los trabajadores señalan que sigue detentando el poder de decisión en la caja, y el no afrontar los problemas dejados por la anterior gestión hacen que la entidad no pueda ni siquiera cubrir los coeficientes de caja obligatorios, siendo enviados los fondos por el consorcio con un interés que agrava aún más la situación de la caja cántabra.

Esta ineficacia ante la crisis de la entidad contrasta, además, con el mantenimiento y profundización de la política de presiones en contra de los trabajadores, continuando los intentos, ya fracasados anteriormente, para revocar al comité de empresa, y en especial a algunos de sus miembros, considerados conflictivos por la dirección del consorcio.

El director delegado de éste para Cantabria, Arce, llegó a confeccionar una lista de trabajadores con descubiertos en sus cuentas, a los que amenazó con la retención de la paga de verano si no regularizaban su situación, pretensión que fue abortada por la intervención del comité de empresa, que denunció el hecho ante la Delegación del Ministerio de Trabajo. El número de trabajadores que pudieron verse afectados por esa medida -alrededor de veinticinco- ofrecía un saldo medio deudor que no llegaba a las 36.000 pesetas.