Multas por más de 30 millones por fraudes alimentarios

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha presentado a los medios informativos la sexta relación de los productos alimenticios que presentan fraudes y adulteraciones, en cumplimiento de lo previsto en la medida 25 del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebró el 17 de septiembre de 1981. En la relación aparece también la lista oficial de productos alimenticios que detectan fraudes, y cuyas sanciones corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y otra tercera relación enviada por el Departamento de Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña.El total de las sanciones asciende a treinta millones y medio de pesetas, de los cuales, diecisiete millones corresponden a las sanciones impuestas por el Ministerio de Sanidad y Consumo; dos millones y medio, a las sanciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y algo más de diez millones y medio, a las impuestas por la Generalidad de Cataluña. El total de productos sancionados asciente a 135. Entre éstos destaca una sanción de 60.000 pesetas a las conservas vegetales Ulecia, de Logroño, por defecto de calidad. Una multa de diez millones de pesetas por adulteración de aceite de oliva a la firma El Rodeo SA, de Cáceres; otra multa de 175.000 pesetas a la firma Pimba por fraude en fecha de caducidad de yogur, y otra de cinco millones de pesetas a la panificadora madrileña Carlos Morales e Hijos por fraude en el peso del pan.

Entre las sanciones impuestas por el Departamento de Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña destaca una multa de dos millones y medio de pesetas por fraude de calidad de aceite de oliva a la firma El Olivo. De las sanciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destacan una sanción de 392.000 pesetas por empleo de aditivos no autorizados en el vino a la firma Miguel Velasco Chacón, de Montilla (Córdoba). También se han sancionado otras prácticas fraudulentas, como la aparición de diferencia del grado alcohólico declarado y el real, y de acidez volátil.

La Administración central espera contar, de ahora en adelante, con las sanciones impuestas por los Departamentos de Comercio, tanto de la Junta de Galicia como del Gobierno Vasco.