La guerra del acero

TAMPOCO EL Gobierno socialista de Mitterrand ha conseguido prolongar el idilio con Estados Unidos, como han señalado importantes comentaristas políticos del vecino país. El milagro no se ha producido, y las medias palabras de Versalles han dado paso a una realidad menos ceremoniosa. Por un lado, el franco francés ha llegado a cotizarse a razón de siete a uno frente al dólar (la línea Mitterrand de 6,5 FF ha sido borrada); por otro, los europeos han ido adelante con el proyecto del gasoducto siberiano, en contra de lo que Reagan había interpretado como promesas europeas para congelar el proyecto.Los intereses nacionales no son negociables a media voz, y ahí está ahora el caso del acero. La siderurgia americana trabaja a menos de un 50% de su capacidad, y la aparición de un nuevo competidor, la CEE, en su propio mercado es un buen motivo de inquietud. La tensión política entre EE UU y Europa aparecía así como un excelente colaborador de los intereses siderúrgicos americanos, que se quejan de sufrir una competencia desleal provocada por las subvenciones que reciben las empresas siderúrgicos europeas. Los precios de venta de los comunitarios en el mercado americano son inferiores a los que practican en Europa, y esta diferencia justificaría el establecimiento de un derecho compensatorio a la importación.

Los europeos han tratado de negociar aceptando una reducción voluntaria de un 10% en sus ventas de productos siderúrgicos a EE UU. Los americanos exigen, sin embargo, reducciones, superiores, que van desde el 33% para Francia hasta el 44% para el Reino Unido. Según las cifras de la CEE, sus exportaciones siderúrgicas a Estados Unidos ascienden a 3,8 millones de toneladas, es decir, aproximadamente el 6,5% del consumo norteamericano en los siete productos siderúrgicos objeto de controversia. Las intenciones norteamericanas son las de reducir ese porcentaje al 5%, mientras que los europeos no quieren que baje del 6% su cuota de participación en el mercado de EE UU.

Las negociaciones deben terminar antes del día 6 de agosto, que es la fecha límite para que los derechos compensatorios entren en vigor. Las perspectivas no parecen muy favorables para los europeos, que, casi con seguridad verán reducidas sus ventas al mercado norteamericano, a pesar de que sus intereses están siendo defendidos a los más altos niveles. Hoy jueves deberían haber comenzado las negociaciones pero han sido aplazadas por que la Comisión Europea, encargada de llegar a un acuerdo global con Estados Unidos, no ha recibido aún un mandato preciso de negociación por parte del Consejo de Ministros de la CEE. El canciller Schmidt ha utilizado sus vacaciones en EE UU para patrocinar los intereses de la industria europea, y ministros de Asuntos Exteriores y de Economía no han dudado ni un solo momento para abogar personalmente en favor de los intereses siderúrgicos de sus industriales. Hay indicios para suponer que, finalmente ambas partes llegarán a un acuerdo que se sitúe a medio camino entre las exigencias norteamericanas y las pretensiones europeas.

La resaca de todo este temporal tendrá sus repercusiones en España. Nosotros hemos sido un país tradicionalmente importador de productos siderúrgicos europeos, pero desde 1976, a causa del descenso del consumó interior, se ha comenzado a vender en grandes proporciones en el exterior. En la actualidad, de una producción de doce millones de toneladas, casi la mitad se exporta, y en algunos años el saldo comercial siderúrgico España-CEE nos ha sido favorable. Pero los duros y hábiles negociadores europeos han ido recortando nuestros cupos de exportación de productos siderúrgicos, desde un millón de toneladas en 1978, a 780.000 en 1982. La cuota, además, se ha fraccionado por países y productos y se ha escalonado mensualmente. Tantas condiciones han conseguido el propósito de reducir nuestras ventas, incluso por debajo de los niveles autorizados. Entre tanto, las exportaciones de la Comunidad a España han crecido hasta un millón de toneladas, y esta es la hora en que, al margen de las pillerías consistentes en retrasar la autorización de las licencias de importación por el procedimiento del cajón, no se han montado unos mecanismos de salvaguardia que amparen la torna de medidas retroactivas. Tampoco nuestras autoridades responsables a los máximos niveles han tomado cartas en el asunto, y son los subdirectores generales los encargados de negociar un informe cuyas implicaciones políticas, en cualquier país democrático, dan o quitan muchos votos y se defienden incluso por los propios responsables del poder ejecutivo. También en este caso las luchas internas del partido en el gobierno han sido antepuestas a los intereses generales del Estado.

Si el retórico ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson, habla de un "divorcio progresivo" entre Marianne (símbolo de la República Francesa) y el tío Sam, aquí seguimos en un desentendimiento esencial entre los intereses generales y los responsables de la Administración pública. Las culpas se pagan luego con pródigos e ineficaces planes de reconversiones y ayudas. Y los buenos, fabricantes que no siempre obtienen protección oficial para sus esfuerzos, ya deben estar temiendo que los reveses europeos en EE UU se transformen en bofetadas a España, en medio de la indiferencia oficial. Presur o la compra de aviones sofisticados seguirán siendo objetivos prioritarios frente a un plan siderúrgico razonable y decidido.