Fiscalidad y agricultura

Estamos ya en tiempo de campaña electoral y cualquier tema es bueno para hacer olvido de responsabilidades. Recientemente el Real Decreto-Ley, 5/1982, de 17 de marzo, prorrogaba para el año 1982 las bases imponibles y las reduccíones en la contribución territorial rústica y pecuaria. Las razones de índole técnica se consignaban en su preámbulo y hacían referencia a la lentitud de los trábajos de los consorcios de inspección y gestión de las contribuciones territoriales, a la desaparición de la cuota proporcional y a la próxima redacción de la ley reguladora del Sistema Tributario Local. La prórroga significa que para 1982 seguirán rigiendo las bases imponibles de¡ quinquenio 1976-1980 y la reducción del 50%, a efectos de fijlr la base liquidable sobre la que gira la cuota y recargos.Sorprendentemente estas razones, repito lás únicas consignadas en el preámbulo del decreto-ley se vieron solapadas por el ministro de Agricultura, que alegó que la prórroga era un beneficio para el sector agrario al no aumentar la presión fiscal después de un año agrícola que venía caracterizado por las consecuencias negativas de la sequía.

Discurso electoral

Pero las razones del ministro son simplemente un discurso electoral. Si la prórroga hubiera venido explicada por razones agrarias, ¿por qué también se prorrogaron las bases, imponibles en el año 1981 si aquei año no había la excusa de la sequía?

Las razones son más sencillas. Los órganos encargados de revisar las bases imponibles de la contribución territorial rústica y pecuaria, los consorcios, no han funcionado, y ello es una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda, pues los consorcios vienen presididos por los delegados de Hacienda y sus gerentes son asímismo del Ministerio de Hacienda. Y en ese ineficaz trabajo no es, alegable reciente creación, pues sus normas de funcionamiento derivan de junio de 1980. He aquí la verdadera y única razón, Se trata, en definitiva, de convertir un de fecto en virtud.

Un decreto impresentable

¿Y quién se beneficia de esta prórroga? El discurso de la derecha en materia de política agraria siempre tiene la misma componente. Se globaliza. El beneficio -se dice- es para el sector agrario. Es el mismo argumento que se utiliza cuando se defiende, como única política agraria, la política de precios o la generación de medidas de ayuda a explotaciones agrarias (a las que me referí en un artículo anterior). Le protegen intereses " muy concretos, poniendo como excusa a los pequeños y medianos agricultores. Pero en esa argumentación se olvidan las economías de esca la, o que en la contribución rústica un importante número de explotaciones agrarias se benefician de la exención por razón de la cuantía de la base imponible, o que, en otro orden de cosas, pero íntimamente relacionado con ello, el inventado o catastro de rústica no es precisamente un modelo de fidelidad a la realidad en lo que se refiere a las características de orden económico (calificación y clasificación de las parcelas) o de orden jurídico (titularidad, etcétera), y se olvida asimismo que en la contribución. territorial de rústica la base imponible no recae sobre el rendimiento real, sino sobre el rendimiento potencial. Por ello, se quiera o no, la prórroga de las bases imponibles beneficia preferentemente a los grandes propietarios.

¿Está reñida la actualización de las bases imponibles de rústica con, un trato a los agricultores que tome en consideración los efectos de la, sequía?

En absoluto, no hay nada que impida utilizar las figuras jurídicas de la mora fiscal, o incluso de la exención temporal. Más todavía, cuando se discutió el decreto-ley sobre ayudas a los afectados por la sequía, el Grupo Socialista defendió la exención de la contribución rústica para aquellas explotacio nes que hubieran sufrido daños por sequía por encima del 80% de los rendimientos anteriores, mien tras que el Gobiemo y su grupo parlamentario se conformaron con el 90%, y en la misma línea se impidió que las normativas cubríesen los préstamos del Banco de Crédito Local.

Todo Io expuesto pone de relieve los nuevos aires que corren por el Ministerio de Agricultura, a quien el de Hacienda cedió los trastos la tarde del 21 de abril para defender un real decreto-ley impresentable.

Supongo que algún alto cargo, de esos que ahora circulan por el ministerio de Atocha, estará de nuevo dispuesto a dar fe de mí ignorancia o mala fe.