El presidente sancionado

LA ELECCION del doctor Rivera como presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España ha sido sorprendente, dado que el candidato vencedor fue recientemente sancionado por la Diputación de Madrid a causa de irregularidades cometidas en el desempeño de la jefatura del departamento de cirugía cardiovascular del Hospital Provincial. El desvío hacia actividades privadas lucrativas de los recursos públicos, materializados en el pago de honorarios o en la adquisición y mantenimiento de medios e instalaciones, es una corruptela que un sistema eficaz de gestión del dinero de los contribuyentes no puede admitir en ningún campo y menos aún en el de la práctica médica. No parece que los principios deontológicos puedan aprobar un sistema mediante el que el médico responsable de un centro de asistencia pública crea las condiciones para que sus propios enfermos se vean forzados a solicitar su traslado a una clínica privada para ser operados por el mismo equipo que hace el dóblete en un hospital provincial. En el expediente instruido contra el doctor Rivera, ese hecho, debidamente probado, ha sido el motivo de la sanción administrativa.Este incidente, agravado todavía más por la reconocida competencia del doctor sancionado y por su elección para desempeñar el cargo más representativo de su profesión, no ejemplifica una contraposición entre dos modelos supuestamente distintos de organización de la medicina, sino que se limita a ilustrar los abusos en el funcionamiento del único sistema imaginable en una sociedad moderna y democrática. La asistencia pública, atendida por las enormes inversiones de la Seguridad Social y por los tradicionales hospitales provinciales, es un elemento básico en el panorama de nuestra sanidad y nadie puede imaginar una política de salud pública desprovista de tales instrumentos. La medicina privada, esto es, el libre ejercicio de la profesión a través de consultas o clínicas particulares, tiene, igualmente, un amplio espacio en la vida española. Las deficiencias de la Seguridad Social, a las que no son ajenos algunos sectores médicos que trabajan a su servicio, han incrementado incluso, en los últimos años, el recurso a la medicina empresarial a través de igualas y sociedades privadas. Nadie pretende alterar el carácter mixto de nuestra organización sanitaria pero, en cambio, es una aspiración ampliamente generalizada que el sector público no continúe siendo deteriorado, empobrecido y desprestigiado por los profesionales que utilizan sus insuficientemente atendidos cargos como funcionarios en hospitales públicos para aumentar sus clientelas privadas.Cada cual es libre de ejercer privadamente su profesión o de elegir el campo de la salud pública. En teoría, hay lugar para esas dos distintas maneras de entender la medicina. En la práctica, sin embargo, el acaparamiento de los dos sectores por unos mismos profesionales que simultanean trabajos difícilmente conciliables entre sí, a veces por incompatibilidad física de horarios, puede producir el deplorable efecto de que las instituciones públicas sean vaciadas desde dentro, utilizadas para fines privados o convertidas en un simple lugar de reclutamiento de clientes particulares. Este problema, relacionado con la decencia y no con la ideología, es ajeno al fantasmagórico litigio entre la medicina libre y la medicina socializada. De añadidura, el acaparamiento de empleos múltiples por médicos instalados en posiciones de poder condena a muchos miles de jóvenes doctores al paro o a la vergonzante práctica de las sustituciones y los subarriendos, sin tener siquiera la oportunidad de poder elegir entre la medicina pública y la medicina privada.El nuevo presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España ha declarado que el diseño de la reforma sanitaria debe ser realizado por la organización médica, correspondiéndole a la Administración el trabajo subordinado de ejecutar esas directrices básicas. Seguramente el doctor Rivera respira por la herida y se protege ante la eventualidad de que María Gómez Mendoza o José Borrell pudieran ser los encargados de planear la reforma sanitaria en un Gobierno socialista. Es dudoso, sin embargo, que esa disparatada pretensión de autogobierno de la sanidad por los sanitarios, que ahonda en las raíces ideológicas del corporativismo más genuino, pudiera ser admitida ni siquiera por Manuel Fraga, en las filas de cuyo partido milita el doctor Rivera. El nuevo presidente del Colegio General no puede borrar de un plumazo, aunque lo desee, el sistema de gobierno que el pueblo español se dio en el referéndum de diciembre de 1978 y que atribuye a las Cortes Generales la representación y el ejercicio de la soberanía. Y si el doctor Rivera continúa por la senda que apuntan sus primeras declaraciones contribuirá a generar daños severos al prestigio y la imagen social de la medicina en nuestro país, ya gravemente lesionados con la elección del pasado sábado.