La policía judicial aumentará su colaboración en la represión del fraude

La Subsecretaría de Estado para el Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, está preparando una orden ministerial en la que se va a contemplar la colaboración y coordinación de la policía judicial con este organismo, en materia de represión de fraudes.La necesidad de esta colaboración con la policía judicial se ha puesto de manifiesto, según fuentes de la subsecretaría, ante el alto número de fraudes que se producen por la noche. Hasta el momento la vigilancia, tanto de los fraudes como de las adulteraciones alimentarias, la vienen haciendo los inspectores de consumo, "que, como funcionarios que son, cuentan con un horario limitado, lo que nos impide llevar un seguimiento de los fraudes que, desde luego, no se hacen a horas de oficina".

Además de esta orden ministerial, la Subsecretaría de Estado para el Consumo está preparando toda una serie informes encaminados a medir la confianza de los consumidores. Entre estos trabajos se encuentra la elaboración de dos encuestas sobre la aceptación del público en la oferta de bienes de consumo y sobre los servicios públicos y colectivos.

Igualmente está en marcha un estudio sobre el desarrollo de la economía doméstica en España y sobre las economías subterráneas en el campo de la alimentación. También se estan preparando una serie de informes sobre temas de consumo fuera del campo alimentario.

Entre estos destaca un estudio técnico sobre la viabilidad de los análisis comparativos, otro sobre los talleres de reparación, los aparatos eléctricos, la industria textil, los niveles de ruido que sufren los ciudadanos en las grandes ciudades y los cosméticos.

Por último, queda por aprobar un real decreto sobre la tipificación de infracciones en materia de consumo. En este terreno, el Ministerio de Sanidad y Consumo, autor del anteproyecto, se encuentra con el veto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que quiere tener competencias sancionadoras propias.