El Insalud se desentendió ante las denuncias sobre desvío de enfermos a clínicas privadas en Tenerife

Los servicios centrales del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) mandaron una inspección a Tenerife a principios del año pasado. En un principio pudo ser una inspección rutinaria, pero la seriedad te quien la realizó puso al descubierto numerosos fraudes e irregularidades. Un botón de muestra: hay muchas camas vacías en el Centro de Traumatología, pero el 50% de los enfermos es desviado a clínicas privadas, concertadas con la Seguridad Social, en las que tienen fuertes intereses médicos que trabajan para ésta. Alguna maquinería moderna con aparatos muy costosos jamás se ha utilizado y, en algún caso ha desaparecido.

El inspector Nerín desembarcó en Tenerife justamente el 23-F. Estuvo tres días, se movió por el Insalud (Instituto Nacional de la Salud) y por la residencia sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria, con pasos concretos y certeros, y llegó a la conclusión de que allí pasaban muchas cosas raras. Cuando se marchó en barco, "porque tenía miedo al avión", según comenta el anterior director provincial del Insalud, no sabía que las autoridades sanitarias tinerfeñas, cuando se sienten cogidas en falta, apelan a la "incapacidad de los servicios centrales del Insalud en Madrid para hacer frente a estos problemas". Y que luego, mientras, por una parte, niegan conocer sus conclusiones, desacreditan su labor con palabras como éstas de Carlos Pérez Espuelas, encargado de poner en marcha el Centro de Traumatología y amigo de los nuevos cargos provinciales: "Nerín estuvo tres días, y en tres días no da tiempo a nada".El informe Nerín "no dice nada importante", según opina el nuevo director provincial del Insalud, Bienvenido Fernández Bodegas. Carece de relevancia, al parecer, denunciar la "insuficiente delimitación de competencias y responsabilidades en los diferentes cargos del Insalud", el "incumplimiento del horario por parte de los médicos inspectores doctores Conceiro Taboada y García Ramos, con conocimiento y tolerancia por parte de la subdirección médica y de la dirección provincial", y la "ausencia de control y vigilancia de hospitalizaciones en centros concertados y de sus facturaciones, dando lugar a estancias notoriamente prolongadas y a que sean hospitalizados procesos tributarios de asistencia ambulatoria".

Nerín denunciaba el "elevado número de centros concertados, en especial para enfermos crónicos, con alto precio de estancia / día", y hablaba de la "sobrecarga asistencial en la residencia sanitaria, con notoria masificación de las hospitalizaciones y consultas externas, siendo extremadamente grave la que afecta al servicio de Admisión y Urgencia Externa. El 50%, aproximadamente de los enfermos que requieren ingreso en la residencia", decían las conclusiones del informe del inspector, "es trasladado a clínicas concertadas por falta de camas. Contrasta lo anterior con la existencia de doscientas camas vacías, aproximadamente, en el Centro de Rehabilitación y Traumatología y sin utilizar el edificio construido para escuela de ATS".

En enero de este año, el director social de Instituciones Sanitarias, Salvador García Carrillo, destituido a raíz de su informe sobre las irregularidades de los médicos del servicio de Traumatología, remitió al director provincial del Insalud una detallada información, recopilada por tres médicos residentes y un jefe de sección de Cuidados Intensivos, Sorprendidos porque, en una residencia sanitaria de aproximadamente seiscientas camas, la unidad de vigilancia intensiva (UVI), que cuenta con nueve camas, mantuviera un índice de ocupacion por debajo de lo normal, los cuatro médicos de cuidados intensivos revisaron 21.400 historias clínicas y comprobaron que 736 enfermos no habían ingresado en el servicio. Tres clínicas privadas eran las principales beneficiadas: La Colina, con 340 traslados (46,4%); Quibey, con 88 (11,9%) y el Centro Médico-Quirúrgico, con 37 enfermos (5,02%.).

Accionistas y pluriempleados

En estas tres clínicas privadas trabajan varios médicos de la residencia sanitaria. El doctor Raffols, jefe del servicio de Rehabilitación del Centro de Traumatología, aún no puesto en marcha, ocupa el mismo puesto en la citada clínica, de la que es accionista. También trabajan en ella José María Banús y Casto Viejo, dos de los traumatólogos implicados en las irregularidades denunciadas por el director social de Instituciones Sanitarias destituido. En la clínica Quibey prestan sus servicios dos traumatólogos del informe García Carrillo: Facundo Hernández-Cabrera y Angel Merino. José Miguel Zerolo, presidente provincial de Alianza Popular y jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología de la residencia sanitaria, está considerado como el principal accionista de la tercera de estas clínicas, el Centro Médico-Quirúrgico.

El estudio de los cuatro médicos de la UVI de la residencia sanitaría ponía de relieve que el número de ingresos en el servicio de cuidados intensivos fue, durante 1978, de 482 enfermos, con un número de estancias de 2.749 para las nueve camas de la unidad. El índice promedio de estancia por enfermo era, pues, de 5,7 días. Los días de estancia al año por cama, 305,26. El índice de ocupación de cada cama durante el citado año fue por tanto, de un 83,56%, por lo que la desocupabilidad resultó ser del 16,43%. Esto llevó a los cuatro médicos a la conclusión de que "una gran cantidad de enfermos era desviada a otros centros privados, con diagnósticos compatibles dentro de la especíalidad de cuidados intensivos". El índice del 16,43% de desocupación por cada cama en el año de rentabilidad significaría lo mismo que cerrar el servicio de cuidados intensivos dos meses al año, según terminaba el informe.

El tema del desvío de enfermos a clínicas privadas fue tratado por la Junta de Gobierno de la residencia Nuestra Señora de la Candelaria el 29 de septiembre de 1981. En ella, según consta en acta, el doctor Vega Greciet, uno de los cinco directores que tuvo el centro el año pasado y que ocupó el cargo en dos ocasiones alternas, perteneciente al Cuerpo de Inspectores Médicos de la Seguridad Social y conocido por sus ideas ultraderechistas, manifestó que no había iniciado la investigación al respecto por haber estado de vacaciones, pero que, "como inspector médico que soy, he iniciado una investigación de toda la problemática de las clínicas concertadas" con la Seguridad Social.

El subdirector provincial de Servicios Sanitarios, Francisco Rivera, no debe tener conocimiento del informe de los médicos de la UVI ni del acta de la junta de gobierno citada, ya que afirmó con rotundidad a EL PAÍS que "no ha habido desviaciones de enfermos de la residencia a otros centros".

Mientras, el coste diario de la cama en la residencia de la Seguridad Social es actualmente de 13.305 pesetas, según el administrador del centro, precio alrededor de tres veces superior al de las clínicas privadas concertadas con la Seguridad Social, aunque se ha reducido desde años anteriores: en noviembre de 1980 llegó a estar en más de 30.000 pesetas. La existencia de personal más cualificado, al que se pagan sueldos superiores; la amortización de las inversiones en edificios y aparatos; los medicamentos y la docencia -inexistente ésta, según muchos médicos-, son algunas de las causas de la elevación del coste de la cama en la Seguridad Social, según las autoridades sanitarias de Tenerife.

El informe del inspector Nerín, a raíz de la visita realizada a la isla en febrero de 1981, hablaba del contraste entre el traslado del 50% de los enfermos a clínicas concertadas, por falta de camas, y la existencia de doscientas de éstas vacías en el Centro de Rehabilitación y Traumatología (CRT), aún no inaugurado, pero que ya ha sufrido varias reformas, entre otras razones "porque no se contó con una unidad de intensivos y ha habido que hacerla", según el director provincial del Insalud, Fernández Bodegas.

Es poco explicable que el Centro de Rehabilitación y Traumatología no esté aún funcionando cuando ya en febrero de 1977 la sección de Montaje y Decoración de los servicios centrales daba a conocer que, en cuanto a mobiliario y enseres, se estaba "a falta únicamente de adquirir tres cuadros de SM el Rey y 142 crucifijos, los cuales quedaron desiertos en el último concurso".

El inspector Nerín señalaba también como insuficiente el estado de conservación y mantenimiento de aparatos e instalaciones. Un informe de febrero del año pasado, firmado por el jefe del servicio de cuidados intensivos, Mariano Añíbarro, dos jefes de sección y cinco médicos adjuntos, señalaba que "durante más de un año casi el 50% de los aparatos de la UVI han estado o están todavía averiados", y que entre un 20% y un 30% de los enfermos que hubieran tenido que ingresar en el servicio fue desviado a otros centros.

Infrautilización de aparatos

Precisamente la infrautilización de aparatos costosos es la denuncia más común de los profesionales de la unidad de vigilancia intensiva. Algunos de ellos no han llegado a usarse jamás. Entre éstos, una bomba de contrapulsación cardiaca, varias máquinas de laboratorio y un aparato de medición del gasto cardiaco por impedancia. Entre los infrautilizado estropeados desde hace tiempo, a central de monitorización, de marca israelí y para la que, según dicen, no encuentran técnicos preparados.

Dicen las autoridades sanitarias provinciales que no hay técnicos preparados para usar o arreglar máquinas tan sofisticadas y que es caro y lento intentar que lleguen de la Península. Sin embargo, un grupo de especialistas en Electrónica de Sistemas e Informática de la Universidad de La Laguna ofreció su colaboración para el mantenimiento y asesoranuento en la renovación de material, y la sugerencia cayó en saco roto.

Si a lo anterior se une el hecho de que se compraran en su día seis aparatos eléctricos para huesos, Aesculap, y que, al ir a hacer ahora un inventario, falte alguno de ellos, la panorámica se hace más compleja. Curiosamente, en el inventario de la residencia sanitaria figura la compra de estos seis aparatos, pero nadie ha osado poner al lado cuántos de ellos se han encontrado tras el repaso al citado inventario.