El déficit público no debe superar el 3.5% del Producto Interior Bruto

El objetivo básico que tiene que fijarse para el año próximo es que el déficit del sector público se mantenga, en igual porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB) que en la actualidad; es decir, en torno al 3,5%, manifestó José Enrique García Romeu, subsecretario de Economía, al comentar las directrices básicas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1983 que están siendo discutidas en estos momentos.La tendencia de los departamentos ministeriales es tratar de incrementar al máximo sus posibilidades de realizaciones en los sucesivos ejercicios y para ello presionan con el objetivo de lograr mayores partidas presupuestarias. "En estos momentos hemos formado un frente común entre Hacienda y Economía para frenar estas presiones que conducen, indefectiblemente, a mayores incrementos del déficit".

Según el subsecretario de Economía, lo preocupante no es el volumen global actual del déficit del sector público, con ser elevado, sino la tendencia de crecimiento experimentada en los últimos ejercicios. Por ello, el objetivo inicial a perseguir no es tanto reducirlo en valores absolutos como conseguir frenar esa tendencia de crecimiento para no acabar colocando a la economía española en una situación como la italiana, en la que el déficit público supone el 8% del PIB.

No obstante, en esta voluntad de frenar el crecimiento del déficit se reconoce la dificultad de lograrlo, por varios motivos. Hay que tener en cuenta las partidas presupuestarias que corresponden a compromisos firmes del Gobierno y que no pueden dejar de cumplirse. El plan de viviendas, la aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social, las prestaciones de desempleo y varias otras, suponen importantes cantidades de dinero crecientes que no se pueden no consignar. El aumento de las transferencias a las comunidades autónomas, como consecuencia de la puesta en práctica de los estatutos respectivos, priva al poder central, de mecanismos claros de control del gasto público.

La situación económica actual tampoco permite mucho margen de maniobra, porque "mientras aumente el desempleo tendrán que destinarse mayores cantidades a cobertura de desempleo, ya que es un crédito abierto que se incrementa en función de las necesidades que se plantean", manifestó García Romeu. El reparto del poder político en estos momentos es un condicionante de primera magnitud y es poco probable que se decidan a presentar una serie de medidas de política económica que provocarían perjuicios a determinadas capas sociales, aunque crece el sentimiento en medios de la Administración de que sólo actuando de esta manera se podría lograr frenar el crecimiento del déficit.

La necesidad de lograr la aprobación de medidas que contemplen un ahorro de los gastos públicos cercano a los 300.000 millones de pesetas, actuando previsiblemente sobre las pensiones y transferencias a empresas; conseguir reducir las pérdidas de determinadas empresas públicas y paralizar todo tipo de medidas aprobadas en el Parlamento que supongan nuevos gastos en los Presupuestos, serían las medidas a adoptar que un Gobierno con mayoría suficiente y estable debería tomar para frenar el crecimiento del déficit.

En definitiva, parece que se empieza a tomar en consideración la posibilidad de poner en marcha un cierto plan de austeridad acompañado de medidas efectivas de control. del gasto. En este sentido, algunos círculos privados señalan como positiva la decisión tomada por el Gobierno francés de inspeccionar, uno a uno, todos los casos de desempleados que llevan en esta situación más de un año, ya que considera que podría haber un fraude cifrado entre 200.000 y 600.000 personas.