El debate de la colza

EL SEGUNDO pleno de la colza ha transcurrido por caminos demasiado abstrusos para que la luz se abriera paso y los ciudadanos pudieran quedar informados de las responsabilidades administrativas y políticas -tan indudables como difuminadas- en que incurrió el aparato estatal con ocasión del asunto del aceite tóxico. El abstencionismo de muchos diputados -que brillaron por su ausencia- mostró por lo demás la escasa disposición de algunas señorías a justificar la confianza depositada por los electores y los honorarios pagados por los contribuyentes.Como era previsible, las mociones reprobatorias contra el ministro de Sanidad y el ministro de Economía y Comercio no prosperaron y los criterios del Gobierno, en diversos juegos de alianzas, terminaron por imponerse. Pero este desenlace era un fijo en la quiniela y no merece mayor comentario. La cuestión realmente substantiva era conocer las conclusiones de la encuesta la Comisión Mixta Parlamentaria, que se inició tardíamente en septiembre de 1981 y que ha encontrado, según testimonio de una serie de diputados y senadores, muy pocas facilidades y abundantes obstáculos por parte de gobernantes y funcionarios. La fragilidad de nuestro sistema parlamentario queda fielmente representada en el resignado fatalismo de algunos representantes de la soberanía nacional ante los desplantes, los boicoteos y los ocultamientos del aparato estatal. Se diría que, en ocasiones, algunos diputados y senadores no terminan de creerse que encarnan la voluntad popular y olvidan que sus preeminentes derechos no provienen de méritos personales y virtudes privadas sino del mandato irrenunciable recibido de los electores. A la vista de los lamentos de esos miembros de la Comisión Mixta sobre la falta de colaboración de la Administración Pública, se entiende la política obstruccionista del partido del Gobierno orientada a impedir el nombramiento, antes de que concluya el período de sesiones, del Defensor del Pueblo, que tendría entre sus molestas competencias la de bajar los humos de quienes se proclaman servidores del Estado pero actúan como sus dueños.

Los trabajos de la Comisión, pese a las restricciones de que han sido objeto en las áreas gubernamentales y del escaso entusiasmo institucional que los ha animado, no hacen sino confirmar las cuantiosas dosis de negligencia y ocultamiento que han rodeado a una hecatombe nacional que ha producido cientos de muertos y un número indeterminado de personas afectadas por graves secuelas. Algunos señalan que podrían ser ya, de una manera u otra, cuarenta mil las personas dañadas por el síndrome, y cerca de trescientos los fallecidos. Pero también en este terreno la postura del Gobierno es contraria a los intereses ciudadanos, pues ha dejado de publicar las cifras de fallecimientos y afectados. Al parecer eso podría deberse al impacto psicológico que ello tiene sobre los enfermos, pero hay que reconocer que el gabinete del señor Calvo Sotelo habrá encontrado alivio no pequeño una vez que la radio, la televisión y los periódicos no pueden llevar ya esta dramática contabilidad. El informe pone de relieve la lentitud del poder ejecutivo para poner en marcha un plan de asistencia sanitaria y los fallos de coordinación y dirección de su realización. La investigación sobre las causas y la característica de la enfermedad -que durante varias semanas fue considerada como una epidemia de neumonía atípica- también ha presentado omisiones y defectos.

Los atectados por las secuelas del envenenamiento se lamentan de la mala organización y las tardanzas de las ayudas asistenciales y económicas. Gentes de humilde condición que han quedado incapacitadas para ganarse la vida con su trabajo, para alumbrar hijos sin riesgo de malformaciones, para cuidar de su familia y de su hogar y para disfrutar simplemente de la existencia merecen, desde luego, algo más que limosnas. La amenaza de una enfermedad misteriosa, todavía desconocida para los investigadores y los médicos, les sitúan, además, en una zozobra y tensión permanentes que exige una continuada asistencia médica y los servicios de los dispensarios psiquiátricos. Si la manifestación de los afectados por el envenenamiento no ha hecho vibrar las cuerdas emocionales de esos ministros, directores generales y funcionarios que se preocupan más por aferrarse a sus cargos, que por asumir sus responsabilidades, habrá que concluir que la política es la más endurecedora e inhumana de todas las profesiones.

El informe confirma que existieron irregularidades en el despacho de las licencias de importación del aceite de colza desnaturalizado y el ministerio fiscal deberá pedir la inculpación de los funcionarios que las tramitaron y autorizaron. La petición de una urgente promulgación de medidas sobre política de grasas deja en claro la responsabilidad del Gobierno por su equivocada fijación de los precios protegidos. Hace un año, algunos altos portavoces gubernamentales se asombraban de que la prensa diera tanta importancia y espacio al envenenamiento producido por los aceites tóxicos, un asunto a su juicio menor y lateral que no merecía mayor atención. Pero los tiempos de la arrogancia han pasado. La colza, como popularmente se llama ya al caso, será un tema inevitable en las próximas elecciones generales. La arrogancia que presidió la respuesta gubernamental a las demandas de explicación y expiación política por los hechos va a pagar precio sin duda alguna en las urnas.