Presur y el INI

PERDIDAS LAS elecciones andaluzas, el Gobierno ha tenido la elegancia de mantener su palabra, y con unas bases técnicas muy endebles ha dado luz verde al proyecto Presur. La combinación de los manipuladores de impulsos populistas y la mala conciencia de los señoritos dirigentes ha puesto en la pista de despegue una costosa inversión industrial en un sector, el siderúrgico, con un exceso de capacidad de cinco millones de toneladas. Con tan escasas perspectivas se invierten once millones por puesto de trabajo. Naturalmente, el dinero será ajeno, el de todos los contribuyentes, y la administración de las ayudas corresponderá quizá a otro Gobierno. En definitiva, un proyecto sin atractivos suficientes para la inversión privada, se envuelve con subvenciones, créditos preferentes y la imposición al Instituto Nacional de Industria (INI) de suscribir el 24% de su capital a través de sus sociedades regionales.La crisis del petróleo acelera en España el viejo reflejo de traspasar al INI las empresas que dejan de dar dinero. Sólo en dos años, 1976-1978, se le cuelgan al INI la siderurgia de Altos Hornos del Mediterráneo, las fábricas de loza y porcelana del Grupo Alvarez, las de moquetas y mantas de Textil Tarazona, bienes de equipo y astilleros como Babcock y Wilcox e Hijos de Barrera Hermanos. Precisamente, el título de esta última sugeriría el nombre con el que apadrinar dentro del Instituto el legado del ministro de Industria: "Los hijos de Pérez deBricio".

Por debajo de esas condenatorias apariencias, el personal directivo del INI, desde la salida de Suances, ha opuesto una intensa resistencia, aunque disciplinada, a los caprichos de quienes defendían cada día una original política industrial. Desde el episodio de Babcock, el INI había conseguido rechazar mil y una escaramuzas de asalto. Empresas como Torras Hostench, Nervacero, Finanzauto y Servicios, entre las conocidas, no se le han colado al instituto. Otras, con también buenos padrinos, como Conservas de Badajoz o los quesos gallegos de Meilán Amigos, y unas cuantas decenas de empresas pequeñas, tampoco han conseguido endosar sus pasivos al INI.

Esta parte de la historia es menos conocida del gran público. Quizá porque los intereses de algunos bien colocados han contribuido a mantener la imagen de un INI, apéndice del Estado protector, siempre disponible a aceptar las pérdidas de los negocios privados con buenos padrinos. Esta imagen de hospital de empresas se ha exhibido incluso ante el inversor extranjero para convencerle de que si la inversión no está bien concebida las pérdidas pasarían al instituto. Ahí está el caso reciente de la planta de aluminio de San Ciprián, que con un capital de 5.000 millones ha desarrollado una inversión de 100.000 millones y presenta hoy pérdidas cuantiosas. La otra cara de esta medalla es la de un INI convertido en un cajón sin fondo, en el que las pérdidas se desconocen. Sin embargo, en mitad de la actual crisis industrial, los resultados contables del INI en 1981 no parece que vayan a ser peores en pesetas constantes que en 19:30. Mientras, las estimaciones para el ejercicio actual permiten prever una disminución de las pérdidas.

Ahora el endoso de Presur abre de nuevo la incertidumbre sobre el futuro del Instituto y sobre si se vuelve a la tarea de bote salvavidas para los náufragos de la crisis industrial o se le respeta su papel como protagonista de un sector público dispuesto a una rigurosa disciplina in dustrial y financiera. El INI, según su ley fundacional, está al servicio de la política industrial del Gobierno. En consecuencia, no tiene otra opción que aceptar la participación en el capital de Presur con seiscientos millones de pesetas a través de sus sociedades regionales Sodian y Sodiex. Pero los compromisos legales terminan aquí. Una implicación mayor del Instituto después de haber manifestado con toda claridad su rechazo técnico al proyecto comprometería completamente sus objetivos de saneamiento. La cuestión le plantea, o le debería plan tear, en cualquier caso al actual presidente del INI alguna duda no pequeña. El ha atacado, y de manera abierta, en público, el proyecto Presur. Invertir, por obediencia, en él va a ser el precio que tiene que pagar por no hacer lo que lógicamente un políticom en su circunstancia debería: presentar llanamente su dimisión irrevocable, toda vez que su criterio es contrario a las órdenes que se le dan. Pues de otra forma, ¿qué esperanza queda de que se pueda enderezar la azarosa vida del sector público en este país si los intereses y conveniencias cicateras se so breponen al verdadero interés público? ¿Y qué otra me dida de presión tienen los administradores honestos que no sea la de negarse a participar en este chanchullo?