Uruguay: una deuda política pendiente

Han transcurrido nueve meses desde la toma de posesión de la presidencia de Uruguay por el teniente general Gregorio Alvarez, de acuerdo con la inapelable voluntad de sus pares. El período se inició con el anuncio -por parte del presidente designado- del comienzo de un proceso de tres años y medio de "transición hacia la democracia". Muchos fueron los que vieron en él al único o el más indicado militar para dirigir la transición. Sin embargo, la frustración cunde día a día.

Hoy, el escueto balance de una situación económica agonizante, fruto de un modelo económico que sólo puede aplicarse por la inmunidad que otorga la represión sistemática contra el conjunto de la población; un diálogo político recortado que ha sido definido como "posibilidad de: asentimiento a las propuestas de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (Conlaspo)"; la aprobación de una ley, sindical atomizante, acompañada de razzias contra aquellos trabajadores que pugnan por la organización de sindicatos, bajo la acusación de rojos que "pretenden infiltrarse en el movimiento obrero", o las clausuras que sufren los órganos de Prensa que comenzaron a aparecer a cobijo de promesas de libertad en ese sector, etcétera, pone al descubierto la falta de voluntad aperturista del equipo gobernante.Pero la mejor medida de esa falta de voluntad transicionista la da, seguramente, su cerrada negativa a considerar cualquier tipo de amnistía para los, todavía, 1.500 prisioneros de conciencia que sufren cárcel en centros de reclusión de alta seguridad sometidos a tratos aberrantes.

El distintivo de la dictadura uruguaya entre sus congéneres del Cono Sur ha sido el refinamiento y masificación de la represión, en todas sus formas, contra el conjunto de la población. Que uno de cada cinco uruguayos se haya visto obligado a abandonar el país, o que uno de cada cuarenta haya sufrido cárcel y tortura; hasta la clasificación de las personas en el documento de identidad en tres categorías, según sea bueno, susceptible de sospecha o que exista verificación de su participación en actividades políticas, sindicales o culturales hasta veinte años atrás.

En medio queda una larga secuela de proscripciones políticas, destierros, ceses de empleo público y aun privado, prohibición de ejercer profesión o estudiar, rebajas, punitivas en las pensiones, pago de una cuota por cada día de estancia en la cárcel o, simplemente, desaparecer vía secuestro, sea en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción o Porto Alegre.

Marcados por la muerte

Cada familia está marcada por la muerte, la reclusión, el exilio, la desaparición o la sanción administrativa contra uno o más de sus integrantes.

En junio de 1981, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizando el caso uruguayo, concluía, luego de una serie de observaciones duras provocadas por la falta de libertades en el campo sindical, que un elemento primordial para considerar normalizada la actividad sindical lo constituirían medidas tendentes a liberar a los líderes sindicales presos y condenados a largas penas por tribunales militares. El Gobierno no ha dado un solo paso que permita vislumbrar un mínimo de atención hacia las recomendaciones del organismo mundial más antiguo.

Dentro del país, la necesidad de la amnistía se siente; pero el refinamiento de la represión obliga -autocensura mediante- a no hablar del asunto en forma pública. Abundando en ello: cuando un editorialista se atreve a escribir en la revista La Plaza que en los países civilizados es costumbre "devolverles la libertad, el hogar y las posibilidades de trabajo" a los prisioneros de guerra una vez finalizada aquélla; para concluir preguntándose: "Si la apertura política no está cortando sus propias manos, cuando se acumulan así para el futuro institucionalizado casos en que la justicia tendrá necesariamente que volver atrás y atender reclamaciones de personas desposeídas de cargos, bienes o libertad contra normas obvias de derecho", la respuesta de los aperturistas es el decreto de clausura.

Está claro que la amnistía es una necesidad primaria para, que se hable de "transición hacia la democracia" seriamente. No puede estrenarse siquiera una democracia con ciudadanos a, b y c.

El reencuentro de los orientales es el artículo primero de cualquier decálogo de transición democrática en Uruguay. Y ese reencuentro se viabiliza a través de la amnistía.

Solamente el puñado de los que se lucran en la actual situación de falta de libertades puede oponerse a las medidas que apunten a una transición de verdad. El que prometió hace hoy nueve meses, debe recordar la sentencia de José Artigas: "Los hombres de honor siempre son fieles a su palabra, y los hombres públicos no pueden quebrantarla sin atraerse la odiosidad de sus semejantes".

es vicepresidente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay y está exiliado en Madrid.