La huelga de Getafe

GETAFE QUEDO ayer prácticamente paralizado como consecuencia de la positiva respuesta ciudadana a la convocatoria de huelga lanzada por las centrales sindicales y apoyada por la izquierda parlamentaria y el Ayuntamiento. El gobernador civil de la provincia de Madrid intentó inicialmente tomar cartas en el asunto y presionó sobre el alcalde de Getafe para que la protesta no llegara a realizarse. El recordatorio de que el sistema constitucional no atribuye a los gobiernos civiles las engrosadas prerrogativas del régimen anterior, a la vez que reconoce a los ayuntamientos poderes bastante menos endebles, sirvió probablemente para que Mariano Nicolás cambiara posteriormente de criterio y confirmara la legalidad de la huelga convocada, pero no le impidió, en cambio, realizar ayer un enorme e innecesario despliegue policial en Getafe que recordó los viejos y malos tiempos en los que un conflicto laboral era recibido por las autoridades como un ataque directo a las instituciones del Estado.En el caso de Getafe hay razones para sospechar que el incumplimiento por algunas empresas del plan de reestructuración del sector de electrodomésticos, pactado con la Administración pública y las centrales sindicales, es el verdadero factor desencadenante de esas alteraciones de la convivencia ciudadana, de las que la convocatoria a una huelga pacífica de solidaridad y protesta no es sino el último eslabón de la cadena. En verdad, constituye un atentado, al menos de carácter político- moral, que determinados grupos, más cercanos al aventurerismo depredador que a la responsabilidad empresarial, tengan como único método válido para salir de sus crisis, en ocasiones producidas por una mala gestión directiva, la exigencia de ayuda pública y los despidos a bajo costo, sin realizar por su parte, de forma efectiva, las contribuciones que los pactos de salvamento establecen.

El gobernador civil de Madrid, sin embargo, no parece inclinado a abandonar el conocido prejuicio etimológico de que "tranquilidad viene de tranca". El Rastro y el Parque del Retiro madrileños fueron ya escenarios, la pasada semana, de la estrafalaria reducción de los principios del orden público a la supresión, mediante despliegues policiales, desproporcionados por sus dimensiones y por sus procedimientos, de cualquier paisaje humano callejero que no esté formado por parejas de media edad caminando en busca de una cafetería. Ayer, en Getafe, Mariano Nicolás y el jefe superior de Policía han mostrado, de nuevo, su difícil adaptación al sistema constitucional, que tiene una concepción del orden público bastante diferente al que defiende un régimen autocrático. Para desgracia de todos, ese obsesivo celo por convertir a jóvenes mal vestidos, a vecinos frecuentadores de una verbena o a huelguistas pacíficos en enemigos de la sociedad y del Estado probablemente les esté privando a nuestras autoridades gubernativas del tiempo y de la capacidad de razonar necesarias para desarticular a las bandas terroristas y vigilar los edificios e instalaciones -como la central telefónica de Ríos Rosas-, que pueden ser blanco de atentados. El ministro del Interior ha dado muestras de inteligencia política y de eficacia funcional en su trabajo. Por lo visto, no gracias, sino a pesar de la carga muerta que significan colaboradores como el gobernador civil y el jefe superior de Policía de Madrid, que no parecen defensores del orden público, es decir, de las libertades y de la seguridad ciudadanas, sino provocadores de disturbios.