El Ministerio de Hacienda ha remitido al misterio público 300 expedientes por presuntos delitos fiscales

Desde 1980 hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha remitido a diversas fiscalías territoriales y provinciales casi 300 expedientes por presuntos delitos fiscales, de los cuales han sido admitidos a trámite 41, sin ser resuelto ninguno de ellos. Estos datos, junto con los resultados de la comisión creada para evaluar el fraude en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), serán presentados hoy por el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, a la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. La conclusión general a que ha llegado dicha comisión (ver EL PAIS de 11 de abril pasado) es la de que la evasión fiscal ha disminuido respecto a la etapa anterior, permaneciendo todavía en cotas altas.

Se considera delito fiscal la elusión a partir de dos millones de pesetas en cuota en un mismo tributo y ejercicio. Las distintas delegaciones de Hacienda remitieron al ministerio fiscal 54 expedientes en el año 1980, 105 durante 1981 y 136 en lo que va del año 1982. De ellas habían sido admitidas a trámite en las fiscalías territoriales 25 denuncias, y en las fiscalías provinciales, 16. Añoveros explicará, previsiblemente, en el Congreso la conveniencia de una más estrecha colaboración entre los distintos órganos del Estado empeñados en perseguir el delito fiscal.Con este objeto, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de lo Contencioso, se ha puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado para instrumentar del modo más rápido preciso el cauce procedimental para perseguir los citados delitos. Asimismo ha generado una serie de instrucciones internas en las que se encarece a los delegados de Hacienda y a los inspectores financieros y tributarios a actuar del siguiente modo: tramitar expedientes y actas en los que se descubran hechos que puedan suponer indicios de delito fiscal con toda rapidez, reflejando los datos relevantes que permitan la calificación ulterior de aquéllos y recogiendo los elementos probatorios que faciliten la correspondiente actuación procesal; atribuir el carácter de urgencia a los preceptivos informes previstos en la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que deberán ser evacuados por los respectivos funcionarios en el plazo máximo de 10 días, y la inmediata resolución de los delegados de Hacienda para el envío de las correspondientes actuaciones al ministerio fiscal.

Cambio de actitud

El ministro de Hacienda presentará a la comisión del Congreso los resultados del estudio sobre el fraude fiscal, según las declaraciones presentadas en el ejercicio 1979. El documento, que deberá haber entrado preceptivamente en las Cortes a finales del mes pasado, y al que ha tenido acceso EL PAIS, explica que el grado de cumplimiento de los sujetos pasivos del IRPF no resulta enteramente satisfactorio, ya que, frente a más de 8.700.000 unidades familiares que la comisión ha estimado venían obligadas a aportar las declaraciones, sólo el 59,75% ha cumplido la expresada obligación legal. "No obstante", dice el informe, "se reconoce y se proclama el sustancial cambio de actitud de los españoles respecto al impuesto, atendidos los precedentes del mismo y el grado de cumplimiento por el año 1979, no siendo ajena la Administración tributaria a este cambio de comportamiento ciudadano ante su Hacienda Pública".Otra de las conclusiones del informe vincula las rentas percibidas con las rentas declaradas. Estas últimas, en el año en cuestión, se estima que representan algo más del 44% de las imputables a unidades familiares obligadas legalmente a presentar declaración tributaria por dicho año y domiciliadas en territorio de régimen común, esto es, excluídas Alava y Navarra. Otras cifras aportadas son las siguientes: han sido declarados y sometidos a gravamen tan sólo el 53,8% de los ingresos del trabajo que se estiman computables a efectos del IRPF. Sin embargo, se han declarado en el impuesto el 91,5% de los rendimientos de trabajo sometidos a retención; en cuanto a los demás rendimientos (de capitales, mobiliario o inmobiliario, y actividades profesionales, empresariales o de artistas), sólo se ha incorporado un 24,7% a las declaraciones tributarlas procesadas.

El resultado del estudio de la comisión de evaluación del fraude fiscal ha sido más pobre de lo esperado inicialmente de él, por cuanto existen fuertes limitaciones, como por ejemplo la total ausencia de información sobre la distribución por categorías socioeconómicas o por territorios, de la evasión fiscal. Fuentes de la comisión justificaron esta ausencia "por la obsesión de todos sus miembros de atenerse exclusivamente a valoraciones realizadas con las estadísticas oficiales que existen, sin acudir a fuentes estadísticas tan privadas"

Estas mismas fuentes explicaron la posibilidad de hacer varias lecturas con los resultados de la comisión; la llamada lectura "tremendista", considerada errónea, consistente en afirmar sin mas que existen todavía gigantescas bolsas de fraude detectadas en los estratos más beneficiados, de la población, sin relacionar la situación estudiada con el pasado inmediato y con el régimen fiscal del franquismo; y una segunda lectura, según las fuentes de la comisión, más correcta, que sin Olvidar las mejoras que hay que acometer don voluntad política, tiene que conectar el pasado con el presente. La misma comisión cita que el número de declaraciones ha pasado de 1.300.000 en 1976 a 2.800.000 en 1978 y a 6.250.000 en 1980. Más concretamente, la introducción del nuevo IRPF ha supuesto pasar de 2.836.411 declaraciones en 1978 a 5.358.867 en 1979. El Ministerio de Hacienda prevé para 1983, 7 millones de declarantes. Alguno de los participantes en la comisión explicó a este periódico que las dos bolsas de evasión fiscal más significativas provienen de las personas que no hacen todavía declaración por el impuesto, que pertenecen preferentemente a escalones bajos, pero que son poco importantes en lo que se refiere a aspectos recaudatorios; y de personas con rentas altas, que sí efectúan declaración, pero por cantidades mucho más bajas de lo que les corresponde, y que sí tienen mucho efecto recaudatorio.

Para apoyar esta última afirmación se basaron en la Memoria de la reforma tributarla, 1980, del Ministerio de Hacienda, que publica la distribución de contribuyentes según niveles de renta, por la que tan sólo 32.531 personas en España declaran tener una renta superior a 4 millones de pesetas. Únicamente declaran un nivel de renta superior a 25 millones de pesetas 912 personas, lo que supone, como media, que no existirían en España más de 20 personas por provincia verdaderamente ricas.