Responsabilidades de una imprevisión

EL MENTIS -precisiones- dado por la Compañía Telefónica y el Ministerio del Interior, de forma conjunta, a este periódico en torno a lo sucedido con las medidas de seguridad de la central de Ríos Rosas resultaría ingenuo si no demostrara además la lamentable necesidad imperiosa de la autode:fensa que altos dirigentes de la compañía, al amparo de líderes políticos de UCD, ejercitan. La discusión emprendida es pobre, pues el hecho se puede resumír en estas premisas:1. O había o no había un dispositivo de seguridad específico para la central.

2. Si lo había, no funcionó, y alguien es responsable. Si no lo había, es opinión extendida que resultaba una irresponsabilidad mantener con sólo dos vigilantes jurados una central de la importancia de Ríos Rosas.

Los hechos han venido a confirmar esta opinión.

Por desgracia para todos, cuantas informaciones ha sido posible recabar abundan en contestaciones contradictoriamente afirmativas a todas estas interrogantes y reparten responsabilidades por doquier. En primer lugar, según todos los datos que ha sido posible reunir, no había un dispositivo especial de seguridad porque en las reuniones conjuntas Telefónica-Ministerio del Interior se desestimó esta central como objetivo a proteger, por razones técnicas y teniendo en cuenta que el plazo de reparación exigido en caso de atentado no sería tan largo como si este se cometiera contra otras centrales. Según fuentes policiales de absoluta solvencia, la central de Ríos Rosas se encontraba en una primera relación de centros a vigilar. Si fueron directivos de la Compañía Telefónica o mandos medios, expertos en telecomunicaciones, los que dieron su opinión en contrario es algo irrelevante. La responsabilidad política es de los dirigentes de la empresa. La realidad final es que ésta mantenía la seguridad de la central con sólo dos vigilantes jurados, y no es creíble que el Ministerio del Interior hubiera rechazado el prestar una mayor vigilancia si la Telefónica lo hubiera solicitado así. Esto es muy desagradable de reconocer, pero los hechos demuestran la verdad del aserto. No hubo prácticamente dificultades ni resistencia para que un comando, cargado nada menos que con casi doscientos kilos de explosivos, herramientas y accesorios, permaneciera a sus anchas durante más de una hora en una central que se ha demostrado era vital para las comunicaciones españolas.

Pero por otra parte puede decirse -paradójicamente- que había un servicio especial de vigilancia, toda vez que la policía, unilateralmente, había decidido incluir la central de Ríos Rosas en la operación de alerta general decretada ese fin de semana en Madrid y se supone que agentes de paisano debían vigilar el exterior del edificio. Esto demuestra dos cosas: que la no protección de la central en el plan original para el Mundial 82 no podía ser una decisión policial, pues es absurdo decidir primero no proteger una cosa para ponerse a protegerla inmediatamente después. Y que hubo un fallo de realización en la operación Menta, pues los agentes encargados de cumplimentarla en Ríos Rosas han brillado hasta el momento por su ausencia en toda esta historia. Es decir, que la protección especial prevista por el Ministerio del Interior no funcionó por un fallo humano. Y aquí también deben exigirse reponsabilidades al nivel que sea pertinente.

Estas cosas parecen tan evidentes que sonroja tener que polemizar sobre ellas. La nota que pretendía rectificar la información de EL PAIS del martes pasado fue hecha pública pocas horas antes de que el periódico estuviera en la calle, tras intensas gestiones del presidente de la compañía con los responsables de la Seguridad del Estado. Resulta obvio que hubo algún tipo de negociación no sólo sobre los términos del mentís, sino sobre el hecho de que éste fuera conjunto del Ministerio del Interior y de la Telefónica. Y que se tardó más de lo habitual en llegar a un acuerdo sobre algo tan sencillo como determinar si era verdad o mentira lo que decía EL PAIS.

La conclusión de todo el asunto es muy obvia: resulta inadmisible que no se exijan responsabilidades por la situación de inseguridad en que Telefónica mantenía la central. Es más que preocupante que el Ministerio del Interior se preste, por motivaciones políticas, a la publicación de notas como la de ayer, que desdicen de la capacidad técnica de los mandos policiales para determinar cuáles son los puntos clave a proteger del sistema de comunicaciones español. Todo lo que se haga para proteger a los directivos de Telefónica se volverá en este caso irremediablemente en descrédito de los mandos de la lucha contra el terrorismo. Y es sencillamente bufo, por lo demás, pedir colaboración a los ciudadanos en la prevención del terrorismo y no exigirla a quienes son servidores del poder en cargos de cuantiosa remuneración. Si lo de Ríos Rosas podía haberse previsto, pudo quizás haberse evitado. Esa es al menos la impresión extendida. Esperemos que el Parlamento dilucide hoy los hechos.