Concejales vascos, juzgados por presuntas injurias al Rey
Cinco concejales de la coalición Herrigintza (Acción Popular), mayoritaria en el Ayuntamiento de Larrabezúa (Vizcaya), comparecieron ayer ante la sala segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, acusados de un delito de injurias al jefe del Estado por el que el fiscal pidió penas de seis años y un día de prisión mayor.
Los cinco corporativos, José Antonio Lekue, alcalde de la villa; José Luis Barrenetxea, teniente de alcalde, y los concejales Juan Pedro Uriarte, Francisco Sánchez y Carmelo Echevarría, son de ideología próxima a la coalición independentista Herri Batasuna, y presentaron ante el pleno del Ayuntamiento de Larrabezúa, el 29 de enero del pasado año, una moción de protesta por la visita de los Reyes a Euskadi, que resultó aprobada con sus cinco votos a favor y cuatro abstenciones, correspondientes a los representantes del Partido Nacionalista Vasco. Durante la misma sesión se decidió enviar copia de la moción a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca y de Navarra.El acuerdo del Ayuntamiento fue remitido por el gobernador civil de: Vizcaya al ministerio fiscal, que ordenó el procesamiento de los cinco miembros de Herrigintza el 21 de mayo. El juicio debía tener lugar el 17 dei diciembre del pasado año, pero fue suspendido, a petición del fiscal, inmediatamente después de comenzar.
Del texto de la moción, que se presentó en euskera, existen dos traducciones castellanas contradictorias. El fiscal presenta una versión, según la cual se declaró a la Monarquía española "indigna de pisar suelo vasco", mientras la defensa de los cinco procesados aporta otra distinta, realizada por el servicio de traducciones de Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), en la que no aparecen las expresiones citadas. De acuerdo con esta versión, el Ayuntamiento vizcaíno manifestó su desacuerdo con la visita real y afirmó que el jefe del Estado "no puede atraer hacia sí adhesión alguna en nuestro pueblo".
A lo largo del juicio oral, que quedó ayer visto para sentencia, compareció un solo testigo convocado por la defensa, el británico William Bowring, asesor jurídico del área metropolitana de Londres y experto en derecho constitucional y penal. Bowring declaró que en el derecho punitivo inglés no constituye una ofensa insultar al soberano.
La defensa de los cinco corporativos de Larrabezúa pidió la libre absolución de sus patrocinados y negó que se hubiera producido ofensa alguna contra la persona de¡ Rey. Los abogados se refirieron al derecho, reconocido en un Estado democrático y pluralista, al ejercicio de la crítica y a la competencia de un ayuntamiento para efectuar declaraciones políticas.
Otro de los abogados defensores situó el hecho incriminado en el contencioso histórico del pueblo vasco y la Corona española en torno al respeto de los Fueros.
En relación con el juicio del alcalde de Larrabezúa y los restantes miembros de Herrigintza se ha producido en las últimas semanas un movimiento de solidaridad, protagonizado por cargos públicos electos, casi en su totalidad pertenecientes a la coalición Herri Batasuna.
También los concejales del Partido Nacionalista Vasco de la localidad vizcaína se han mostrado contrarios al procesamiento de sus compañeros.
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