El anteproyecto de ley del Medio Ambiente quita competencias a las autonomías

La Junta de Andalucía no asistió el pasado viernes a la reunión que mantuvieron los miembros del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con los representantes de las comunidades autónomas, para presentar oficialmente el texto del anteproyecto de ley General de Protección del Medio Ambiente, por considerar que este anteproyecto es anticonstitucional y contrario al estatuto de autonomía.

En opinión de algunos representantes de las comunidades autónomas asistentes a esta reunión, este anteproyecto anula la mayor parte de sus posibles competencias en materias medioambientales. Uno de los aspectos más destacados de este borrador es que la Administración estatal recupera casi todas las competencias que, con los estatutos de autonomía, debería transferir el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (lcona). La repoblación forestal, la protección de la fauna y la flora, la gestión de los espacios naturales protegidos, la caza y la lucha contra la erosión son algunas de las competencias que el Icona se reserva, especificándose en el borrador que las comunidades autónomas podrán "colaborar" con el Estado en estas tareas.El anteproyecto de ley del Medio Ambiente fue aprobado el pasado día 23 por el pleno de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA) y se espera que sea tramitado por el Gobierno antes de que acabe el mes de marzo. Sin embargo, la directora general del Medio Ambiente, María Teresa Estevan, ha anunciado que es casi seguro que el anteproyecto no se discutirá en el Parlamento en la presente legislatura.

Este borrador de la ley general para la protección del medio ambiente ha sido calificado por el director general del Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Pedro Costa Morata, como "uno de los más flojos de los redactados hasta ahora". Los objetivos básicos de este anteproyecto son los de establecer los principios, generales por encima de las normas sectoriales actuales; determinar las competencias entre el Estado, las autonomías y las corporaciones locales, y mejorar los aspectos orgánicos y de gestión.

La ley pretende, en síntesis, prevenir, reducir y evitar la contaminación, mantener el equilibrio ecológico, y velar por la utilización racional de los recursos y del medio natural.