El 'euskera' debe abandonar la página de sucesos

La decisión de cuatro policías nacionales de matricularse en un cursillo intensivo de lengua vasca que se iniciaba el 8 de marzo en el euskaltegi (centro oficial de enseñanza del euskera, dependiente del Gobierno Autónomo) de San Sebastián, provocó la reacción de una parte de los alumnos que, amparándose en "razones pedagógicas y de convivencia", anunciaron su intención de abandonar el cursillo "en el caso de que dichos policías se incorporaran a las clases". Ante ello, el departamento de Cultura del Gobierno vasco manifestó su decisión de "garantizar el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un servicio público como es el de las academias de lengua vasca", pero de inmediato la réplica de la mayoría de profesores y alumnos de los siete euskaltegis fue declararse en huelga. En verdad, este conflicto ha servido para que por primera vez se planteen públicamente los problemas que se concitan en torno al euskera, reconocida como "lengua propia del pueblo vasco" en el artículo 6 del Estatuto de Guernica, y hablada, en sus diferentes variantes, por un 26% de la población. En el debate de hoy, los autores exponen sus puntos de vista sobre los conflictos, no sólo lingüísticos, sino culturales y sociopolíticos, que plantea el bilingüismo en el País Vasco.

Hay que darse cuenta que hay muchas heridas por restañar. El conflicto surgido por el tema de los cuatro policías nacionales inscritos en el euskaltegi, o centro de enseñanza de la lengua vasca, dependiente del departamento vasco, ha sido el detonante que ha desencadenado una ola de comunicados, artículos y comentarios, bastante desenfocados o sacados de contexto."Se desconoce totalmente cuál es la situación del País Vasco, y creo que hay una responsabilidad histórica de incomprensión y de falta de interés, incluso intelectual, por la realidad vasca...", ha dicho estos días Gregorio Morán, autor de Los españoles que dejaron de serlo. Euskadi, 1937-1981. Y también en este caso ha habido un desconocimiento que se ha visto reflejado en gran parte de la Prensa y en la inefable TVE.

A sensu contrario, tampoco los vascos estamos exentos de responsabilidades. Y, concretamente en el tema que nos ocupa, muchos no han querido reconocer el derecho individual del ciudadano, sea de donde sea, iniciando algunos una campaña orientada exclusivamente sobre el carácter represivo-policial y de su rechazo en el país, y profesores que lo han visto asimismo desde un punto de vista unilateral, casi corporativista, terciando, para más remate, una determinada corriente radical que no ha perdido ocasión, no para tener una postura crítica del Gobierno en el organismo HABE (Servicio de Alfabetización y Eukaldunización de Adultos), que eso es lógico en una situación democrática, sino para atacar de raíz y cuestionar al propio organismo su existencia misma, desestabilizando todos los centros.

Personalmente he defendido, en declaraciones públicas, el derecho de cualquier ciudadano residente en el País Vasco -inclusive policías, por tanto- a recibir un servicio público como es -ya era hora- la enseñanza del euskera.

Antecedentes históricos

Hay que tener en cuenta que aquí, en el País Vasco, no se puede escapar del contexto social, sociopolítico y sociolingüístico, como lo puede hacer un señor en otras latitudes, sin haber profundizado además en nuestra secular historia de opresión política, de persecuciones abiertas o encubiertas de la lengua vasca, cuando no marginaciones y medidas administrativas discriminatorias de variado tipo.

Por haber sido coordinador de la preparación de El Libro Blanco del Eusquera, obra colectiva de dieciséis especialistas de la lingüística, de la antropologia, del derecho, de la historia, etcétera, como Michelena, Barandiarán, el actual rector de la Universidad del País Vasco, Gregorio Monreal, etcétera, me tocó leer y releer todo el material presentado. Le rogaría a más de uno que leyese, por ejemplo, los capítulos denominados "Factores jurídicos legales que inciden en el proceso histórico del euskera", cuyo autor es el padre Urrutia, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto, y que subdivide los factores: 11, que han restringido; 2º, que han prohibido, y 3º, que han ignorado la utilización del euskera, o el capítulo dedicado a Navarra, donde su autor, José María Satrústegui, delegado en Navarra y secretario de la Real Academia de la Lengua Vasca (RALV), da cuenta de la situación no sólo clandestina, sino catacumbaria, del euskera en Navarra en los primeros años de la posguerra, y cita, entre otros, el caso ocurrido en un pueblo situado en la carretera de Echarri-Aranaz a Estella, donde en el no lejano año de 1968 un maestro torturaba a los niños por hablar euskera, y concretamente, a una niña le atenazó la lengua valiéndose del compás y le cortó el frenillo con una de sus puntas. Y esto también hay que decirl, para que no piensen que todo el monte es orégano y para que se busquen las razones de que, en menos de un siglo, el euskera haya perdido una extensión geográfica tan grande como las actuales zonas vascófonas de Vizcaya y Guipúzcoa juntas.

Los que dimos clases de euskera hace quince o veinte años sabemos de las fichas policiales por tal motivo, ya que se tenían que dar con todas las precariedades legales imaginables, con intromisiones y amenazas de la Guardia Civil en más de un caso.

Añádase a todo ello el contencioso existente aún respecto de otros dos hechos: uno, la falta de democratización de muchos sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que no me consta se enseñe en sus academias algo tan necesario como la plurinacionalidad de este Estado y el conocimiento mínimo de sus diversas culturas. Fuerzas que, por otro lado, tienen aún actuaciones represivas o violentas que son de dominio público. En segundo lugar, los que hemos apostado por la vía institucional, hemos de regordar a la opinión pública espaílola que, según el artículo 17 del Estatudo de Autonomía de la comunidad autónoma vasca, "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se reservarán únicamente los servicios policiales de carácter extra y supracomuntiario", lo cual es una reivindicación hartamente sentida en este país.

Una vez enmarcado todo esto, podríamos acometer la necesaria tarea de la normalización sociopolicial y sociolingüística de Euskadi con soluciones políticas. Una de ellas es el dar el servicio, en este caso de la enseñanza del euskera, a cualquier ciudadano normal o a los ciudadanos con fuero especial, que es el caso de los policías, sean autónomos o nacionales, con las soluciones didáctico-pedagógicas adecuadas a cada caso.

Las respectivas academias policiales, de la Guardia Civil, etcétera, debieran de ser el lugar idóneo para que adquiriesen los conocimientos de las lenguas y culturas existentes en el ámbito del Estado y a libre elección. Ello ayudaría a democratizar el aparato del Estado y a cambiar bastante su imagen, dotándoles además de unos conocimientos intelectuales nada despreciables. Con ello no se haría otra cosa que empezar a cumplir la Constitución en su artículo 32.

En definitiva, que el conflicto del euskaltegi de San Sebastián hay que estudiarlo en toda su complejidad, entender a alumnos y profesores y a la hora de juzgarlos tener en cuenta por lo menos los atenuantes históricos, ambientales y sociopolíticos del caso. Lo que no nos exime a los vascos del esfuerzo por contribuir a que el euskera sea noticia en las páginas culturales y no en las políticas.