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La Seguridad Social refuerza su plan contra morosos

Los planes de inspección contra morosos en la Seguridad Social (SS) serán reforzados dentro de dos meses, con el propósito de situar el nivel de impagados en el 11,5%, de las facturaciones mensuales. Para 1982, los responsables de la SS esperan que el aumento de las medidas de control sobre las empresas sujetas a cotización en el Régimen General incremente los ingresos en 24.600 millones de pesetas. Pero su versión discrepa notablemente de las procedentes de medios empresariales, fuentes oficiosas de la Administración y expertos en la materia, más pesimistas en cuanto al nivel de mora y posibilidad de cobro.

Según el tesorero general de la SS, Juan Viñas, dentro de dos meses la inspección podrá empezar a trabajar con métodos más científicos. Ello será posible gracias a la depuración del censo que se ha iniciado a principios de año.Con los datos introducidos en ordenadores sobre las 700.000 empresas y 7,5 millones de trabajadores afiliados, se podrán obtener las principales desviaciones, que serán analizadas en visitas a las empresas por cuatrocientos inspectores.

Morosidad moderada

Juan Viñas afirma que "la morosidad es moderada" y "la situación no es tan mala como parece", después de haber conseguido bajar el nivel de impagados desde el 5% de hace dos años a algo menos del 2% en los últimos meses.

Unidos a las oscilaciones propias de cada año, los avances en este campo han contribuido a incrementar los ingresos del sistema. En febrero y marzo las entradas (por cotizaciones de enero y febrero) han sido de 161.050 y 133.400 millones de pesetas, el 15 y 20% superiores a las de iguales meses de 1981, respectivamente

Sin embargo, los datos sobre morosidad que aporta el tesorero general discrepan con las estimaciones empleadas por sindicatos y expertos de la Administración, que hablan de una deuda acumulada en medio billón de pesetas.

Aún sin entrar en volátiles especulaciones del fraude al sistema, que algunos cifran en un indemostrable 30%, un documento de trabajo del Ministerio de Economía reafirma dicha estimación (véase cuadro adjunto).

Las diferencias de presión, como consecuencia de la morosidad y del nivel de ingresos existente para cada uno de los regímenes de la Seguridad Social, acentúan la ya amplia discriminación a la hora de soportar las cargas generales.

Según datos macroeconómicos correspondientes a 1975, la agricultura soportaba una presión efectiva del 17,1%, la ganadería del 13,2% y la pesca otra del 15,6%. En las mismas fechas, la presión general media era del 20,5%, cifra lógicamente inferior a la de la industria y los servicios, que financian parte de las carencias.

Amplio fraude

Además de subrayar que existe un "amplio fraude" (sobre todo por ocultación de altas, inclusión de trabajadores en una categoría inferior, ocultación parcial de la base de cotización y altas ficticias), el citado documento repite que el fenómeno provoca mayor presión sobre el resto de las empresas.

En consecuencia, estas pueden sentirse incitadas a ocultar parte de las bases e incurrir en "economía subterránea". Concretamente, en 1980 se esperaba recaudar por horas extras el triple de los 6.000 millones de pesetas conseguidos.

Según Viñas, la morosidad mensual es hoy día de unos 3.000 millones de pesetas, frente a los 5.000 de 1979. En cuanto a las cifras acumuladas, las sitúa en cerca de 240.000 millones de pesetas.

De esta cifra, entre 120.000 y 140.000 millones de pesetas proceden de deudas acumuladas sin regularizar, otros 70.000 millones de las regularizaciones acogidas al decreto 22/1979, y otros 30.000 millones de pesetas de aplazamientos posteriores como consecuencia de las reconversiones industriales.

Pero incluso otros departamentos de la SS han manejado cifras mayores. Concretamente, los redactores de la memoria financiera de los Presupuestos 1982 han reconocido que, según los datos que relacionan los trabajadores cotizantes con los dados de alta en el Régimen General, donde se detectan fundamentalmente los impagados, hay una morosidad del orden del 5,53%.

Estas cifras les llevaron a deducir que durante el año se dejarían de ingresar al Régimen 86.581 millones de pesetas, lo que colocaría los ingresos en 1.479.095 millones.

Las discrepancias pueden empezar a explicarse en que, para el tesorero general, "las economías que no están bajo control oficialmente no existen". En su opinión, las empresas y trabajadores que actúan dentro de la economía oculta "son un problema social, pero no financieros". "No le generan ingresos, pero tampoco gastos".

Medidas correctoras

Los redactores de la memoria estiman que, gracias a los medios informáticos puestos ya en marcha y a las últimas medidas sobre inspección y recaudación, podrá ser reducida la morosidad en un punto y medio.

Tales medidas son la Ley 40 de 1980 y el Decreto-Ley 10 de 1.981, que complementaron el efecto del Decreto 2.299 de 1.979, al cual se acogieron aplazamientos excepcionales hasta 1983 por valor inicial de 78.849 millones de pesetas.

Según Viñas, tras el Decreto-Ley de junio de 1981 la morosidad resulta cara a las empresas. Y como cada vez hay menos margen de actuación, es bastante difícil llegar a un objetivo deseable del 1 %.

Frente al anterior recargo inicial único del 10%, que se incrementaba al 20%, al entrar en asunto en vía ejecutiva, la disposición introdujo un recargo del 20%, que se incrementa en otro 20% al año, a lo que se añade otro 25% de costas si el asunto entra en vía de apremio.

Para el tesorero general de la SS, el cambio ha resultado tan decisivo como la mecanización de los requerimientos a las empresas a través del ordenador. Estos empezaron a cursarse con mayor rapidez que anteriormente a mediados del año pasado.

Paralelamente, fue iniciada la potenciación de los planes de inspección. Ya en 1981 se levantaron el triple de actas que el ejercicio anterior. "Aunque todavía estamos lejos de lo que sería de desear, el camino es importante", dice Viñas.

En tercer lugar, el personal dedicado a gestionar la vía ejecutiva en las magistraturas de Trabajo ha aumentado, y en los últimos meses se ha conseguido doblar la recaudación. Los ingresos por este concepto han pasado de 4.500 millones de pesetas a 8.000 millones. Ahora se pretende desde instancias oficiales acelerar dicha vía, pues algunas empresas no pagan hasta que sienten próxima la amenaza del embargo de bienes.

En CEOE se dice que pocos atienden los apremios

Uno de los altos cargos de la CEOE comentó recientemente en privado que, de los 50.000 procedimientos de apremio emitidos mensualmente, las empresas sólo atienden 2.000 ó 3.000, y que muchas ofrecen a los cobradores que se lleven las máquinas. El tesorero general afirma que no sabe de dónde pueden haber salido dichas cifras, cuya inexactitud es notoria a la vista de los datos facilitados.

Pero en otros medios del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social se ha registrado verdadero temor a que los procedimientos de pago provoquen por sí mismos la ruina de las empresas, causando daños mayores a los trabajadores y al Estado.

El propio documento de Economía dice que, ante la elevada morosidad e impago de cotizaciones, unas veces por la alta presión y otras por el bajo coste de la morosidad, "en general, la Administración no ha ejecutado los descubiertos, procurando no crear dificultades adicionales a las empresas en crisis, para tratar de evitar cierres"

Tales impresiones coinciden con las obtenidas recientemente de una intervención de Juan Antonio Sagardoy, en un debate sobre la SS organizado por la Fundación de El Fénix Mutuo. El catedrático de derecho del trabajo dijo que, como ciudadano, le sonroja que los asuntos de Código Penal deban ser llevados a las mesas de negociación para la reforma.

Medidas en negociación y decisión

En este sentido, una de las 78 medidas propuestas por el documento de síntesis que elaboró el profesor Fuentes Quintana al terminar los trabajos de la comisión surgida del Acuerdo Nacional de Empleo para la mejora y racionalización de la SS decía textualmente: "La gestión de los ingresos específicos se inspirará en los mismos criterios y normas que los ingresos tributarios del Estado.

Se establecerán medidas de coordinación entre ambas gestiones y se mejorará la inspección de cotizaciones".

Asimismo, de las 65 medidas estudiadas por el Gobierno dentro de los actuales proyectos de mejora y racionalización del sistema figuran cinco relativas al control de ingresos: un decreto regulador de la responsabilidad empresarial por incumplimiento de obligaciones, otro que determina el procedimiento de recaudación en vía voluntaria, una instrucción que refuerza la inspección sobre afiliaciones y cotizaciones, actuaciones concretas para el control informático de cotizaciones y expedición informatizada de certificados de descubierto, y un decreto para agilizar los procedimientos ejecutivos por descubiertos, en coordinación con los servicios del Estado.

También parece que tratarán de ser corregidas la insuficiente dotación de medios materiales y humanos, así como la falta de especialización de los inspectores. Ambos factores y la escasa idoneidad de la Magistratura de Trabajo como agente gestor de la recaudación en vía ejecutiva eran comentados en el documento de la Administración como fenómenos explicativos del fraude.

Las deudas de cada empresa se mantienen en secreto

En cualquier caso, los responsables de la SS se niegan a dar datos concretos y pormenorizados sobre las deudas de las empresas.

El propio tesorero General dice que, según un dictamen jurídico, es anticonstitucional, pues el párrafo 4 del artículo 18 de la Constitución señala que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".

Para reforzar esta opinión es esgrimido el Artículo 14 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1974), que sólo preve dar información sobre los datos referentes a ellos a "los empresarios y los trabajadores, bien por sí o a través de las unidades sindicales en que estén encuadrados".

Y ni siquiera sobre el nivel de ejercicio de este derecho ha sido posible obtener información.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de marzo de 1982

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