Precario nivel cultural y económico, constante de las mujeres acusadas de aborto en el juicio de Bilbao
Un cuarto de hora después de la hora fijada, a las 10.45 horas de ayer, comenzó, en la Audiencia Provincial de Bilbao, la vista de la causa seguida contra once personas, diez mujeres y un hombre, acusados de estar relacionados con prácticas abortivas. Cuando la procesada Juana Asunción García, preguntada por una de las abogadas sobre qué opinaba del aborto, dijo que "yo no soy quién para juzgar, pero me parece como una playa abierta adonde vamos todos, pero donde nadie está obligado a meterse o a permanecer al sol", y el público irrumpió en aplausos, pudo haberse terminado la audiencia pública, ya que el fiscal pidió que se desalojara la sala.
La actitud del presidente del tribunal, que hizo poner una silla para que los acusados declararan sentados y no ordenó el desalojo de la sala ni a la segunda petición del acusador, pese a que éste dijo: "Señoría, acaban de silbar al ministerio fiscal y esto es intolerable", contribuyó a que el desarrollo de la vista transcurriera, en su sesión de la mañana, de forma pacífica y sin incidentes en el interior de la Audiencia Provincial bilbaína.En las declaraciones de Julia García, la acusada de provocarles los abortos mediante una pera con solución de agua caliente y jabón chimbo -ella discrepa del fiscal y niega que añadiera alcohol a esta mezcla-, el fiscal preguntó si "no es cierto que usted metía los dedos en la vagina hasta tocar el cuello del útero...", y ella dijo, posteriormente, que no sabía "ni lo que era la matriz ni nada". Cuando su defensor preguntó: "De todas las preguntas del ministerio fiscal, ¿ha entendido alguna?", ella respondió, sin dejar de mascar chicle: "Muy poco".
Negó que el número de prácticas abortivas que hubiera realizado fuera de 34, exculpó en todo momento a su hija, también procesada -en esto coincidieron todas las declarantes-, y dijo que cobraba "lo que querían ellas". "Me pegaron, y que hablaría", dijo de los cuatro policías que la detuvieron.
También Antonia, 38 años, casada, sus labores, datos que se repiten continuamente, parece tener problemas de comprensión: "¿Ustedes vivían realquilados?", le preguntó el abogado Pericas. "No, señor, nosotros vivíamos de habitación". Y luego explica: "No tenía yo circunstancias para poder tener más hijos, con el hijo mayor enfermo de pulmón y en una casa húmeda, que teníamos que poner cartones debajo del colchón y en los armarios. Julia no le cobró nada, "vivíamos puerta con puerta", y ni siquiera sabe, según dice, si estaba embarazada.
A María Angel Rodríguez, 38 años, corresponde esta respuesta, cuando el fiscal dice que tenía que saber que estaba embarazada, porque declaró que "venía de recoger unos análisis cuando habló con Julia: "Ni lo niego, ni lo deniego, ni lo afirmo tampoco". Y las primeras riadas de murmullos entre los asistentes, cuando insiste el ministerio público: "¿No recuerda usted lo que dijo entonces, o lo que dijo entonces no recuerda si respondía a la realidad de los hechos?". María Angeles tenía entonces dos niños, uno de un año y otro de tres meses, el marido ganaba 10.000 pesetas y estaban pagando el piso. Julia le cobró 2.000 pesetas, pagadas en plazos de doscientas.
Juana Asunción García y Anunciación Taboada reiteran ante el tribunal lo que habían dicho el día anterior a EL PAIS: los hijos de la primera nacen con hemorragias digestivas. El mayor lleva casi diez años enfermo; al pequeño no lo sacan de cuidados intensivos hasta que cumple cinco meses. Ella no puede tomar anticonceptivos porque tiene una insuficiencia hepática celular.
Anunciación es una historia en la que se le mueren los varones y le viven las herribras. Está también enferma y sus cuatro partos han sido difíciles. Cuando dio su sangre para la transfusión de una de sus hijas le dijeron que "mi sangre era mala y que por eso se me morían". Igual que Josefa, con el marido de baja, por una operación y que se quedó embarazada ahora hace poco más de un año mientras estaba en observación por no tener la regla y en tratamiento por diabetes y obesidad.
Faustina Pérez, que cuenta al tribunal su nivel obrero y carencia de estudios e información sexual y dice que sus anticonceptivos era "la marcha atrás, como suele decirse".
Covadonga Martínez lamenta no haber tenido dinero para solucionar de otra forma su problema, como le dijo la policía al detenerla: "Para haber hecho esto sin complicaciones tenías que haberte ido a Inglaterra".
Antonina Lastra no abortó. Hoy tiene el hijo, pero está acusada de haber intentado que Julia la introdujera el agua caliente con el jabón chimbo y la adición o no de alcohol. Ella niega que quisiera deshacerse del niño, e insiste en que eso lo intentó su madre, pero que ella no se dejó. El fiscal la acusa de haberse sometido a dos pruebas para intentar abortar.
La sesión de la mañana termina con unas pruebas periciales, entre ellas las del doctor Rodrigo González Pinto, que ha examinado a Juana Asunción García y a Asunción Taboada, ha encontrado en la primera depresión, fondos de tipo epiléptico y pérdidas de conocimiento, asi como neurosis depresiva. En la segunda ve torpeza mental, trastornos psíquicos y disminución de su capacidad volitiva. Actúan ambas, en casos como el que ocupa al tribunal, para "tratar de evitar un mal mayor".
También se lee un informe del doctor Sopena, que intenta demostrar que sin una exploración clínica, un análisis biológico, ecografía, localización de huellas o lesiones y comprobación macro y microscópica de resto del huevo no puede hablarse de que ha habido un aborto provocado.
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