Catedráticos contra la LAU

EN MEDIO de la crispada atmósfera que rodea a la ley de Autonomía Universitaria, un nutrido grupo de prestigiosos catedráticos han hecho oír su voz en una misiva pública (véase página 30) que mezcla críticas y observaciones no siempre procedentes en torno al proyecto. El texto recientemente dictaminado en comisión, manoseado mil veces a lo largo de casi cuatro años, acusa defectos, presenta carencias y ofrece flancos débiles. Ahora bien, entre: la modificación, aunque sea modesta, del actual estado de cosas y el mantenimiento en su integridad del detestable statu quo universitario, opción que parecen preconizar los firmantes del manifiesto, resulta preferible la solución reformista. Y aunque los catedráticos digan que serían necesarias generaciones para corregir los efectos de la LAU, creemos que las insuficiencias del proyecto siempre podrán ser remediadas, durante la próxima legislatura, con otras leyes complementarias. Y nada nos parece tan perverso como la actual situación de decrepitud y descrédito de la universidad española.El aspecto más notable del escrito de los catedráticos es su tono casi pasional. El manifiesto llega a decir que la democracia puede terminar apuntillado a la universidad, haciendo gala de desagradecimiento hacia la institución que fue su refugio y amparo bajo el franquismo, con la excepción de la expulsión de los profesores Aranguren, Tierno y García Calvo en 1965. Son las fórmulas -en sí mismas discutibles- para amparar los derechos adquiridos de los profesores los numerarios las que dan lugar a las críticas más virulentas de estos catedráticos, que acusan a las disposiciones transitorias de la ley de arbitrismo, discriminación y demagogia política y de dejar empequeñecidas las denominadas oposiciones patrióticas posteriores a la guerra civil. Los catedráticos, tras recordar con amargura las críticas de que han sido objeto por el carácter vitalicio de sus cargos, pero sin hacer ademán de renunciar a tal privilegio, se encrespan ante la posibilidad de que los actuales no numerarios puedan adquirir las garantías de permanencia derivadas de un contrato laboral o administrativo.

El manifiesto protesta de que UCD y PSOE pactaran de antemano el texto luego dictaminado en comisión. Lo mismo ha sucedido con otros proyectos de ley acordados por centristas y, socialistas, aun sin llegar al caso extremo del anteproyecto de la LOAPA, negociado -con la colaboración de varios importantes catedráticos firmantes del escrito que hoy comentamos- a extramuros del Parlamento. El llamamiento se lamenta, en este caso con razón, de los escasos fondos -menos del 5% del total que restarán a las universidades para su manejo autónomo una vez realizados los pagos de personal y de entretenimiento. Pero no parece que ese problema tenga que ver tanto con esta ley como con la política general presupuestaria. Los firmantes rompen una lanza en favor de una política de tasas, becas y ayudas que asegure una verdadera igualdad de oportunidades y acabe con la subvención indiscriminada a todos los estudiantes. Pero si bien es cierto que la LAU ¡lo remedia la actual situación, también es verdad que la devolución del proyecto al Gobierno tampoco serviría para solucionar un problema que viene de muy lejos y que hasta el momento no había logrado movilizar las ansias justicieras del cuerpo docente universitario.

Las cuestiones de la selección del profesorado, sin embargo, parecen ser las que realmente mueven a la protesta de los firmantes. Aunque es probable que no les falte razón en determinados aspectos, dada la incontinencia de los no numerarios para asegurarse la contratación permante sin necesidad de probar una adecuada experiencia docente, resulta asombroso que los catedráticos no se planteen sus propias responsabilidades corporativas como artífices de ese desolador panorama que ofrece hoy la universidad española. Los catedráticos acusan a la LAU de consagrar una realidad rechazable y de no enarbolar el estandarte de una esperanza de regeneración. Pero esa realidad rechazable no ha sido traída a nuestras tierras por los marcianos, sino que es el resultado de un largo proceso degenerativo en el que no pocos catedráticos, que han ejercido poderosas influencias sobre el Ministerio de Educación, han desempeñado un papel decisivo. Según las estadísticas, de los 28.000 profesores de la enseñanza superior en ejercicio durante el curso 1979-1980, sólo 2.661 eran catedráticos, mientras que unos 19.000 trabajaban como interinos o contratados, muchos de ellos en tareas indistinguibles de las que realizan -o deberían realizar- los numerarios. Los catedráticos se lamentan de que las disposiciones transitorias de la LAU deteriorarán la calidad de la docencia y de la investigación en el futuro. Pero sucede que esa detestable situación es una realidad actual a cuya fabricación han contribuido buen número de catedráticos, que son los que han reclutado a los profesores no numerarios de sus departamentos y quienes han colaborado, seguramente por omisión, a la lentitud en la dotación y provisión por oposición de nuevas cátedras, agregadurías y adjuntas.

El presente y el futuro de nuestra universidad fueron edificados en nuestro reciente pasado, cuando un sector del cuerpo de catedráticos prefirió la comodidad de subarrendar la parte más pesada de la docencia a unos penenes mal pagados y sin estabilidad laboral antes que asumir otras incómodas responsabilidades. No dejaría de ser interesante que los alumnos de algunos firmantes del manifiesto fueran llamados a testimoniar sobre la asistencia a las aulas y la dedicación pedagógica de estos numerarios, entre los que sin duda hay excelentes profesores, pero también cómodos absentistas. La universidad española es en buena medida lo que los catedráticos, que la gobernaron desde los claustros y desde el Ministerio de Educación, quisieron que fuera.

El proyecto de ley de Autonjomía Universitaria ha costado el puesto ya a dos ministros de Educación de los Gobiernos centristas, y parece que puede costárselo a un tercero -si se consigue retrasarlo o retirarlo nuevamente de las Cortes-, pues sería impresentable que el señor Mayor Zaragoza, que taii ardiente y abiertamente ha defendido la ley, permaiieclera en el cargo si no lograra sacarla adelante. Está bastante claro, por lo demás, que la LAU debe satisfacer en la medida de lo posible las aspiraciones de los cuerpos docentes, pero debe sobre todo atender las reivindicaciones sociales que aspiran a mejorar, limpiar y clarificar dichos cuerpos. En una palabra, a evitar que la universidad se convierta también en un grupo de presión al servicio de intereses sectarios o individuales. No dudamos que la LAU es perfectible, y esperanios que sea perfeccionada en el futuro. Pero lo que nos parece, sobre todo, es que es inaplazable. La condición de funcionarios de los catedráticos les debe hacer recapacitar sobre la deuda permanente que tienen sin saldar con esta sociedad. Poner el prestigio científico o intelectual al servicio de intereses corporativos y gremiales es en cualquier caso una actitud poco intelectual y poco científica. Nada universitaria, en una palabra.