Ocho pequeños pesqueros resisten el ultimátum de la Armada para que abandonen su atraque tradicional

El ultimátum dado por la Comandancia de Marina de Santander a ocho pequeños pesqueros que tienen su amarre en la dársena de Puerto Chico para que abandonaran ésta antes de las once de la mañana de ayer no pudo llevarse a efecto ante la oposición de los propietarios de las embarcaciones. A la hora señalada, un sargento de la Armada, acompañado por tres marineros, intentó cumplir la orden, retirándose tras mantener un tenso diálogo con el centenar largo de pescadores que se encontraban en el muelle.El suboficial ordenó a los propietarios de los pesqueros la entrega del rol -documentación oficial del barco necesaria para hacerse a la mar-, a lo que éstos accedieron en un principio, señalando, no obstante, que hacían responsable a la Comandancia de Marina de la pérdida de las artes de pesca que se encontraban en alta mar y que no podrían recoger al retirárseles la documentación. Ante la tensa situación creada, el suboficial optó por devolver la documentación y retirarse del lugar. Fuentes de la Comandancia de Marina de Santander manifestaron que el desa traque de los barcos se llevará finalmente a efecto.

El conflicto entre los pescadore y la Comandancia de Marina de Santander se inició hace menos de dos años, al serles retirada la tarjeta de autorización de amarre en el momento de presentarla para su renovación. La Comandancia de Marina argumenta la resolución de desalojo, que fue entregada el viernes pasado, en la carencia de las tarjetas que ella misma retiró.

Para los pescadores afectados existen unos derechos adquiridos para continuar atracando en la dársena de Puerto Chico -puerto tradicionalmente pesquero, situado en pleno centro de la ciudad y que poco a poco se ha ido convirtiendo en muelle deportivo-, que se han ido cediendo de padres a hijos durante años. En su defensa aducen el artículo 57 de la ley de Puertos de 1928, aún en vigor, por el que se tiene derecho a seguir disfrutando cualquier bien de dominio público que haya venido siendo utilizado durante más de veinte años, aun sin autorización. En opinión de los pescadores, pudieran existir intereses económicos tras su desalojo, dado que mientras que los pesqueros pagaban treinta pesetas al año por los derechos de amarre, las embarcaciones deportivas abonan entre 400.000 y 600.000 pesetas anuales.

No obstante, la posible ampliación del muelle de atraque para embarcaciones deportivas en Puerto Chico, en detrimento del espacio ocupado por los pesqueros, carece, en su criterio, de justificación, al encontrarse el puerto deportivo Marina del Cantábrico con numerosas plazas de atraque vacías. La concesión de los atraques de la dársena de Puerto Chico finaliza el próximo año.