Nuevos síntomas de desconexión administrativa en el tratamiento del síndrome tóxico

El despido de diez trabajadores sanitarios contratados con motivo del síndrome tóxico ha sido acogido en diversos sectores sanitarios como un nuevo signo de la permanente descoordinación y confunsión entre los distintos órganos responsables del control de esta catástrofe, así como el último indicio sobre la necesidad de crear una Dirección Unica del Programa. El Ministerio de Sanidad y Consumo esperaba haber adoptado esta medida antes de terminar el pasado mes de febrero. El retraso, al parecer, obedece a nuevas discrepancias sobre el tema, sobre el cual se decidirá, probablemente, en esta semana, según fuentes oficiosas.

El anuncio de despido de diecisiete enfermeras, dieciséis auxiliares de clínica, cinco administrativos y cinco celadores del Hospital del Niño Jesús, contratados especialmente con motivo del síndrome tóxico, fue comunicado por la dirección del centro sanitario al comité de empresa a finales del pasado mes de febrero, y ha supuesto la primera alerta entre el personal hospitalario sobre el auténtico alcance de la remodelación asistencial generada por el envenenamiento masivo. Estos despidos, por caducidad de los contratos, han quedado finalmente reducidos a los de cuatro auxiliares de clínica, dos celadores y cuatro enfermeras. Los restantes han sido contratados de nuevo.La llamada del Insalud provincial de Madrid a la dirección del Hospital del Niño Jesús para que finiquitase los contratos que hubieran caducado provocó una serie de asambleas de trabajadores en este hospital.

La noticia resultó sorprendente por cuanto dichos contratos corresponden a los que se firmaron en una primera fase del envenamiento masivo, los cuales contemplaban un período de contratación de seis meses y otros tres prorrogables, e incluían una claúsula por la que la contratación quedaría extendida al tiempo que durase la neumonía atípica.

Después de varios días de asambleas y gestiones, el resultado, según fuentes de dicho comité, es que sólo se han ejecutado diez despidos de los 44 notificados en principio, por exigencias de la planificación sanitaria. Los despidos han recaído sobre las personas que llevaban menos tiempo contratadas.

El asunto, no obstante la aparente solución, presenta matices preocupantes y poco claros. Fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad han señalado a este respecto que "no hay despidos de contratados para el síndrome".

El Plan Nacional de Atención y Seguimiento del síndrome es el encargado de realizar los estudios pertinentes y racionalizar los efectivos de personal. Esta racionalización, y según el criterio más extendido en los diversos estratos sanitarios, no sólo tendrá que tener en cuenta las demandas del síndrome, sino las demandas que, en general, ha originado la asistencia sanitaria impartida con motivo del síndrome.

Varios meses sin cobrar

El Plan Nacional de Atención y Seguimiento detectó que ya en el pasado mes de septiembre descendía la avalancha de hospitalizaciones, si bien se incrementaba el cometido de las unidades de seguimiento. Así mismo, que unas áreas tenían más demanda que otras, etcétera. Pero, ¿cuál va a ser la citada racionalización?. De momento, persisten algunas deficiencias importantes: hay numerosas personas que llevan varios meses trabajando, verbalmente contratadas, pero a las que no se les ha firmado el contrato, ni se les han pagado salario alguno; la demanda de servicios de rehabilitación física no ha sido correctamente satisfecha, al menos, cuantitativa o distributivamente, pues se dan casos tan absurdos como enviar a rehabilitación al centro Ramón y Cajal, en Madrid, desde punto tan alejado como Leganés, bien porque no hay plazas en lugares más próximos (Zarzaquemada, 1º de Octubre, Niño Jesús), bien por descoordinación; la asistencia psiquiátrica se sigue resolviendo en algunos centros con simple administración de fármacos que adormecen al paciente, pero no tratan psicológicamente su angustia mediante terapias adecuadas.

El hallazgo de las unidades de seguimiento

El modelo diferente y, hasta ahora inédito en la atención sanitaria, que suponen las unidades de seguimiento del síndrome, pese a todas las deficiencias que aún acusan, supone el embrión del eslabón entre la atención primaria y la hospitalaria, cuya carencia ha sido reiteradamente puesto de manifiesto tanto por el usuario como reconocida por la Administración. El personal que atiende estas unidades tiene una dedicación completa a su trabajo y pretende dar una solución integral al problema de la salud atendiendo al paciente en su medio bio-psico-social, y no exclusivamente dispensando recetas.

Esta rudimentaria estructura improvisada con motivo del síndrome tóxico y que, en cierta medida, convierte a estos pacientes en privilegiados de la asistencia sanitaria comparados con el resto de los beneficiarios; de la Seguridad Social.

Las unidades han realizado historia clínica de los pacientes en numerosos casos (un total de 11.378 en la provincia de Madrid), actuación esta poco frecuente en la asistencia primaria. El promedio mensual de consultas en las dieciocho unidades viene a ser de 16.000, lo que supone una media de trece pacientes al día por médico, cifra que contrasta de forma tremenda con la habitualmente estimada de 60 pacientes a la hora vistos por cada médico del ambulatorio del seguro.

Frente a las posibilidades de una racional reestructuración de dichas unidades y del personal contratado, la multicéfala organización administrativa ha llegado a provocar una alarma de despidos como guinda de la cadena de retrasos en las ayudas a los afectados, la falta de plazas de rehabilitación, la insuficiencia de fisioterapeutas, el excesivo papeleo burocrático para tramitar la catalogación de "afectado", la implicación del médico en esta decisión convirtiéndolo en especie de juez rechazado por el paciente al que atiende, etcétera.

Las fricciones por determinadas competencias y las disparidades de criterios entre los distintos estamentos rectores del seguimiento del síndrome han sido fuertes y en su momento transcendieron a la opinión pública. Tres son las fuentes responsables: El Programa Nacional de Atención y Seguimiento, creado el pasado 20 de agosto, al frente del cual se designó un director con rango de subdirector general, y que quedó integrado en el Instituto Nacional de la Salud (órgano dedicado exclusivamente a asistencia sanitaria); la Oficina de Coordinación, creado con posterioridad y también por real decreto, que entendía fundamentalmente de los aspectos económicos, administrativos y financieros, y cuyo rango era superponible al del director del Programa; y el Ministerio de Sanidad, quien hacía depender directamente de su poder central las comisiones de expertos nombradas para el síndrome y cuyo nexo con la Administración sanitaria se establecía en la dirección general de Planificación Sanitaria, al tiempo que persistía en su papel de supervisor y centralizador general a pesar de la presencia de los nuevos órganos creados en los descarga la responsabilidad de integrar su cometido en el organigrama del propio ministerio.

La falta de una dirección ejecutiva única y responsable queda especialmente puesta de manifiesto desde el seno de la propia Administración con la notoria publicidad de las desconexiones y discrepancias creadas en sus distintos órganos.

El Ministerio de Sanidad se mostró seguidamente decidido a crear esa dirección única, pero, según diversas fuentes consultadas, de nuevo han surgido dificultades para su constitución y dotarla, al menos, de rango acorde al nivel del amplio marco de acciones ejecutivas que debe desarrollar.

Mientras tanto, Manuel Evangelista continúa como director del Programa Nacional aún cuando ya ejerce también la jefatura de los Servicios de Inspección del Insalud, puesto para el que fue recientemente nombrado, tras hacerse público su enfrentamiento con el subsecretario de Sanidad, Luis Valenciano, en relación con la escasa actuación epidemiológica, denunciada por Evagelista a la comisión mixta parlamentaria; Luis Munuera, director general de Planificación Sanitaria, parece a punto de dejar su puesto para ocuparse de su trabajo como traumatólogo; Santiago Molina, interventor de Hacienda, director de la Oficina de Coordinación, espera el plan de racionalización de los contratados para absorber los contratos que van caducando; y en la cúspide ministerial se duda entre crear o no la reiterada dirección única.

El PSOE pide la creación de una dirección general para el síndrome tóxico

"El Ministerio de Sanidad se ha revelado incapaz para abordar la gestión unificada del síndrome tóxico", según una nota hecha pública por la secretaría de Acción Social del PSOE.

Dicha nota, según recoge Efe, tras denunciar "la práctica paralización de las actividades de la dirección del Programa Nacional de Seguimiento del síndrome tóxico en este último mes, en el que no ha tenido un titular con dedicación exclusiva", el comunicado del PSOE reclama que el Gobierno adopte medidas "relacionadas con la creación de una dirección general del plan nacional del síndrome tóxico con competencias interministeriales".

Asimismo, el PSOE solicita el nombramiento, con carácter de urgencia, del responsable de dicha dirección general, y dedicación exclusiva de su titular, así como que el nombramiento sea realizado por el Consejo de Ministros y dependa orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, "ya que el Ministerio de Sanidad se ha revelado incapaz para abordar la gestión unificada del síndrome tóxico".