La difícil conservación del patrimonio amenazado

La disposición aprobada por el último Consejo de Ministros según la cual el Estado, la Seguridad Social y los Organismos Autónomos recibirán cada trimestre una relación de inmuebles con valor artístico, para ser adquiridos e instalar en ellos servicios públicos, es sólo un paso de los muchos previstos para la conservación del amenazado patrimonio cultural español.

El Ministerio de Cultura, del que procede la iniciativa, compromete así a la Administración en la ocupación de edificios históricos, en vez de construirlos de nueva planta. Aunque de una manera indirecta, la medida incrementará los presupuestos de restauración, todavía muy escasos. La disposición aprobada el pasado viernes refleja, además, el interés que las autoridades culturales tienen de adelantar algunos aspectos de la proyectada Ley de Patrimonio, que encuentra dificultades políticas en su tramitación por el Parlamento y que puede eternizarse allí.Otras disposiciones que podrían separarse del proyecto, por su urgencia, se refieren al 1% cultural y a la regulación más eficaz del pago de impuestos mediante obras de arte.

Las instrucciones contenidas en el acuerdo del Gobierno determinan que, cuando necesiten inmuebles para la ubicación de servicios públicos, dependientes de organismos de la Administración, se deberá tener en cuenta de manera prioritaria la posible adquisición de edificios histórico- artísticos incluidos en la relación tremestral del Ministerio de Cultura. El examen de cada adquisición se atribuye a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos que deberá estudiar las características del edificio frente a las necesidades funcionales de los servicios que haya de albergar. Esta medida es, por otra parte, continuación de otra adoptada en enero sobre la rehabilitación del patrimonio histórico mediante créditos a largo plazo y tipo de interés bajo.

La Ley de Patrimonio, que debió ser aprobada por las Cortes en la legislatura anterior, no prosperará en la actual al no ponerse de acuerdo los distintos grupos políticos sobre su contenido. Los problemas principales se referirían a las competencias que quedarían en manos del Estado una vez hechas tocias las transferencias a las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, esas dificultades no deben congelar legislaciones de otro tipo, que, por ser muy urgentes, según reconoce el propio director general de Bellas Artes y Patrimonio Histórico-Artístico, "deberán negociarse entre los grupos o sacarse adelante mediante decretos. Javier Tusell se refiere, en primer lugar, a la regulación de las inversiones que deberá hacer el Estado en temas culturales (el 1% cultural ya mencionado), a una nueva normativa fiscal en, por ejemplo, el pago de los impuestos mediante obras de arte, y al tratamiento que debe recibir el coleccionismo, frenado, al menos en su transparencia, por el impuesto de lujo actual, del 26 %/, que retrae las compras y hace clandestinas las transaciones.