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Editorial:

La única manera

HAY OCASIONES en las que atinar en un diagnóstico o acertar en una predicción produce más disgusto que complacencia. Los incidentes ocurridos en el día de ayer -precisamente la fecha del aniversario del 23-F- en la sala donde se juzga a los implicados en el golpe de Estado frustrado no hacen sino confirmar los riesgos que rodean la ceIebración de la vista oral y las amenazas que se ciernen incluso sobre su conclusión. Las propuestas, a las que este periódico se sumó públicamente en vísperas del comienzo del juicio, para que toda la Prensa que apoye la legilidad constitucional negociara un acuerdo voluntario y público sobre los criterios generales de tratamiento informativo de la vista fueron lo mismo desoídas por la candidez de algún periódico que tergiversadas por la malicia de otros; y no se trataba precisamente de los órganos más lejanos del sentir y de los dictados del Gobierno, si es que van quedando diarios de ese género. El fracaso de esa tentativa de acuerdo facilita ahora los pre textos de quienes tratan de suspender el juicio. Se halla fuera de toda duda que quienes se proponen entorpecer el normal desarrollo del proceso del 23 de febrero siempre encontrarán subterfugios, por absurdos que resulten, y esgrimirán mil disculpas, por descabelladas que sean, para alegar la indefensión de los procesados o provocar tensiones y crispaciones dentro y fuera de la sala. Ayer le correspondió el turno a la Prensa, y mañana puede tocarle la china a la clase política. Creemos, sin embargo, que hubiera sido preferible dificultarles esa labor, con independencia de su previa voluntad de crear artificiosos incidentes, mediante una concertación de los medios de comunicación democráticos, encaminada a la vez a facilitar a los lectores toda la información Fidedigna disponible, a mantener un clima de serenidad en la sociedad española y a presentar una imagen internamente coherente de la Prensa constitucionalista -agredida en su conjunto por el manifiesto de los cien hace poco más de dos meses-; respetando por lo demás las pecullaridades y la individualidad de cada medio, cuyos profesionales, y no los funcionarios del Gobierno, saldrían fiadores de la honestidad informativa en torno al caso.Esto no se hizo, y es una lástima, porque ahora la solidaridad se busca legítimamente desde la agresión que ha sufrido la libertad de informar, pero también desde la incómoda sensación de que quienes pretenden subvertir y derribar el régimen de libertades operan con mayor astucia y conjuncion que muchos de los que enfatizan proclamas sobre la propia libertad mientras ponen en juego la de todos. A este respecto no está de más señalar que la frivolidad no está prohibida por las leyes y es quizá hasta un derecho. La extensión de la frivolidad, sin embargo, hace pelígrar las leyes mismas cuando sectores violentos o subversivos instrumentan sobre la frivolidad ajena e inoperante la propia y criminal. Estas cosas se sabían de antemano, y es lamentable tener que recordarlas ahora.

Por lo demás, la suspensión durante unas horas del juicio oral que se celebra en el Servicio Geográfico del Ejército, provocada por la unilateral decisión de los procesados y de sus letrados de no comparecer en la sala como protesta por una información aparecida en nuestro colega Diario 16, sirve para ilustrar las bien conocidas diferencias, de hecho y de derecho, que existen entre la jurisdicción ordinaria, encomendada al poder judicial en el estricto sentido que el ordenamiento constitucional confiere al término, y los tribunales militares, que someten a la potestad disciplinaria y sancionadora de sus compañeros de armas a los hombres de la milicia incursos en presuntos delitos. Un tribunal ordinario hubiera, posiblemente, requerido a la fuerza pública para conducir a los procesados hasta la sala, y la vista habría proseguido, aun sin su presencia, en el caso de resistirse a cumplir esas órdenes. El presidente del tribunal militar, con probable buen sentido político, evitó que un teniente general, dos generales de división y una treintena de jefes y oficiales fueran conducidos, esposados, ante su presencia. No cabe duda de que el tribunal en este caso ha tratado de actuar con cautela para que el juicio no fuera suspendido. Ahora se ve que no es mentira ni dramatismo inútil señalar que del desarrollo y conclusión de la vista pende la estabilidad política de este país y la normalidad democrática que comporta la sumisión del poder militar al civil. Pero por lo mismo, la decisión de expulsar de la sala al director de Diario 16 resulta de todo punto injustificada, y si no es rectificada de inmediato puede augurarse, sin mucha dificultad, que días más penosos nos aguardan ante la nueva sensación, no menos incómoda que las anteriores, de que la voluntad de los acusados de gravísimos delitos se impone sobre toda lógica y enseñorea la propia sala del juicio.

Porque el representante de Diario 16, su director en este caso, no había alterado con su comportamiento en la sala la celebración de la vista y, por tanto, siendo un hecho ajeno a la misma lo que provocaba la airada petición de los defensores, no existían motivos procesales que justificaran su expulsión. Solo la prudencia política que se le supone al presidente del tribunal nos impedirá decir que se ha cometido una arbitrariedad. El pretexto esgrimido por los procesados y sus letrados no se tiene en pie, ya que la noticia publicada por Diario 16, aunque relacionada con el asalto al palacio del Congreso, para nada interfiere la actuación del tribunal, que sólo coirioce los hechos acreditados en el sumario y no va a dictar su sentencia más que sobre los resultandos de tales acontecimientos debidamente probados. El capitán Alvarez Arenas, por su lado, tiene a su disposición las correspondientes acclones penales para querellarse por presuntas calumnias contra quien desee, como ya ha intentado sin éxito el teniente coronel Tejero, sin que la defensa de su comportamiento y la protesta contra un periodista deban adoptar la peregrina forma de arrastrar a sus compañeros de sumario a un plante colectivo para detener, aunque sólo sea por unas horas, la comparecencia a juicio.

La prioridad de los actuales momentos es que el juicio se celebre, que ningún acontecimiento exterior o interior lo interrumpa y que el tribunal militar dicte sentencias justas. La sociedad española y la Monarquía parlamentaria sólo podrán instalarse en la normalidad después de que el juicio del 23-F haya sido cerrado con una sentencia firme. Sería un crimen de lesa patria que la torpeza de unos y la malicia de otros contribuyeran a arrastrar interminablemente un proceso por rebelión militar, cuya conclusión, durante el anterior régimen, hubiera sido cuestión de días, y con la pena de muerte incluida en, los códigos. La tesis de que no sólo los sectores golpistas, sino también algunos aprovechados del partido del Gobierno, tratan de alargar esta historia con objetivos electorales debe ser refutada.

En este convencimiento sobre la necesidad urgente de juzgar y castigar a los culpables se basa la decisión de EL PAIS de seguir informando sobre la vista, cuyo principio de publicidad se vería, no obstante, gravemente dañado si se aplicara una selectividad casuística y fundamentada nada más que en la protesta de quienes agredieron a tiros la legalidad constitucional. Hay una manera, y nos tememos que una sola, de solucionar lo que interpretamos como una decisión inaceptable en el terreno jurídico, aunque estuviera sin duda destínada a evitar miles mayores. Y esta manera es la devolución inmediata de las credenciales al director de Diario 16 para que se reincorpore a sus tareas como informador en el proceso. Porque no son los periodistas, sino los encausados, quienes están compareciendo en juicio; y no son los procesados o sus letrados, sino los miembros del tribunal, los encargados de hacer guardar sala a los periodistas, famillares, observadores y curiosos que asisten a esta audiencia pública.

Que el juicio se vea y que se vea en condiciones son dos exigencias mínimas a las que tiene derecho este país, cuyo cuerpo social se ha visto agredido tan brutalmente por el golpismo. Ya sabíamos que no iba a ser fácil ni grato. No nos dediquemos, por acumulación de errores o de debilidades, a hacerlo imposible.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de febrero de 1982