El Gobierno francés someterá el próximo martes a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de la Ley de Nacionalizaciones

El Gobierno francés solicitará el próximo martes el voto de confianza de la Asamblea Nacional al presentar el nuevo texto de la ley de nacionalizaciones. Recurrirá al método de urgencia denominado voto bloqueado, ya empleado en tiempos de la V República pero del que el mitterrandismo echa mano por primera vez. La mayoría absoluta socialista en el hemiciclo le garantiza al primer ministro, Pierre Mauroy, un escrutinio favorable. El conservadurismo de los nueve miembros del Consejo Constitucional ha politizado su decisión de que la ley de las nacionalizaciones, ya aprobada por el Parlamento, ha de ser modificada.

El presidente François Mitterrand considera esta ley como una de las dos reformas esenciales de su política y como la viga maestra de su estrategia económico-social-industrial. El pasado sábado, el Consejo Constitucional, la asamblea máxima que vigila la constitucionalidad de las leyes, suprimió más o menos parcialmente siete de los 51 artículos de la ley de las nacionalizaciones, por considerarlos anticonstitucionales. La modificación más importante se refiere a la forma de indemnización de los cinco grupos industriales, 36 bancos y dos grupos financieros (Suez y Paribas) cuya nacionalización está prevista.A pesar de que en algunos medios financieros se había considerado justa esa indemnización, el Consejo Constitucional la valoró como escasa y anuló los tres artículos relativos a esta cuestión. El Gobierno ha asentido (las decisiones del Consejo son inapelables) y, según la nueva valoración aprobada ayer por el Consejo de Ministros, el Estado tendrá que pagar alrededor de unos 10.000 millones más de francos (170.000 millones de pesetas). El total que se había calculado, según la primera fórmula de indemnización, era de unos 60.000 millones de francos (más de un billón de pesetas). Indemnizaciones El Gobierno ha cambiado los otros cuatro artículos de la ley en el sentido que le indicó el Consejo Constitucional. Tres de ellos estipulan como novedad que los futuros dirigentes de las empresas nacionalizadas no podrán tomar la decisión, ellos solos, de vender las filiales extranjeras de los grupos nacionalizados. Estarán controlados por el Parlamento. El último capítulo anulado se refería al campo de las nacionalizaciones bancarias. El Gobierno había excluido a tres establecimientos mutualistas o cooperativos, y ahora tiene que incluirlos. El problema mayor es el de las indemnizaciones. Como la nueva forma de indemnización prevé que el Estado debe tener en cuenta las cotizaciones en bolsa de los ocho meses anteriores a la elección de Mitterrand, diecinueve de las 36 bancas nacionaliza das quedan, de momento, en el sector privado, ya que no cotizaban. Sólo en enero de 1983 cuando se haya elaborado otro tipo de cálculo, podrán ser nacionalizadas. De: todas maneras esas diecinueve bancas, cuya na cionalización se retrasa, no representan un volumen económico-financiero sustancial.

El otro gran obstáculo para el Gobierno lo constituye el retraso que supone en la gestión del sector nacionalizado, con las consiguientes repercusiones en la economía nacional, el veto del Consejo Constitucional. Por ello, el Gobierno decidió ayer solicitar el voto de confianza de la Asamblea, al exigir que los 51 artículos de la ley reformada se aprueben por medio del llamado voto bloqueado. El articulo 49 de la Constitución autoriza al Gobierno para utilizar este procedimiento, según el cual un proyecto de ley se somete a discusión, pero no se admiten enmiendas, a excepción de las que el Gobierno esté dispuesto a aceptar de antemano. Desde que el Consejo Constitucional pronunció su veredicto el sábado pasado, ¡os socialistas han arremetido contra un foro integrado únicamente por personalidades del antiguo poder. A pesar de ello, las reformas hechas por los dirigentes mitterrandistas de los siete artículos anulados ya fueron examinadas y aprobadas ayer por el Consejo.

La polémica en curso, en la que los nueve del Consejo se consideran insultados, en la que los socialistas piensan que estos últimos "trabajan para el gran capital", y en la que la oposición atiza el fuego, pudiera desembocar en una crisis institucional en el peor de los casos.