Rápida aprobación de los Presupuestos del Estado en el Senado,

La totalidad de los vetos presentados a las diversas secciones de los Presupuestos Generales del Estado fueron rechazados en el Pleno celebrado ayer por el Senado. Las partidas relacionadas con los Ministerios de Justicia y de Educación, así como el Fondo de Compensación Interterritorial, fueron las cuestiones más debatidas, aunque en todos los casos predominó el criterio de permitir la rápida aprobación de todas las secciones.

En Educación, el socialista Bevia Pastor afirmó que el presupuesto de este Ministerio no sirve, porque marca la continuidad de la «discriminación e injusticia». Denunció especialmente que se contemple la creación de 20.000 puestos escolares para 1982, cuando, en su opinión, serían necesarios 300.000, y agregó que, mientras el Presupuesto aumenta con respecto al año anterior en un 13,6%, las subvenciones a la enseñanza suben en un 26,5 %.El centrista Ubaldo Nieto de Alba expresó, en cambio, su satisfacción por las subvenciones para la gratuidad de la enseñanza que se contemplan en el presupuesto, recordando que, de los dos millones de alumnos de la enseñanza privada, un millón y medio reciben subvención, «lo que hace posible el principio de igualdad de oportunidades».

Sometidas a votación las propuestas de veto en este capítulo, fueron rechazadas por la Cámara. Se produjo una ruptura de la disciplina de voto en UCD, al abstenerse seis senadores socialdemócratas, que han causado baja en el partido centrista, pero que continúan en el grupo parlamentario de UCD en el Senado.

En lo que se refiere a entes territoriales y al Fondo de Compensación Interterritorial, el ministro de Hacienda hizo uso de la palabra para afirmar que no se ha cumplido la previsión de enviar el proyecto (le ley del cupo de la comunidad autónoma vasca para el próximo quinquenio debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y UCD con la oposición. Ante ello se ha traído a las Cortes una estimación unilateral del cupo para 1982, realizada con los Mismos criterios que la de este año, y de acuerdo con lo que estaba previsto para el caso de que no se produjera un consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias.

En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial -informa Efe- se habían presentado varios vetos. El senador Ollora argumentó que, técnicamente, dicho Fondo está mal construido, ya que se trata simplemente de una presentación distinta de recursos y proyectos que, en principio, iban a integrarse en su mayoría en los presupuestos de los respectivos ministerios. Afirmó que el Fondo tiene un «marcado carácter neocentralista», ya que sus recursos van a pasar por innumerables niveles de control central, y se quejó de que no se conoce una estimación fiable de las inversiones de conservación, mejora y sustitución.

Los pactos UCD-PSOE

Tras breves intervenciones del portavoz socialista, Juan José Laborda, y del senador centrista Julio Nieves, que respondió a los anteriores oradores, habló el ministro de Hacienda, Jaime García Ahoveros. Afirmó en primer lugar que el Gobierno ha traído al presupuesto el auténtico Fondo de Compensación Interterritorial, con todas las características del proyecto de ley que conocen los parlamentarios y que está pendiente de debate en las cámaras legislativas.

García Añoveros añadió que el Gobierno lo ha presentado así porque así estaba pactado con UCD y PSOE, y el pacto señalaba que debían incluirse en los Presupuestos del año 1982. Se mostró contrario a la idea de que el Fondo perjudica a las zonas más subdesarrolladas e indicó que, en caso de vetarse esta sección, «se podrían esfumar 180.000 millones de pesetas de inversión».

El veto a esta sección fue rechazado, con la abstención del Grupo Socialista y de los senadores socialdemócratas de UCD. Una vez finalizada la discusión de los vetos a las diferentes secciones, la Cámara pasó, sin descanso, a la discusión y votación de las, distintas enmiendas presentadas al articulado de estos Presupuestos Generales del Estado para 1982.

El Grupo Socialista se mostró bastante crítico con la partida destinada al Ministerio de Justicia. Según miembros del citado grupo, este presupuesto coloca a la acción judicial «al borde del colapso» y demuestra, siempre según ellos, que no hay voluntad política de resolver los problemas.