Los Presupuestos del Estado y Andalucía

En un primer y elemental análisis ya se sabe que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son los gastos previstos para un año determinado, 1982 en este caso, que, en comparación con los ingresos, puede arrojar un balance cero, positivo o de déficit. Desde este punto de vista cabe plantearse si es posible y conveniente mantener, aumentar o disminuir ingresos y gastos y modificar el balance. La respuesta a las distintas alternativas tendrán que estar en función de a quién beneficiarían o perjudicarían tales medidas. Es decir, la cuestión capital estriba en la distribución del PGE, y esto a dos niveles: la relación inversión pública/privada, por un lado, y la distribución territorial, por otro.El Estado español se caracteriza por las fuertes diferencias interterritoriales, cuya solución no puede esperarse del libre juego de la economía de mercado (generadora o, cuando menos, potenciadora de las dependencias internas), que invierte allí donde obtiene mayores beneficios, creando causaciones acumulativas. La rotura de los círculos viciosos del subdesarrollo sólo será posible con una fuerte inversión pública, que cree puestos de trabajo donde más se necesitan por medio de empresas públicas bien administradas (el argumento de la mayor rentabilidad de la privada no es válido como principio, sino en función de una mala gestión pública). A pesar de todo esto, los PGE para 1982 suponen una regresión respecto al año anterior en inversiones públicas: 25% y 31%, respectivamente.

Sobre distribución espacial, sólo el 72,8% de las inversiones reales está regionalizado, cuando es indudable que todo el PGE debe tener una plasmación territorial (incluyendo la capital estatal), salvo que una parte del mismo no tenga más dimensión que los pocos metros cuadrados de un corto número de personas. Si se cumplen las previsiones, Andalucía recibirá el 13,6% de las inversiones reales, lo que es inferior a lo que le corresponde en extensión y población dentro del Estado. Nada se dice del Plan de Urgencia de Andalucía (PUA), mientras sí se reservan varios miles de millones para la reconversión industrial, que obviamente irá a parar a las zonas industrializadas.

El Fondo de Compensación Interterritorial emplea medios insuficientes y realiza un reparto que nada tiene que ver con la ley de Ordenación Financiera de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que preveía una distribución teniendo en cuenta la renta, tasas de emigración, extensión, etcétera. El Fondo de Compensación ni es en realidad un fondo aceptable, ni va a compensar nada.

Mientras tanto, en Andalucía la tasa de paro pasó del 15,3% en 1979 al 18,4%. en 1980 y el 21%, aproximadamente, en lo que va de año. Se mantiene la limosna del empleo comunitario, cuyos inconvenientes ya hemos manifestado en otras ocasiones, y se aplican medidas coyunturales a problemas estructurales y seculares. En relación a la sequía, tema candente en el campo andaluz, no basta con parches o ayudas momentáneas; es necesario prever las irregularidades climáticas (estamos precisamente en una zona de fuerte irregularidad, sobre todo pluviométrica, tanto a nivel estacional como interanual, y esto se sabe hace mucho tiempo), aumentando el número de embalses (acondicionándolos expresamente, si fuera preciso), repoblando amplias zonas deforestadas para crear reservas hídricas, etcétera.

Hay que señalar dos fallos de tipo económico del Gobierno central respecto a Andalucía: uno, que da la impresión de que el Estado concede algo a alguien que nada tuviera que ver con ese Estado, es decir, como si fuese cosa distinta. Como si se pidiese desde fuera y hubiese que medir, escatimar, regatear, engañar... El otro es la no explotación de la potencialidad económica andaluza a muchos niveles, manteniendo una división del trabajo dentro del Estado muy discutible.

Esta es la razón de las movilizaciones -encierros, asambleas, etcétera- que vienen desarrollando los jornaleros desde el 23 de noviembre en la provincia de Cádiz ante la grave situación del campo andaluz, reflejada en esos 124.000 jornaleros en paro, a lo que hay que añadir la angustia y desesperación de miles de campesinos a causa de la prolongada sequía. Debe ser ahora, con la discusión del PGE -aún pendiente del Senado-, cuando se deben reflejar estos aspectos para que en el futuro dejemos de mirar al cielo y depender de la limosna y la emigración.

Ahora se está a tiempo, y en Andalucía sí son posibles las soluciones.