La sanidad, entre la autonomía y el centralismo

Hará cosa de un mes, en un congreso de administradores de hospitales celebrado en Valladolid, se llegó a la conclusión de que la verdadera puesta en marcha del proceso autonómico constituía la última oportunidad de conseguir una racionalización del funcionamiento del sistema sanitario del conjunto del país. No hemos tardado en comprobar que esta esperanza no es compartida por todo el mundo. Por lo menos no lo es por los componentes del Consejo de Ministros inmediatamente anterior al actual, que en su última reunión, celebrada el 27 de noviembre pasado, aprobaron decretos en virtud de los cuales se reserva a la Administración central las principales funciones decisorias en materia de salud pública y de asistencia sanitaria, se estructura una «alta inspección» común para municipios, diputaciones, entes preautonómicos y gobiernos autónomos y se crea un consejo de coordinación del que cada una de las comunidades autonómicas o preautonómicas tendrá derecho a designar un miembro de un total de cuarenta.No es necesario ponderar la importancia de este intento de recorte de competencias que, en muchos casos, ya fueron o han sido transferidas a las comunidades autónomas antes de la vigencia de los respectivos estatutos. Pero, a pesar de la gravedad de estos hechos, más graves resultan, si cabe, a mi entender, los argumentos contenidos en el preámbulo, que son sin duda un calco de la filosofla política que inspiró el proyecto de la LOAPA y, por ende, un intento subrepticio de su aplicación antes de que el poder legislativo se haya pronunciado al respecto. De hecho, una sola y única razón legal (reducida a un solo aspecto muy concreto) aparece en el referido texto: una resolución aprobada en el tristemente célebre «debate de la colza» que obligaba al Gobierno, en un plazo no superior a tres meses, a crear una comisión coordinadora encargada de evitar en lo posible la repetición de tamaños desastres. Es curioso comprobar, desde este punto de vista, que el lamentable y trágico episodio de intoxicación alimentaria colectiva, acaecido en tierras hermanas, dependientes directamente de la responsabilidad de la Administración central, se utilice ahora para intentar recortar las competencias de unas administraciones autónomas que no se han visto directamente implicadas en un problema sanitario de este tipo.

Las críticas a la pasada Administración centralista de la sanidad española son fáciles no ya para un especialista, sino para cualquier ciudadano. Limitándome a campos que me son conocidos, puedo dar fe de su escaso o nulo interés para perseguir la presencia de estrógenos en determinados alimentos. Puedo recordar que en una disposición relativamente reciente (27 de abril de 1981) seguía autorizándose el empleo del ácido bórico como conservador del marisco, cuando tal producto no puede utilizarse, desde hace tiempo, en ninguno de los países de la Europa comunitaria a la que tanto nos queremos parecer. Y puedo asegurar que se han seguido elaborando listas de aditivos permitidos con criterios que distan de ser paralelos a los que privan en el mundo occidental. Seguimos sufriendo de una incidencia y prevalencia de infecciones crónicas, como la tuberculosis y la lepra, más propias de países del Tercer Mundo que del continente al que pertenecemos. Se ha avanzado, sin duda, en otros aspectos; por ejemplo, en el terreno de la asistencia sanitaria se han construido, en un período de tiempo relativamente corto, un considerable número de hospitales a cargo de los presupuestos de inversiones de la Seguridad Social. Pero puedo dar fe de que, por lo menos en Cataluña, los criterios de planificación han brillado por su ausencia.

Dejando aparte el hecho, fácilmente demostrable, de que el número de camas de los centros propios es inferior, proporcionalmente, a la mitad de las que hay en el resto del Estado, cabe señalar que se han dejado totalmente desasistidas numerosas comarcas, que se han construido hospitales donde no era menester hacerlo y que se ha acabado la obra de por lo menos dos (uno de 1.200 camas en Badalona y otro de setecientas en Lérida), que tardarán todavía un año en entrar en funcionamiento, ya que, acabados como están, no se dispone de los accesos para llegar hasta ellos ni de las fuentes energéticas necesarias para ponerlos en funcionamiento.

No es extraño que, personalmente, me sienta mucho más próximo a los criterios del congreso de Valladolid que a los intentos de reasunción de competencias por parte de la Administración central. Yo también estoy convencido de que sólo con la potenciación del proceso autonómico se podrá conseguir, en el campo de la Sanidad y en tantos otros, que los servicios públicos funcionen con una mayor eficiencia. Debe darse, obviamente, un margen de confianza al nuevo ministro de Sanidad y Consumo y me gustaría poder creer que el señor Calvo Sotelo, tal como anunció en su última conferencia de Prensa, desea una aproximación a las minorías nacionalistas. No creo que la publicación de los repetidos decretos constituya precisamente un acto de buena voluntad en tal sentido. Admito, evidentemente, que al Estado le corresponde dictar la legislación básica sobre Sanidad y sobre Seguridad Social, tal como señala nuestro estatuto, que, no se olvide, otorga a la Generalidad la facultad de desarrollarla y, en todo caso, de ejecutarla. Pero para que todo ello sea posible, me parece imprescindible un cambio de mentalidad por parte de algunos de los prohombres políticos de los partidos de ámbito estatal: los estatutos de autonomía no son una norma descentralizadora, sino un pacto legislativo que transfiere a las comunidades autónomas una parte sustancial de las competencias del Estado. Espero que si se produce este cambio y si este deseo se transforma en realidad, podremos entrar en una vía fructífera de colaboración por el bien de la sanidad del país. Y espero también que si se da tan anhelado cambio no se produzcan más lapsos epistolares como el que he tenido ocasión de comprobar tres o cuatro líneas por encima de la firma de una alta personalidad que se refería -oh manes de Freud- a la «Consejería de Sanidad» de la Generalidad de Cataluña.