Las universidades de la Iglesia se sienten discriminadas, según el rector de la Pontificia de Salamanca

El estatalismo español en materia educativa provoca, según el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, un efecto discriminatorio contrario a lo que establece la Constitución. Esta desigualdad, manifiesta Juan Luis Aceval Luján, aumentará y se reforzará con la aprobación del texto de la LAU, cuya discusión sólo frenan, según su opinión, los conflictos internos de UCD.

La universidad del Episcopado español discrepa en tres aspectos generales de la ley de Autonomía Universitaria cuyo último texto conoció el consejo de rectores en el mes de octubre: las ayudas económicas del Estado a las universidades privadas, la selección del profesorado de las mismas y la titulación de los alumnos, no reconocida hasta que no superan las pruebas establecidas por un tribunal mixto.Sin embargo, el rector de la Universidad Pontificia ha unido su voz a la del resto de rectores españoles que solicitan la promulgación de la LAU porque considera que existe un vacío legal que impide el funcionamiento de la Universidad. «Una vez que exista una base, cada universidad mostrará las razones de su desacuerdo, pero, al menos, podrá comenzar su andadura».

«El texto conocido de la LAU induce a creer que no habrá ayudas a las universidades privadas a caro ' o de los presupuestos del Estado», manifiesta don Luis Aceval. «Esto va en contra del artículo veintisiete de la Constitución», y argumenta: «Si el Estado subvenciona empresas deficitarias, también debería hacerlo con estos centros, en los que estamos realizando una labor cultural digna, prestamos un servicio a la sociedad porque formamos buenos profesionales y nuestros alumnos no le cuestan un duro al Estado».

La Universidad Pontificia de Salamanca tendrá este curso unos qastos totales de 144.600.000 pesetas. Los ingresos en concepto de matrículas se elevan a 31 millones de pesetas, siendo el precio de cada una de ellas superior en unas 5.000 pesetas a las de las facultades estatales. La Conferencia Episcopal corre con el 45% de los gastos y cubre cada año el déficit existente con cargo a los presupuestos del curso siguiente. Este año se calcula el déficit en 45 millones de pesetas.

Excesivo control académico del Estado

La universidad cuenta con la ayuda de un patronato que colabora con 1% o 2% de la cifra total y prevé que el Ministerio de Educación les conceda una docena de millones procedentes de presupuestos destinados a centros no estatales y a investigación. Cada curso las autoridades académicas y religiosas que intervienen en los actos inaugurales repiten la difícil situación económica por la que atraviesa su institución. Apelan al interés que ha demostrado Salamanca y su región por el centro y solicitan de las autoridades civiles su colaboración en el sufragio de los gastos. Con ello han conseguido subvenciones y ayudas ocasionales como la de cinco millones de la Diputación Provincial, un millón del Ayuntamiento de la ciudad y la condición de publicaciones con la Caja de Ahorros. Sin embargo, el rector de la universidad se encuentra muy disgustado con el Consejo General Castellano-Leonés, que no le ha concedido ninguna ayuda, pese a su invitación a solicitarla.Los estudiantes de la Universidad Pontificia han de revalidar su título al terminar la carrera. «Con el tribunal mixto el Estado, en realidad, examina a los alumnos a los profesores», manifiesta Juan Luis Aceval, mostrando su desacuerdo con la. existencia de esta prueba. «En la enseñanza media no ocurre esto, y en nuestro caso no se reconoce a unos profesores por el hecho de no ser funcionarios estatales», y continúa, «pese a que podamos optar por tener una cuarta parte del profesorado habilitado por el Ministerio para lograr la supresión del tribunal, queremos formar nuestro propio profesorado».

Los concursos de cátedra de la Universidad Pontificia son abiertos, y a los candidatos se les pide un mínimo de docencia, el currículo y la memoria. El tribunal está compuesto por un alumno y un profesor de la facultad correspondiente, un perito, una autoridad académica y un obispo, presidente de comisión. El rector de la Pontificia opina que por esta y otras razones se evitan las tensiones generadas en las oposiciones de la Universidad del Estado.

Los sueldos de los enseñantes son sensiblemente inferiores a sus compañeros de la universidad civil, cobran una tercera parte del que les correspondería en ésta. Las características ideológicas de la enseñanza impartida en todos los centros dependientes de la Universidad son, según su rector, claras: «Existe libertad de cátedra, dentro del humanismo cristiano».