El Ministerio aprobó las normas electorales de la Universidad de Oviedo

Las normas para elegir al rector de la Universidad de Oviedo, que han sido impugnadas por la Asociación de Catedráticos en una asamblea en la que sólo estuvieron presentes once de sus 95 miembros, fueron aprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y recibieron el enterado de la junta de gobierno de la universidad. Por este motivo, la legalidad de las normas es defendida por la abogacía del Estado de Oviedo.

Previamente, la secretaría general de la universidad había solicitado del Ministerio unas normas para proceder a la elección del rector, recibiendo como respuesta el encargo de un proyecto que tuviera en cuenta la composición de los claustros que elaborarán los estatutos en las universidades, previsto en el proyecto de la ley de Autonomía Universitaria. El citado proyecto recibió posteriormente la aprobación del Ministerio de Educación, y en cuanto tuvo la conformidad de la junta de gobierno se abrió el proceso electoral, actualmente suspendido por un auto de la audiencia territorial de Oviedo, mientras se pronuncia sobre la legalidad de las citadas normas.Medios próximos al sector de catedráticos más progresistas manifestaron ayer que la legalidad vigente invocada por la asociación no es tal, puesto que los estatutos de las universidades se encuentran derogados en lo relativo a la elección del rector por un decreto de 1972, mediante el cual el ministro recuperaba, de hecho, la facultad de libre designación. «Por esta razón», argumentan los mismos medios, «hemos pedido al Ministerio de Educación que nos indicara por qué normas habríamos de regirnos en estas elecciones».

El presidente de la Asociación de Catedráticos recordará que cuando se presentó como candidato a otras elecciones, en las que resultó elegido Teodoro López Cuesta, fue preciso recurrir a unas normas especiales, porque los estautos de la universidad estaban derogados en ese punto.

«La impugnación», agregan los mismos medios, «tiene como finalidad dificultar la tramitación parlamentaria de la ley de Autonomía Universitaria (LAU) y, sobre todo, arremeter contra la igualdad del voto que ésta establece para los catedráticos y agregados de universidad con respecto a los adjuntos de universidad y los catedráticos agregados de las escuelas universitarias. En definitiva, los primeros se niegan a reconocer que el voto de un adjunto de universidad, de un catedrático o un agregado de escuelas universitarias tenga el mismo valor que el suyo, aunque todos ellos son hoy catedráticos universitarios», concluyen los catedráticos de universidad consultados por este periódico.

Urgente necesidad de una ley

«La universidad española necesita con urgencia una ley que regule la autonomía universitaria», manifestó ayer Saturnino de la Plaza, rector de la Politécnica de Valencia y presidente de la conferencia de rectores, ante la comisión especial de estudio de los problemas de la enseñanza universitaria.El profesor De la Plaza expuso ante la citada comisión senatorial, que preside el centrista Alberto Dorrego, algunos de los problemas más acuciantes de las universidades españolas, según informa Efe. El presidente de la conferencia de rectores concreta dichos problemas en la necesidad de un urgente desarrollo legislativo, adecuado tratamiento presupuestario, medidas para mejorar la calidad. de la enseñanza e incardinación de la investigación científico-técnica en la universidad.

La conferencia de rectores, según manifestó su presidente, no ha hecho una valoración del contenido del texto de la ponencia de la LAU ni una definición colegiada sobre el proyecto, por considerar que esto podría ser una interferencia, pero que reconocía «la gran importancia que esta norma legal puede tener para una revitalización y renovación de la vida universitaria».