La colza de nunca acabar

CUANDO PASAN ya de doscientas las víctimas mortales del síndrome tóxico, el balance de la actuación del Gobierno y de la Administración pública para averiguar las causas de la enfermedad, frenar o hacer desaparecer sus estragos, prestar ayuda a los supervivientes y adoptar medidas preventivas ante catástrofes parecidas, sigue arrojando un resultado globalmente negativo y altamente criticable. La preocupación gubernamental por salvar la cara ha ocupado en ocasiones un lugar prioritario en las actuaciones estatales, y ha lastrado la eficacia y la diligencia de una gestión que precisaba un honesto reconocimiento público de los errores cometidos para rectificarlos por entero y para recuperar la confianza perdida de la opinión pública.El Gobierno parece no escatimar los elogios y la admiración hacia su propia labor, aunque algunos de sus logros -como el ANE y la LOAPA- pendan de un hilo o sean indisociables de la colaboración de la oposición y otros resultados positivos -como la relativa paz social, la contención del terrorismo y la disminución de la inseguridad ciudadana- tengan una causación más compleja y lejana que la simple eficacia en el Ejecutivo. Aparte de la nueva ofensiva contra la libertad de expresión, iniciada con el desmantelamiento de Televisión Española y del permanente repliegue frente a los desafíos involucionistas, perceptible en la insólita equidistancia gubernamental entre una manifestación ciudadana dentro de la legalidad y una especie de marcha sobre Madrid de intencionalidad anticonstitucional, el envenenamiento masivo iniciado a comienzos de mayo puede servir de auténtica piedra de toque para comprobar que la eficacia, el rigor y la seriedad de muchos ministros se hallan más cerca de los deseos que de las realidades.

Solamente la presión, a medio gas, de la oposición parlamentaria logró sacar de su hierático marasmo al poder ejecutivo, obligándole, en el mes de septiembre, a rendir insatisfactorias cuentas al Congreso de los Diputados, en un Pleno que pasará a la posteridad como ejemplo de lo que no debe ser un debate parlamentario en un sistema democrático. En ese Pleno, la Cámara Baja adoptó una serie de medidas y aprobó un conjunto de disposiciones cuya instrumentación por el poder ejecutivo no parece alcanzar, en líneas generales, los niveles de eficacia que la dramática situación necesita, que los afectados merecen y que la opinión pública exige.

La discreta sordina de los servicios informativos de los medios de comunicación estatales sobre el envenenamiento, se justifica oficiosamente por el loable propósito de no crear ansiedad a los enfermos; pero también puede buscar el objetivo de regresar a los buenos viejos tiempos, en los que el silenciamiento de las noticias equivalía a la inexistencia de los hechos que las producían. La preocupación por el estado de ánimo de los supervivientes tendría que plasmarse, de forma obviamente prioritaria, en una asistencia psiquiátrica más completa, en una asistencia domiciliaria no deficiente y en ayudas médicas y rehabilitadoras que hagan descender la ansiedad de quienes padecen todavía las secuelas de la enfermedad. Los medios de comunicación pueden y deben contribuir a esa tarea. Pero las tácticas de cerrojazo informativo sólo sirven para que los rumores y los bulos ocupen el espacio de las noticias y para que funcionarios incompetentes o corruptos se beneficien de la patente de corso de la impunidad.

En estos días comienza a plantearse la sospecha de que la hipótesis del aceite de colza desnaturalizado no cubra por completo todos los datos de esa mortífera intoxicación. El estancamiento de la investigación, por un lado, y la falta de coordinación entre los equipos que siguen líneas paralelas de estudio, por otro, abona ese temor más que cualesquiera otras razones. El recuerdo de la abrupta forma en que fue descartada, en provecho de la fantasiosa explicación de la neumonía tóxica, la hipótesis del doctor Muro sobre el envenenamiento por vía digestiva invita a que no se deje de explorar ninguna línea de investigación posible. Para que esa multiplicidad de trabajos no se pierda en la inoperancia y en la reiteración es preciso que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, coordine esos esfuerzos, comunique entre sí a los diferentes equipos y ponga fin al gremialismo corporativista de los especialistas. Cuantas noticias llegan de la marcha de la comisión investigadora hablan, en cambio, de descoordinación, reyertas miserables entre los profesionales y falta de respeto al verdadero objeto de los trabajos. Nada mucho mejor se puede decir de la comisión parlamentaria creada al efecto. Y quizá sería un buen paso que ésta reclamara, antes de que concluya este período de sesiones, una comparecencia de los ministros afectados, a fin de ser informada sobre la situación de las investigaciones y acerca del resto de los compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Cámara de los Diputados hace más de dos meses.