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Debate sobre los Presupuestos Generales

El Gobierno retira a última hora su oferta de gravar más a las rentas superiores a tres millones de pesetas

Las rentas superiores a los tres millones de pesetas anuales se han beneficiado tributariamente de la falta de acuerdo entre UCD y PSOE en el debate del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1982. El Gobierno, que por la mañana había ofrecido a la oposición y a los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez incrementar la presión fiscal (entre un punto y un punto y medio) a las rentas superiores a los tres millones, retiró a última hora esta oferta, al no consentir el PSOE su pretensión de que ellos, a su vez, retiraran su propuesta de una nueva tarifa para el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

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Gobierno y oposición discrepan sobre los efectos prácticos de las medidas aprobadas, ya que para la izquierda pueden suponer mayor porcentaje de incremento de la presión fiscal sobre rentas pequeñas y, medias, mientras para el partisdo gubernamental las familias, en su mayoría, se verán muy beneficiadas.Francisco Fernández Ordóñez y su grupo, que a lo largo de la tensa jornada habían actuado como partido bisagra, quedaron a última hora sorprendidos y atrapados por el cambio de estrategia de UCD y votaron a su favor. Horas antes, cuando todo hacía pensar que se iba a introducir un incremento del gravamen para las rentas altas, Fernández Ordóñez explicaba a este diario que iban a apoyar a este Gobierno para no desestabilizarlo, pero que estaban mucho más de acuerdo con la propuesta de nuevas tarifas del IRPF presentadas por el PSOE.

El líder de los socialdemócratas y autor de la reforma fiscal criticó duramente la propuesta de UCD, «que está haciendo del IRPF un impuesto sobre las nóminas, sin distinguir entre las rentas de trabajo dependientes y las no dependientes (profesionales o pequeños empresarios)». Y calificó de «disparate» la introducción del 1% sobre las rentas netas de trabajo en un impuesto sintético.

Jaime García Añoveros, ministro de Hacienda, una vez concluida la votación, explicó a este diario que su oferta había sido de acercamiento entre la postura inicial de UCD y la nueva tabla propuesta por los socialistas. «Ya que éstos no retiraron su enmienda, no había razón de acercamiento alguno».

Fuentes próximas al Gobierno, por otra parte, manifestaron de forma discreta que UCD no podía incrementar la presión fiscal a los ricos en solitario, con la oposición de las minorías vasca y catalana y de Coalición Democrática. Lo que el PSOE pretendía es que estas modificaciones prosperaran con su abstención y quedara encima con una imagen progresista de cara a la opinión pública.

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Modificaciones aprobadas

Las modificaciones al IRPF aprobadas, que son las incluidas en el dictamen de la comisión, contemplan una deducción lineal del 1 % sobre las rentas netas del trabajo -"habíaque introducir un factor de discriminación, ya que el impuesto sobre patrimonio no ejercía eficazmente esta labor", manifestó García Añoveros-, un aumento en las deducciones familiares de 2.000 pesetas sobre las vigentes y un incremento aproximado del 5,20% en los tipos medios (porcentajes de tributación, según el volumen de renta) sobre las del proyecto inicial. Juan Manuel García Margallo, en nombre de UCD, y el titular de Hacienda insistieron en que las modificaciones introducidas eran progresivas y en que las familias quedaban muy beneficiadas. No era esta la opinión de socialistas y comunistas. Fernández Pérez Royo, por el PCE, puso un ejemplo concreto que nadie le desmintió. Según él, una familia con dos hijos y con unos ingresos de 800.000 pesetas iba a ver incrementados sus salarlos en el 11 % en 1982 y su tributación en un 12,73%. Enrique Barón, por parte del PSOE, manifestó tras la votación que UCD se ha cerrado a la posibilidad de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Nacional sobre Eñipleo y que en el IRPF ha seguido la política tradicional de la derecha española: «Sacar el dinero a los pobres y dárselo a los ricos».

Con anterioridad, el PSOE había manifestado que, según el ordenador del centro de proceso de datos del Ministerio de Hacienda, la propuesta de UCD significaba un tipo medio del 17,14% para las rentas de hasta medio millón de pesetas anuales, y del 16,98%, es decir, mucho menor, para las que están entre 500.000 y un millón de pesetas. Los tipos actuales partían del 15%.

Progresividad del impuesto

En comisión, los socialistas habían presentado una serie de enmiendas al IRPF en las que propugnaban aumentar la progresividad del impuesto, elevando el tipo máximo tributario al 45 % (actualmente es el 41 %) y el tope de contribución para el conjunto impositivo de renta y patrimonio hasta el 80 % (actualmente es del 55 %). Proponían asimismo un recargo del 10 % en el impuesto sobre la renta a partir de los tres millones de pesetas, y un recargo del 25% para el patrimonio. Estas propuestas, que no eran buenas técnicamente, fueron continuamente criticadas por UCD y fueron derrotadas nuevamente en el Pleno. El Gobierno y UCD atacaron mucho menos a la nueva propuesta socialista, a la que achacaban una importante reducción, a efectos de recaudación general, y se negaron en el último momento a admitirla a trámite.

El Pleno aprobó también, prácticamente sin ninguna modificación, el resto de los artículos presupuestarios relativos a temas fiscales. El impuesto sobre tráfico de empresas, que tanta polémica había despertado en las fechas precedentes a su debate, fue votado y aprobado sin intervención de ningún diputado. Las enmiendas que se oponían al incremento de un punto en este impuesto no habían sido admitidas a trámite, por suponer minoración de ingresos presupuestarios. También fue aprobado sin modificación el artículo referente al impuesto de sociedades, que prorroga el régimen de deducciones por activos fijos nuevos e incrementa la deducción por inversiones en programas de investigación y desarrollo.

En el impuesto sobre el lujo, se aprobó la actualización de determinados precios o valores mínimos que suponen la sujeción o, en su caso, la exención o reducción sobre este tributo. En contribución territorial urbana, se prorrogó la vigencia de la actualización de los valores catastrales realizados al amparo de lo establecido en la ley de Presupuestos del Estado para 1981.

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