Rechazadas las propuestas sobre síndrome tóxico, pensiones y enseñanza

En el debate de las últimas enmiendas al articulado y a las disposiciones adicionales del proyecto de Presupuestos del Estado para 1982 destacó el rechazo de las propuestas de la izquierda encaminadas a perfeccionar las medidas en favor de los afectados por el síndrome tóxico, la mejora de las pensiones y las dedicadas a elevar el nivel de la enseñanza pública.El socialista Ciriaco de Vicente defendió el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios en favor de los afectados por el síndrome tóxico. Entre otras cosas recordó la necesidad del registro sanitario de artículos alimenticios, preguntó sobre la vigilancia epidemiológica y criticó la pasividad del Gobierno al no aber dotado a los afectados de las cartillas sanitarias aprobadas por la Cámara.

Entre las enmiendas concretas defendidas, Ciriaco de Vicente impugnó el texto establecido en la Comisión de Presupuestos, según el cual en ninqún caso causarán pensiones para sus familiares los fallecidos, a consecuencia del síndrome tóxico, que sean menores de dieciséis años. Señaló que este criterio disminuye los beneficios acordados por el Parlamento. La alternativa ofrecida por los socialistas establece el cálculo de la pensión en estos casos.

El centrista José Luis del Valle criticó al diputado socialista por referirse a temas ajenos a los Presupuestos, y en cuanto a las pensiones devengadas por los fallecidos menores de dieciséis años, manifestó que el Gobierno no restringe los acuerdos parlamentarios, sino que los interpreta.

Varias enmiendas defendidas por el socialista Esteban Granados para mejorar las pensiones a los ancianos y a los trabajadores fueron asimismo rechazadas, tras manifestar el mismo diputado centrista que el coste económico de las mismas era demasiado elevado. Esteban Granados intentó, a través de otras propuestas, que los trabajadores que cotizaron durante cuarenta años puedan jubilarse con todo el sueldo que les corresponde y sin deducciones. Del Valle se opuso, en nombre del Grupo Centrista, por estimar que entre las consecuencias de esta medida estaría la jubilación de algunas personas a los 54 años, hecho que estimó antieconómico.,

Los socialistas defendieron nuevas enmiendas para mejorar la calidad de la enseñanza y criticaron el proceso de desmantela m lento de la enseñanza pública iniciado por el ministro Otero y no frenado actualmente. Aseguraron que ninguna partida presupuestaria ha crecido tanto como las subvenciones a la enseñanza privada, por lo que propusieron detraer de estas asignaciones las partidas necesarias para la mejora de la calidad de la enseñanza pública, fundamentalmente a través de la ampliación de plantillas en enseñanza general básica.

El ministro de Educación, Juan Antonio Ortega, negó que sea cierto que se esté desmantelando la enseñanza pública, y como prueba aportó los siguientes datos: la EGB en el curso 1974-1975 tenía el 60% de centros públicos y el 40% privados, mientras que en el curso 1980-1981 los centros públicos son el 66% y los privados el 34 %.