El Gobierno socialista francés sigue contando con la confianza mayoritaria de los ciudadanos

Seis meses después de la llegada al poder de los socialistas, la gran mayoría de los franceses continúa ofreciéndole su confianza al Gobierno y aprueba sus decisiones más importantes. Por el contrario, la elite económico-política del país rechaza al nuevo poder. Ayer, el Senado, de mayoría conservadora liberal, votó contra la ley de las nacionalizaciones.

Tras medio año de gestión mitterrandista, el desfase parece claro entre la mayoría de los franceses y la minoría política y económica de la oposición liberal. Varios estudios de los institutos de opinión, como las manifestaciones públicas de personalidades o grupos económicos y políticos, así lo atestiguan. Mientras la oposición de derechas y la patronal condenan las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno que dirige el primer ministro, Pierre Mauroy, la mayoría de los franceses las aprueban.El impuesto sobre la fortuna, que con las nacionalizaciones es la medida juzgada más ingrata por los patronos, los ciudadanos la aprueban en un 76%. Todas las demás reformas también son aceptadas mayoritariamente por los franceses. Sólo una merece su condena: la supresión de la pena de muerte, rechazada por el 66%.

Paradójicamente, en apariencia al menos, los franceses se manifiestan pesimistas cara al futuro Creen que el paro (dos millones) y la inflación (el 15%) van a empeorar aún. Esta contradicción quiere decir algo inequívoco: "Los franceses tienen conciencia de los tiempos críticos que vivimos y piensan que, a pesar de que las cosas no van bien, con la derecha irían peor".

Frente a esa situación, la oposición política liberal, seis meses después, continúa cultivando su inexistencia en la práctica, dividida y sin proyecto nuevo que ofrecer a su clientela electoral. Ayer, el Senado, de mayoría conservadora, al término de la discusión de la ley sobre nacionalizaciones, la rechazó. En última instancia, la ley será aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional. Entonces, la oposición recurrirá al Consejo Constitucional, que puede invalidar cualquier ley o modificarla. No se espera que esto último ocurra.