La UCD de León, contra la incineración del aceite tóxico en Compostilla .

El consejo provincial de UCD de León, presidido por el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, acordó por unanimidad, el domingo, oponerse a la incineración del aceite tóxico en Compostilla y «en cualquier otro lugar», ante las protestas de los vecinos.

El acuerdo supone, indirectamente, una desautorización del gobernador civil de la provincia, Angel García del Vella, presente en la reunión, que días atrás había anunciado oficialmente la quema del aceite en dicha central térmica, en Ponferrada, y había dado publicidad a una serie de documentos en los que la Administración Central garantizaba la inexistencia de problemas sanitarios, cuando ya los vecinos se habían enterado por la Prensa de los proyectos oficiales.Según manifestó a EL PAIS un portavoz de la oficina de Prensa da UCD, a la reunión que tenía carácter informativo, asistieron también la mayoría de los parlamentarios leoneses. El consejo pidió que los ministerios afectados por el asunto de la colza estudiaran otras alternativas para la destrucción del aceite supuestamente tóxico y, sin rechazar taxativamente las garantías dadas por la Administración, acordó gestionar «ante las autoridades» el estudio y ejecución de las mismas, sin especificar ninguna. La decisión ucedista tiene como telón de fondo, además del descontento de los ayuntamientos de El Bierzo próximos a la central, la ausencia de datos sobre las características del tóxico,

La resolución de la UCD de León tiene lugar una semana después de que el Grupo Parlamentario Socialista presentara en el Congreso una proposición no de ley en la que se hacían las mismas peticiones. Para el próximo día 30 está también convocada una manifestación en Ponferrada, después de que los ayuntamientos de la zona se hubieran pronunciado por unanimidad contra la quema del aceite en Compostilla.

Protestas del PSOE

La secretaría federal del área social del PSOE denunció ayer el retraso del cumplimiento de las medidas anunciadas por la Administración en relación con el síndrome tóxico y señaló como «especialmente significativos los retrasos y las limitaciones con que se vienen cumpliendo algunas de las medidas aprobadas por el Parlamento en materias como prestaciones económicas a los afectados, los medios de garantía de la continuidad escolar y las ayudas para las tareas domésticas».

Con respecto al estudio clínico-epidemiológico prospectivo, la nota socialista dice que, «es especialmente grave que aún no se conozca que la Administración haya elaborado un plan en el que se definan los objetivos, condicionantes, metodología de investigación, recursos a emplear y calendario del mismo».