Rutinaria aprobación de los presupuestos de ocho ministerios
Los presupuestos correspondientes a ocho departamentos ministeriales fueron aprobados ayer por el Pleno del Congreso, que continuará el martes próximo el debate presupuestario. Todas las enmiendas a la totalidad de cada uno de los presupuestos ministeriales, formuladas fundamentalmente por socialistas y comunistas, fueron debatidas sumarialmente y rechazadas rutinariamente con los votos centristas.
Los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está dotado en el proyecto de ley con 17.698 millones de pesetas, fueron enmendados por los socialistas. Enrique Barón pidió la devolución de los mismos al Gobierno por estimarlos insuficientes para llevar adelante una política exterior digna. Criticó, en concreto, las escasas partidas dedicadas a los organismos de cooperación con América Latina y el mundo árabe.El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, coincidió en la estimación sobre la insuficiencia de las dotaciones, pero las justificó por las graves obligaciones que en otros campos, sobre todo subvenciones al paro o inversiones, ha tenido que asumir el Estado en los Presupuestos para 1982.
Félix Pons, por el Grupo Socialista, enmendó la totalidad de los presupuestos del Ministerio de Justicia, dotados con 59.248 millones de pesetas, por las mismas razones expuestas por Barón: insuficiente presupuesto para las graves necesidades de la justicia en nuestro país.
En igual sentido se pronunció el comunista Josep Solé Barberá. José Antonio Escartín, por el Grupo Centrista, rechazó la pretensión de la izquierda para que los Presupuestos se devolvieran, «porque el remedio», dijo, «sería peor que la enfermedad».
El presupuesto del Ministerio de Hacienda, dotado con 38.111 millones de pesetas, fue impugnado por socialistas y comunistas. Enrique Barón se refirió a la baja recaudación obtenida por el impuesto de tráfico de empresa, que había descendido el 37% sobre el año anterior, y advirtió sobre los peligros de aumento del fraude fiscal. Solicitó la revitalización del proyecto de ley del Tribunal de Cuentas para adaptar a la Consitución la intervención de las cuentas del Estado, y preguntó por el destino de los 2.531 millones desaparecidos. al parecer, por un «asiento contable» del patrimonio de las apuestas mutuas.
El comunista Fernando Pérez Royo, que, como en otros años, recordó su condición de alumno del profesor García Añoveros cuando el actual ministro era catedrático en la Universidad de Sevilla, enfrentó las enseñanzas del maestro con la práctica del ministro. Criticó la realización del presupuesto por programa y solicitó la creación de una comisión de fraude.
El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, aseguró que la gestión es muy satisfactoria, por cuanto el cumplimiento de los Presupuestos de 1979 fue superior al 94%; en 1980, superior al 97%, y las estimaciones para 1981 apuntan, según dijo, hacia el ciento por ciento. Respecto a los presupuestos por programas, García Añoveros destacó que este presupuesto no tiene carácter jurídico vinculante, y que su plena implantación está en función del establecimiento de una contabilidad pública analítica que entrará en vigor a partir de 1982.
Seguidamente se aprobó sin debate el presupuesto del Ministerio del Interior, por 166.682 millones de pesetas. y después el del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por 169.873 millones.
Ramón Tamames, del Grupo Mixto, enmendó a la totalidad los presupuestos de Defensa, que están dotados con 409.282 millones de pesetas. Tamames criticó la falta de información en estos presupuestos, la mayor dotación a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y algunas pequeñas transferencias con respecto a las inversiones del departamento. Pormenorizó el número de generales (quinientos en activo y 760 en la reserva), oficiales y suboficiales (unos 64.000), quedan un porcentaje de 5,4 soldados por oficial y suboficial. Guillermo Medina, por UCD, le replicó afirmando que el Gobierno está llevando a cabo un programa de modernización de las Fuerzas Armadas, y que la relación gastos de personal-gastos de material y oficialidad-ropa se acerca a la de los países occidentales.
Finalmente, con una dotación de 659.031 millones, se aprobaron los presupuestos de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Miguel Núñez, por el PCE, criticó fundamentalmente los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo y el recorte presupuestario a las subvenciones de desempleo (unos 140.000 millones),
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