La LAU, en el camino de la eternidad

EN EL ACTO de inauguración del curso académico en la Universidad Complutense, el ministro de Educación se comprometió a que la controvertida y demorada ley de Autonomía Universitaria terminara su larga marcha y emprendiera su tramo final hasta el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el frenazo dado por los líderes de la plataforma moderada al calendario legislativo, mediante la fórmula de aplazar el comienzo de los trabajos de la Comisión de Educación del Congreso, deja a Juan Antonio Ortega en el desairado papel de ser desautorizado por sus propios correligionarios.Como se recordará, el proyecto inicial de González Seara, dictaminado por la Comisión a finales de diciembre de 1980 y pendiente sólo de discusión en el Pleno de la Cámara baja, fue sorprendentemente devuelto a la fase previa de ponencia, para rehacer todo el camino desde el principio, tras el ascenso a la Presidencia del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. La labor de esta segunda ponencia se orientó a recortar algunos aspectos innovadores del primitivo texto, a fin de conceder alguna satisfacción a los sectores conservadores de UCD; descontentos por el tratamiento dado a las universidades de la Iglesia, deseosos de que esos centros privados superiores sean financiados con el dinero de todos los contribuyentes y defensores a ultranza de la figura del catedrático-funcionario, del imperio del escalafón y del centralismo manejado desde el Ministerio de Educación.

Las protestas dentro del PSOE contra esas alteraciones, pactadas por la cúpula del Grupo Parlamentario Socialista, fueron parcialmente acalladas mediante el procedimiento de atribuir a erratas mecanográficas las supresiones o modificaciones más escandalosas. El resultado final de todas esas transacciones de pasillo, con fe de erratas incluida, es un proyecto emasculado, tal vez aceptable por los socialistas en función de la teoría del mal menor y del respeto a los acuerdos pactados entre Juan Antonio Ortega y Gregorio Peces-Barba, pero difícilmente digerible para las minorías catalana y vasca, que representan en las Cortes Generales a los partidos que ejercen el poder ejecutivo en ambas comunidades autónomas.

El frenazo de los moderados sólo se entiende al recordar que la LAU tiene carácter orgánico y exige la mayoría absoluta de las Cámaras para ser aprobada. Para que el actual proyecto saliera adelante resultaría necesario, así pues, que el mermado Grupo Parlamentario Centrista no sólo mantuviera su disciplina interna, sino que lograra además el refuerzo de una veintena larga de diputados. El camino más seguro sería respetar el actual proyecto pactado -en ponencia y en erratas- con el PSOE, que apenas cubre los mínimos de una reforma universitaria de vía estrecha, y aceptar tal vez alguna rectificación en los puntos más ofensivos para los socialistas. Para desbordar al PSOE, que contaría con el respaldo del PCE, el Gobierno podría echar mano de Coalición Democrática, pero no de las minorías catalana y vasca, dado que este proyecto de autonomía universitaria no respeta suficientemente la autonomía territorial en cuestiones de educación superior prevista en los estatutos de Sau y de Guernica. Y si los moderados se excedieran en los recortes a un proyecto ya mutilado, el Grupo Parlamentario Centrista probablemente no podría imponer la disciplina de voto -como ocurrió con el Estatuto de Centros Docentes- a los diputados socialdemócratas que han pedido la baja en UCD o que, aún ligados todavía a esas siglas, no podrían pasar por la vergüenza de dar su sostén a un texto que desvirtuara hasta la caricatura y privara del más mínimo aliento reformista al proyecto inicial de González Seara.

Los llamados moderados, sin embargo, han dado ya sobradas muestras de su insaciable apetito de poder y de su exaltación cuando quedan en minoría. No parece posible, dada la distribución de las fuerzas en el Congreso, que los impulsores de la gran derecha pudieran conseguir votos suficientes, dentro y fuera de UCD, para imponer por mayoría absoluta una LAU que sacrificara el sector público en provecho de los centros de la Iglesia y que convirtiera la autonomía universitaria en una burda simulación. A la vez, los moderados seguramente recelan de que el Gobierno negocie con el PSOE o las minorías nacionalistas un nuevo acuerdo sobre la LAU que aleje aún más el texto de sus pretensiones. Incapaz de ganar y temerosa de recibir una derrota todavía mayor, la plataforma moderada parece optar por el obstruccionismo, en un primer momento, y por la retirada del proyecto por el Gobierno, después.

Comienza así, una vez realizada la purga de los suaristas dentro del aparato de UCD, la gran batalla entre las diferentes fracciones centristas para conseguir las mayores cuotas de poder dentro del Estado e inclinar en su favor al presidente del Gobierno. La feroz campaña contra Adolfo Suárez, a quien se trata de expulsar no sólo de UCD, sino de la vida pública, había unido provisionalmente, en una impía alianza, a tendencias y fracciones que comienzan ya a desenvainar y afilar sus cuchillos para una nueva orgía de canibalismo político. Tal vez el frenazo a la LAU, no sea sino el interludio de esta nueva ópera.