Incumplir antes de nacer

LOS ULTIMOS acontecimientos permiten sospechar que algunos firmantes se comprometieron, antes del verano, en el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) con la secreta convicción de que nunca llegaría a cumplirse. Determinadas corrientes dentro de los sindicatos y de las organizaciones patronales están contestando ahora la validez del acuerdo antes de que entre en vigor, el 1º de enero de 1982, y antes, también, de que maduren las frustraciones que suelen acompañar a los incumplimientos.En la crítica a los Presupuestos Generales de¡ Estado para 1982 han coincidido, desde enfoques opuestos, empresarios y sindicatos. A juicio de los primeros, el excesivo déficit público previsto para el próximo año detraerá recursos que deberían destinarse a financiar las iniciativas de las empresas privadas. Desde el punto de vista de los segundos, la financiación de este déficit recae, en buena medida, sobre los ingresos de los trabajadores, que contribuyen mayoritariamente con sus impuestos a sostener las cargas del Estado, entre las que se cuenta el sostenimiento de empresas en crisis. En esa línea, el portavoz en el Congreso de los socialistas vascos, Carlos Solchaga, llegó a decir anteayer, durante el debate presupuestario, que "el Gobierno ha traicionado el espíritu de concertación que informa el ANE".

En estos momentos ha comenzado ya la negociación de los primeros convenios colectivos, dentro de la banda del 9 al 11% de incremento salarial marcada por el acuerdo, y en un clima de moderación y debilitamiento sindical. Este clima -uno de los primeros frutos del ANE- ha sido posible gracias a las propias expectativas creadas en toda la sociedad española por el compromiso global de mantenimiento del nivel de empleo adquirido por la patronal y el Gobierno a cambio del recorte salarial.

La rebaja en los incrementos salariales, por debajo de la inflación, y la paz social se están cumpliendo por parte de los sindicatos. No obstante, algunos empresarios, envalentonados con esta atmósfera de moderación -y desoyendo los consejos que Maquiavelo daba a su príncipe-, han creído posible no sólo vencer sino arrasar al movimiento sindical. Las diferencias de planteamientos entre la base y la cúspide de las organizaciones patronales -entre las pequeñas y medianas empresas, agobiadas por el día a día, de una parte, y las grandes y los bancos, más preocupados por el largo plazo, de otra- se han materializado en la actitud indecisa y/o ambigua de los dirigentes máximos de la CEOE, antes y después de la firma del ANE, y que les llevaron incluso a retirarse de forma airada de la comisión de seguimiento y a regresar a ella a regañadientes.

Inicialmente, los empresarios, y buena parte de la central socialista UGT, no parecían dispuestos a firmar tal acuerdo, sino a continuar con el antiguo Acuerdo Marco-Interconfederal (AMI) en su tercera versión mejorada. Sin embargo, apareció el Gobierno como principal valedor de un acuerdo tripartito que le incluyera junto a los agentes sociales. Algunos empresarios justificaron el interés del Gabinete en la incapacidad manifiesta que tenía para controlar los incrementos de sueldos de los funcionarios en el nuevo diseño presupuestario. Fuentes gubernamentales llegaron a acusar indirectamente a la patronal como responsable, entonces, de torpedear las conversaciones y de no fomentar, por tanto, la creación de puestos de trabajo. El ANE se había convertido, antes de nacer, en la pieza clave del programa de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y, el Ministerio de Economía estaba decidido a culminarlo.

Tras jornadas agotadoras de discusión y de tensión, los sindicatos aceptaron apretarse el cinturón recortando los incrementos salariales a cambio de que las otras dos partes mantuvieran el nivel de empleo, creando los 350.000 puestos que se presumía iban a desaparecer en ese período. La patronal descargó una parte de su responsabilidad en el Gobierno, quien quedó comprometido, entre otras cosas que inflaban el déficit, a incrementar la inversión pública.

Trabajadores y empresarios se pusieron de acuerdo en que el Gobierno tendría que crear los puestos de trabajo. Ambos tenían la convicción, junto con el propio Gabinete, de que aquello era pedir peras al olmo. En 1980 se perdieron unos 250.000 empleos -caída de la población activa ocupada- y en 1981 se perderán aproximadamente unos 200.000 empleos más, ya que la tendencia se ha mantenido aunque algo mejorada. ¿Quién va a crear esos empleos? El Gobierno no ha dicho aún claramente con qué política económica va a crear esos puestos de trabajo, pero los trabajadores están moderando ya sus aspiraciones salariales. Muy pronto, cuando empiecen a, percibir sus salarios disminuidos, con pérdida de unos puntos en su poder adquisitivo, se preguntaran necesariamente ¿dónde están los puestos de trabajo por los que hemos aceptado este sacrificio? Las protestas afloran ya en algunos comités sindicales y algunos empresarios dicen en voz baja que el ANE no es lo que ellos querían, sino libertad de despido de los nuevos contratados o libertad de despido con mantenimiento de plantilla. Los agentes sociales tienen a veces la impresión de que el acuerdo se va a romper, aún antes de nacer, por donde acostumbra a incumplirse; es decir, por la parte que corresponde al Gobierno. Y en sus análisis flotan siempre las elecciones anticipadas que suelen acompañar habitualmente a Presupuestos del Estado tan expansivos como los de 1982.