Ofensa al Rey

EL PREAMBULO común de los escritos de conclusiones provisionales presentados por los defensores de algunos de los procesados en el sumario del 23 de febrero revela el propósito de los sediciosos de trastrocar esperpénticamente el papel que les corresponde en el juicio, abandonar imaginariamente el banquillo de los acusados y encaramarse en el del fiscal. La estrategia es tan despreciable como simple: aun a costa de desbordar el techo de lo inverosímil, se intenta atribuir a la Corona la responsabilidad última del golpe de Estado frustrado, a fin de que los rebeldes, presentados como traicionados y obedientes ejecutores de una orden de don Juan Carlos, posteriormente revocada, queden exentos de toda culpa. La maniobra es grotesca, y mucho más si se piensa que fue esencialmente la actitud del Rey la que logró vencer el golpe y mantener la democracia. La desesperación, la arrogancia y el fanatismo de los golpistas no parecen tener límites.Los procesados y sus letrados no se han limitado así a utilizar las garantías reconocidas a todos los españoles por el artículo 24 de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho "a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables -y eso aunque la televisión haya retransmitido su«delito in fraganti- y a la presunción de inocencia", sino que se han lanzado a la insensata aventura de proseguir su intentona golpista en el escenario del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Sólo la evidencia de los hechos, algunos contemplados por millones de personas, y la red de contradicciones y mutuas inculpaciones ante el juez han disuadido, sin duda, a los letrados de la tentativa de negar la existencia de las pruebas o de afirmar que sus clientes no participaron en los acontecimientos. La pretensíón de que el Rey preste declaración sobre los hechos ante el tribunal militar rebasa las fronteras de cualquier estrategia defensiva de carácter procesal y cobra el inequívoco significado de una maniobra ofensiva de carácter político, conectada sin solución de continuidad con la conjura sediciosa para derribar la Corona, acabar con las instituciones democráticas y suprimir el régimen constitucional. Vergüenza da síquiera tener que escríbir sobre ello. De acuerdo con la Constitución -expresión soberana de la voluntad del pueblo, que vilmente los golpistas quisieron suplantar-, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Aunque don Juan Carlos quisiera comparecer como testigo -en realidad, según los letrados defensores, como principal acusado- ante los tribunales, nuestra norma fundamental se lo impide. Pero la pretensión de los abogados no es tanto una defensa de sus clientes, sino una ofensa al Rey. Y una ofensa a todos los ciudadanos libres que se sienten orgullosos de tener al Jefe del Estado como primer garante y defensor de la Constítución. El ruego de los letrados no es una legítima argucia procesal, sino una provocación política que no tiene el más mínimo apoyo en los textos legales ni en la práctica jurídica.

No caeremos, por lo demás, en la trampa de seguir argumentando al respecto. Esta, y no otra, es la intención de esos fieles discípulos de Goebbels y de su teoría de que las mentiras deben ser descomunales para que la gente termine por creérselas. Los ciudadanos deben mantener fija su mirada en ese tablado de la antigua farsa, en el que unos délincuentes que han humillado al resto de sus compatriotas con su arrogante pretensión de ser los monopolizadores del honor, el patriotismo y el valor están mostrando su triste condición moral, su cobardía y su desprecio por la legalidad.