Un proyecto de ley de ida y vuelta

El de la Autonomía Universitaria es muy probablemente el proyecto legislativo más antiguo de la democracia espanola. Mucho antes de que la palabra divorcio entrase a formar parte del vocabulario político de la transición, comenzó a hablarse de la conveniencia de una ley de "reforma de la universidad".

Tras la constitución del primer Gobierno democrático, ya en el otoño de 1977 comenzaron a trascender a la opinión pública retazos de borradores o de las tópicas grandes líneas de presuntos anteproyectos, sistemáticamente rechazadas por su contenido en los medios universitarios e inmediatamente desmentidas por las autoridades ministeriales.En los primeros meses del curso 1977-1978 se produce la iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia, presidido entonces por Iñigo Cavero, de abrir un período de consultas entre los distintos estamentos universitarios sobre una serie de puntos concretos, que habrían de constituir las grandes líneas (otra vez el tópico al uso) del primer anteproyecto concreto de la ley Orgánica de Autonomía Universitaría.

Este período de consultas, atendido con escaso entusiasmo por un buen número de universidades, protestado en algunas otras por la falta de información o por los procedimientos deliberadamente oscuros con que algunos rectores trasladaron la encuesta ministerial a determinados estamentos de sus universidades, finalizó el 3 de marzo de 1978. Finalmente, si es que puede hablarse de algún final en el larguísimo y conflictivo proceso de gestación de esta ley, el 14 de agosto de ese mismo año, el Consejo de Ministros da su aprobación al primer texto formal, que tiene su entrada en las Cortes el 23 de noviembre. Llegó a afirmarse, en algún momento de la primavera de ese año, que la LAU sería el primer proyecto de ley que las Cortes estudiarían tras la aprobación de la Constitución. Sin embargo, el primer proyecto sería retirado posteriormente por iniciativa del Gobierno, que se constituyó en abril de 1979 y en el que figura por primera vez un Ministerio de Universidades e Investigación. Su titular, Luis González Seara, perteneciente al sector socialdemócrata de UCD, elabora un nuevo texto, al que da su refrendo el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de agosto de ese mismo año. Este segundo texto se remite en el otoño al Parlamento, y, el 2 de febrero del siguiente año se produce el primer debate parlamentariosobré el misnyo en el seno de la correspondiente comisión del Congreso.

Los diputados que discuten las diversas enmiendas a la totalidad no pueden olvidar en estos momentos que la LAU ha sido la causa remota de dos trágicas muertes ocurridas en las primeras horas de la noche del 13 de diciembre pasado, en el madrileño barrio de Embajadores. En la mañana de ese día, las calles de Isaac Peral y de Cea Bermúdez fueron escenario de una de las manifestaciones estudiantiles más importantes que se recuerdan en el distrito universítario de Madrid. El proyecto de la LAU cuenta con el rechazo frontal de los estudiantes y concita alrededor de un millón de enmiendas parciales, amén de las seis enmiendas a la totalidad derrotadas en la sesión del 2 de febrero.

La Comisión de Universidades no estudiará el correspondiente dictamen de la ponencia hasta, el mes de diciembre de 1980. En unas sesiones precipitadas y verdaderamente maratonianas, el proyecto de ley queda dictaminado por la comisión el día 20 de ese mes, horas antes de que se iniciasen las vacaciones parlamentarias de Navidad.

El Il Congreso de UCD está en puertas y la dura confrontación interna del partido centrísta se muestra con toda su virulencia y claridad en las sesiones del debate sobre la LAU.

El Pleno del Congreso no llega a discutir el proyecto que, por acuerdo de todos los grupos, es remitido de nuevo a la comisión el pasado 21 de abril. Nueva fase de ponencia, y en los primeros días del mes de julio trasciende a la opinión pública un nuevo texto pactado por el actual ministro de Educación y Ciencia, Juan Antonio Ortega, y el Grupo Parlamentario Socialista.

Casi cuatro años, pues, hasta llegar a este texto, que nadie sabe qué grado de aceptación o de rechazo va a encontrar por parte de los restantes grupos parlamentarios.

Muchos rectores universitarios han dicho a lo largo de todo este tiempo que la ley es absolutamente necesaria, que la universidad no puede sobrevivir en la situación actual, pero todos coinciden en que "no cualquier ley".

Tan largo proceso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y, así, cuando se creó el Ministerio de Universidades e Investigación y se puso a su frente a un ministro sobialdemócrata, se pensó que el entonces presidente Suárez había decidido, un tanto salomónicamente, entregar la escuela a la Iglesia y la universidad a los sectores más progresistas de su partido.

De hecho, si se observa detenidamente el proceso, para haberse producido un largo viaje de ¡da y vuelta. Inicíalmente, un ministro democristiano, Iñigo Cavero, suscribe el primer proyecto, aunque en connivencia con el sector socialdemócrata, personificado en el entonces secretario de Estado para Universidades e Investigación, González Seara. Convertido éste en ministro, un segundo proyecto, ahora nítidarnente socialdemócrata, no llega a ser considerado por el Pleno del Congreso. El nuevo texto, en la práctica un tercer proyecto, llega a la fase final de su tramitación parlamentaria de la mano de un democristiano, aunque con las bendiciones del partido socialista.