El regreso

LA GRAN mayoría de los españoles con derecho a vacaciones pagadas ha consumido en el pasado mes de agosto su cupo de ocio y de descanso y se dispone a enfrentarse de nuevo con las dificultades de su vida cotidiana. Los parlamentarios, los dirigentes de los partidos y los ministros también se han sumado, en algunos casos con plazos todavía más generosos, a la holganza estival. Y hasta el presidente del Gobierno ha empalmado sus habituales vacaciones norteñas con la propina de un crucero por el Egeo. La dimisión de su ministro de Justicia, Fernandez Ordoñez, conocida al cierre de esta edición, y el súbito nombramiento de Pío Cabanillas para sustituirle en el cargo y de Matías Rodriguez Inciarte como ministro de la Presidencia, le ha planteado un panorama político distinto del que había pensado para iniciar el curso y le ha obligado a tomar decisiones que pensaba posponer para mejores tiempos. Calvo Sotelo ha rematado en el acto la crisis abierta por la dimision de Fernandez Ordoñez mediante una operacion de urgencia con los elementos que tenía mas a mano. Queda,sin embargo, postergada una mas amplia remodelación del Gabinete que el presidente tenía prevista para despues de los grandes debates del otoño.A su regreso, algunos ciudadanos aspiran sólo, como en el viejo chiste de la peregrinación a Lourdes, a quedarse como estaban antes de su partida. Sin embargo, la sociedad española tiene derecho a esperar del futuro y de la clase política una mejora, si no sustancial, al menos apreciable, del marco general que determina en alto grado su vida privada. La peligrosa tendencia de los profesionales del poder a tomar su propio ombligo como el centro del mundo es, ciertamente, menos acusada en una sociedad democrática que en un régimen autoritario, gracias a que las demandas de los grupos sociales encuentran en la libertad de expresión el vehículo para hacerse públicas y en las citas electorales periódicas el instrumento para manifestarse. Sin embargo, también es verdad que algunos de nuestros gobernantes no ven más allá de las paredes de sus despachos ni se preocupan por otra cosa que no sea la conservación del poder, aun a costa de su desprestigio personal y del decoro de la vida pública.

En este sentido, resulta simplemente bochornoso que el homicidio masivo producido por la importación, adulteración y venta de aceites desnaturalizados no haya suscitado hasta ahora ni una sola dimisión ni haya producido un solo cese en la Administración pública. Los ministros de la colza, Jesús Sancho Rof, Juan Antonio García Díez y Jaime Lamo de Espinosa, que ni han presentado todavía su renuncia ni han tomado aún medidas sancionadoras dentro de sus departamentos, tras 120 días de muerte y zozobra, no pasarán probablemente a la gran historia, pero han ingresado ya en la pequeña historia de los políticos a quienes sólo se les puede desalojar de sus cargos y de sus nóminas a empellones. El eventual reajuste ministerial del próximo otoño servirá de ocasión para comprobar si Leopoldo Calvo Sotelo ha entendido que una gestión democrática de gobierno lleva consigo la exigencia de responsabilidades políticas y administrativas a los minisros que han incumplido, por omisión culposa o por incompetencia técnica, sus cometidos.

Las peligrosas consecuencias que para la salud de los españoles ha tenido, y sigue teniendo, el deficiente control de los productos alimenticios por la Administración pública no agotan la lista de peticiones y exigencias que nuestra sociedad puede dirigir, en vísperas del otoño, a la clase política.

Aunque para muchos españoles las cuestiones de política internacional se hallen tan lejanas como la guerra de las galaxias, el ingreso en la OTAN y el pacto bilateral con Estados Unidos son decisiones que pueden afectar dramáticamente a nuestra vida cotidiana. No se termina de entender, por esa razón, la promesa del Gobierno de limitarse a explicar su posición a una opinión pública a la que, sin embargo, se le impide pronunciarse con sus votos en un referéndum. Si la decisión está ya tomada e incluso se rehúye la vía de la ley orgánica, por temor a la exigencia de mayoría cualificada en el Congreso, la campaña atlantista será simplemente una cortesía retórica y una justificación, a toro pasado, del hecho consumado. Cortesía, por lo demás, de la que son todavía deudores las instituciones de autogobierno y los simples ciudadanos que no conocen todavía con detalle las implicaciones de los pactos autonómicos para las comunidades que disponen ya de estatutos y para las regiones que están tramitándolos o discutiendo.

Pero los españoles que regresan de su veraneo no se limitarán a interrogar al Gobierno sobre sus intenciones en los campos de la salud pública, de la defensa de nuestras fronteras, de la política autonómica o de la lucha contra el desempleo. Como se demostró el viernes 27 de febrero de 1981, para millones de ciudadanos las libertades públicas, las instituciones democráticas y el rechazo del golpismo son bienes intangibles tan preciados como los intereses materiales y los valores individuales que persiguen en su vida privada. El espectáculo, a la vez despreciable, patético y cómico, que están escenificando los más destacados procesados en el sumario del 23 de febrero, farsa a la que pertenecen las injurias del teniente general Milans del Bosch contra el teniente general Gutiérrez Mellado, muestra cómo unos presuntos caballeros de honor pueden transmutarse, cuando los hechos desnudos ocupan el lugar de las palabras emperifolladas, en presuntos caballeros de industria. Cabe, así pues, pedir al Gobierno, que dirige constitucionalmente la Administración civil y militar del Estado, la adopción de las medidas necesarias, no para interferirse en un juicio que está ya moral, jurídica y políticamente visto para sentencia, sino para desmontar las tramas todavía activas y aún no desarticuladas de la conspiración contra las instituciones democráticas y contra la Corona.