La crisis energética y la política de precios

Se van a cumplir en el próximo mes de octubre ocho años de lo que se ha convenido en denominar el comienzo de la crisis de la energía: aquella medida unilateral de la OPEP de triplicar el precio de referencia del petróleo, para situarlo en unos increíbles (entonces y ahora) llueve dólares por barril. Mucho ha llovido desde entonces, y una nueva convulsión tuvo lugar en 1979. Es hora va de echar una mirada crítica atrás y ver lo que se ha conseguido desde entonces.Una constatación empírica: en los países de la CEE se ha producido una disminución de la intensidad energética de la economía. Dicho de otra forma: en 1980 la generación de un millón de unidades de cuenta constantes de PNB requirió un 7% menos de energía primaria que en 1973; sin embargo, en España se necesitó un 10% más.

Una segunda constatación: la dependencia del petróleo fue en 1980 sustancialmente la misma que en 1973 en España, habiéndose reducido en, por lo menos, cuatro puntos en la CEE.

Una conclusión bien evidente: o bien España es diferente o bien algo ha fallado en la política energética.

Aunque, obviamente, una política energética se compone de muchas cosas, conviene referirse en lo que, en mi opinión, es el elemento mas negativo de la seguida en estos últimos años: la política de precios.

En efecto, a pesar de todas las declaraciones en este sentido, lo cierto es que los precios de los bienes y servicios energéticos no han reflejado adecuadamente el coste, para el país. de la energía primaria necesaria.

La política de precios de la energía seguida hasta 1980 puede resumirse en unas pocas frases:

- Se comenzó, en 1974, pretendiendo que nada había pasado y encajando en la renta de petróleo una parte sustancial del primer choque de precios.

- Se continuó ocultando a los consumidores industriales y, eléctricos de gasóleo el verdadero coste de su producto, cediendo a las presiones de los empresarios, que, todo hay que reconocerlo, no estaban pasando su mejor momento.

-Se favoreció, asimismo, una política de subvenciones a ciertos productos petrolíferos de uso doméstico-residencial (gasóleo de calefacción y GLP) en el contexto de una política económica que giraba en torno a la evolución a corto plazo del IPC. Este fue, en gran medida, el coste, en términos de política energética, de la transición.

Los consumidores de gasolina han pagado con creces su parte del pastel, transfiriendo rentas por la vía fiscal indirecta a los demás consumidores de productos petrolíferos.

- Los gasóleos de automoción se han beneficiado del acentuamiento (por lo menos hasta 1980) de una política fiscal que les beneficiaba frente a la gasolina, en contraposición con la lírica de tendencia a la neutralidad que se ha seguido en otros países europeos.

- Aunque los sucesivos retoques de las tarifas eléctricas han paliado la discriminación tradicional a los consumos domésticos, su contención, en momentos de fuerte inflación, ha provocado fuertes dificultades financieras en algunas empresas eléctricas. El dinamismo de la demanda eléctrica respecto a la demanda total de energía ha superado todas las previsiones.

Las connsecuencias de esta política están a la vista. Además de los comportamientos macroenergéticos, que ya he señalado más arriba, cabe destacar:

- Que el Estado recaudó en 1980, por cada tonelada de productos petrolíferos distribuida, bastante menos en España que en la CEE, a pesar de que su recaudación por tonelada de gasolina se encontraba entre las más altas de Europa. Ello se debió a la necesidad de destinar recursos a subvencionar consumos industriales.

Que si se decidiera disminuir el ritmo de inversiones en el sector eléctrico, podrían describirse sorpresas desagradables en algunas empresas del sector que no pudieran capitalizar, en la medida que lo hacen ahora, ciertos gastos corrientes.

Claro que no todos los males de nuestros balances energéticos pueden achacarse a la política de precios seguida.

Ciertas medidas de política industrial han tenido y tienen un efecto perverso sobre nuestros balances. Podríamos mencionar, a título de ejemplo, dos de estas medidas: la acción concertada de la siderurgia no integral y la decisión de acometer el proyecto de Alúmina-Aluminio. Son dos medidas sobre proyectos fuertemente intensivos en energía que se tomaron en 1975, casi dos años después del inicio de la crisis. Hoy, todavía se habla de lanzar otros proyectos de esa clase que necesitarían crecientes subvenciones vía precios de productos energéticos, tales como el gas natural, para sobrevivir (recuérdese, a este respecto, las recientes medidas sobre tarifas eléctricas especiales a la industria del aluminio).

... Y es que, a estas alturas, hay quien no quiere enterarse de que algo muy profundo cambió para la economía española aquel octubre de 1973.